Luces y sombras 691

Luces

El Consejo Cívico de Instituciones (CCI) Laguna cumple 10 años. Durante una década esta asociación civil ha logrado mantener una vigilancia constante sobre los índices de inseguridad y se ha convertido en un canal de comunicación directa entre la sociedad y las autoridades. El CCI surgió en 2012 cuando México y especialmente la Comarca Lagunera eran víctimas de la violencia. Gracias a la dedicación y trabajo continuo de los integrantes del CCI, nació el primer observatorio certificado del país, en la medición de incidencia delictiva que luego dio lugar a la creación de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos. Otro paso importante fue la inauguración de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón, en 2015, que ha servido como un espacio de encuentro entre el Gobierno y la ciudadanía. «En La Laguna somos participativos, desde comités escolares, vecinales, asociaciones que desde 2013 impulsaron la recuperación de los espacios públicos, pero aún nos falta mucho camino por recorrer para llegar a niveles de países donde la misma gente evalúa las fuentes públicas, aunque vamos encaminados hacia ello», asegura el coordinador de Investigación del CCI, Luis Alberto Medina.

El activismo de Rosario Ibarra de Piedra, defensora de derechos humanos, fue recordado al grito de «Rosario vive, la lucha sigue», durante su sepelio en el Panteón Dolores de Monterrey. Ibarra falleció el 16 de abril, a la edad de 95 años, y fue fundadora del Comité ¡Eureka! en 1975, organización dedicada a la búsqueda de familiares desaparecidos. La iniciativa tuvo lugar luego de que su hijo Jesús resultara víctima de desaparición forzada al estar acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, grupo que asesinó al empresario Eugenio Garza Sada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el fallecimiento y resaltó el legado de Ibarra «para erradicar la desaparición forzada» así como su incansable lucha por garantizar «la justicia, verdad, paz y democracia en México». Su hija, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convocó a los presentes a continuar en pie de lucha: «Tenemos que seguir sembrando esas semillas, regar esas semillas y que sigan floreciendo, y vamos a tener, entonces sí, en este México, en esta patria, un lugar donde podamos decir que vivimos en paz».

Un paso a favor de la impartición de justicia tuvo lugar el 15 de abril cuando elementos de la Policía Ministerial aprehendieron a Patricio Alejandro de los Santos Rosas, regidor electo del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, por su posible responsabilidad en el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores. La Fiscalía señaló que el detenido «será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica». De los Santos participó en las elecciones del 6 de julio en las que resultó electo como sexto regidor del municipio, pero no llegó a asumir su cargo porque la Fiscalía había girado una orden de aprehensión en su contra desde diciembre de 2021. El asesinato de Jacinto Romero Flores, locutor de Ori Stereo, ocurrió el 19 de agosto de 2021 cuando personas armadas le dispararon en reiteradas ocasiones mientras circulaba sobre el bulevar Reforma, en la misma localidad de Ixtaczoquitlán. En el teléfono del comunicador se encontraron mensajes intimidatorios. El 12 de noviembre de ese año ya habían sido detenidos tres sospechosos de haber cometido el crimen.

Sombras

Luego que el Congreso rechazara la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el escenario se muestra aún más sombrío en el sector energético. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en febrero pasado, el valor de la producción de obras de electricidad y telecomunicaciones sumó 32 meses de caídas anuales y extendió la crisis de mayor duración que haya enfrentado este ramo de la construcción desde 2006. Los dos primeros meses de 2022 reportaron los valores históricos más bajos con 717 millones 256 mil pesos en enero y 734 millones 698 mil pesos, en febrero. «En conjunto, la inversión del Gobierno (en infraestructura eléctrica) ha sido mínima y, por otro lado, se ahuyenta la inversión privada y obstaculiza todos los proyectos que estaban en camino, incluso algunos ya operando. Todo eso ha llevado a una inversión raquítica en el sector», opina Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi). Hoy, dentro del sector de la construcción, es la rama más rezagada y su caída data desde antes de la pandemia de COVID-19.

El caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años desaparecida el 9 de abril y cuyo cadáver fue encontrado casi dos semanas después, el 21 de abril, en la cisterna de un motel de Nuevo León, ha indignado a la sociedad, especialmente a las mujeres, que exigen que su muerte sea tratada como feminicidio. Por el momento se conoce que la causa del deceso fue un golpe contundente que la víctima recibió en la cabeza, pero no han trascendido otras pistas ni se han nombrado posibles sospechosos. «Es importante señalar que, en este momento, no se descarta ninguna línea de investigación en este caso. Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley», advirtió, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal estatal de Justicia. El padre de Debanhi, Mario Escobar, ha sido particularmente crítico con las autoridades por la forma en que han tratado el caso, especialmente después de necesitar cinco cateos sobre la misma zona en que hallaron el cuerpo de la joven. «Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (…). Que caiga quien tenga que caer», criticó tajante.

Un juez británico autorizó el 20 de abril la extradición a Estados Unidos de Julian Assange —quien permanece actualmente en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh— para enfrentar cargos de espionaje. Apenas se conoció la noticia, decenas de simpatizantes se reunieron frente a la Corte de Magistrados de Westminster para exigir su liberación. Las ONG Artículo 19, Fundar, Poder y R3D también condenaron el fallo: «La persecución judicial a Assange por revelar información de interés público es un ataque en contra de la libertad de expresión, el acceso a la información y derecho a la verdad, además de representar un peligroso precedente para el periodismo de investigación», subrayaron. Tras la sentencia decretada por el juez, la misma fue turnada al Gobierno. Será entonces la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien decidirá en el plazo de dos meses si extradita o no a Estados Unidos al cofundador de Wikileaks. Mientras se extiende el proceso, Assange continuará en prisión preventiva. Su defensa aún cuenta con la opción de apelar ante el Alto Tribunal y, como último recurso, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.