Luces y sombras 685

Luces

El número de homicidios en México disminuyó 6% durante el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo período de 2020. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló que, de enero a junio del año pasado, se registraron en el país 16 mil 972 defunciones por este concepto, mil 085 menos que en ese mismo lapso del año anterior. El reporte señala que, de los homicidios registrados, la principal causa de defunción fueron las agresiones con disparo de armas de fuego, donde el 88% de las víctimas resultaron ser hombres. A pesar del descenso de casos reportados entre ambos semestres, la tasa de decesos a causa de homicidio por cada 10 mil habitantes siguió siendo más alta que las previas al inicio de la actual administración, con 1.33. Según los datos de las oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, el homicidio se colocó como la octava causa de muerte a nivel nacional. En nueve entidades, no obstante, constituyó la quinta: Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Sonora. Y en Zacatecas se ubicó como la cuarta causa.

Una mansión obtenida gracias al desvío de recursos del moreirazo fue puesta en venta en San Antonio, el 13 de enero, por un valor de 2.3 millones de dólares —alrededor de 50 millones de pesos—. El inmueble pertenece a un fideicomiso a nombre del fallecido Raúl González Treviño, empresario de medios en Coahuila, quien la adquirió en 2007, cuando tenía dos años como representante del Gobierno de Humberto Moreira en San Antonio, Texas. Raúl era hermano del magnate de los medios de comunicación Roberto Casimiro González Treviño y de Rolando González Treviño, señalado en Estados Unidos por lavado de dinero en la trama del moreirazo que le costó a Coahuila un endeudamiento por más de 36 mil millones de pesos y que, a la fecha, aún sostiene. Rolando González Treviño declaró a la justicia estadounidense que Moreira «robó dinero de la Tesorería de Coahuila» dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos. El corredor inmobiliario anuncia la residencia como «una obra maestra mediterránea cerrada de 8 mil 832 pies cuadrados (unos 820 metros), con cinco habitaciones, 6.5 baños, inspirada en el Renacimiento italiano, está ubicada en la comunidad codiciada, privada y ultra exclusiva “The Estates at Champions Run”, en el corazón de Stone Oak».

El presidente Andrés Manuel López Obrador y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retaron a José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA —multinacional mexicana que incluye a la cadena de tiendas OXXO— a que se presente en la conferencia matutina en Palacio Nacional para una «confrontación técnica» luego que OXXO publicara un video donde explica que paga lo justo por la electricidad que consume y no menos que los hogares mexicanos. «Ojalá que venga el señor Fernández», exhortó el mandatario en su mañanera del 28 de enero, «va a ser bien tratado, de manera respetuosa, y que traiga sus argumentos o sus técnicos, está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad». Pero no se trata solo de OXXO. López Obrador reveló que Bimbo y Walmart se ampararon por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para comprar la electricidad más barata que los consumidores mexicanos si constituían una empresa capaz de generar energía limpia. Bimbo respondió al Ejecutivo que, efectivamente, sus sucursales operan total o parcialmente con energía eléctrica renovable proveniente de fuentes eólicas, fotovoltaicas o hidráulicas.

Sombras

No solo la extinta Procuraduría General de la República (PGR) utilizó el software espía Pegasus para vigilar a opositores, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos. Un testigo —con nombre clave Zeus— documentó que desde 2013 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo empleó con idéntico propósito. Zeus guardó copia de al menos un archivo Excel en el que se indicaban nombres y teléfonos de personajes públicos junto a leyendas indicativas de video, audio, foto, mensajes, GPS, horario y perfil psicológico. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan al exdirector del Cisen, Eugenio Ímaz, como responsable del espionaje con el malware a más de 15 mil personas en México. Pegasus se consolidó en el país entre 2011 y 2018, al término de la administración de Felipe Calderón y durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue adquirido por la PGR al Grupo Tech Bull, distribuidor de NSO. Durante ese período fueron vigilados con el software los periodistas Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017. También se encontraron a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes que investigaban el Caso Ayotzinapa y no menos de 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una unidad deportiva de Múzquiz se convirtió en escenario de terror luego que un hombre abriera fuego en las instalaciones mientras se desarrollaba un partido de béisbol amateur. El agresor, de quien se desconoce su paradero, pero que ya fue identificado como «El Chato» Bosques, disparó al menos en siete ocasiones con una pistola antes de escapar a bordo de una camioneta pickup roja. Los sucesos fueron grabados y compartidos en la red social de Facebook por algunas de las personas que se encontraban en las gradas del lugar. Vale destacar que una vez pasada la sorpresa inicial por los sonidos de los disparos, un grupo de hombres salió a hacerle frente al sujeto, armado con piedras que le lanzaron al vehículo mientras abandonaba el estacionamiento. Por el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los motivos del tiroteo, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el hecho no está relacionado con el crimen organizado y puede tratarse de un conflicto personal. Nadie resultó lesionado ni tampoco hubo personas detenidas. Al Chato se la acusa de homicidio en grado de tentativa luego que, al disparar contra una persona en particular, también puso en riesgo la vida de las familias que se hallaban al interior del campo deportivo.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) puede sufrir importantes modificaciones si procede la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende reducirlo al mínimo para que opere con menos gastos, contrataciones y bienes. El primer paso sería extinguir la Secretaría Ejecutiva del SNA, organismo que este año tiene presupuestado 123 millones de pesos. Además, busca la desaparición de 16 órganos descentralizados, cuyas funciones pasarían a manos de otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Secretaría de Bienestar. Al respecto, el presidente consejero del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Francisco Ciscomani Freaner, llamó la atención sobre este paso. «La iniciativa me preocupa. Si bien es cierto, la intención del presidente, que respeto y es loable, de tener economías para destinarlas a programas que tiene dentro de su esquema de Gobierno, particularmente programas sociales, sí me parece que la Secretaría Ejecutiva del SNA ha demostrado, por mucho, ser una institución eficiente», dijo. Además, señaló el funcionario, «si desaparece la Secretaría Ejecutiva le vamos a quitar al SNA su parte ciudadana y de colaboración de organizaciones sociales».