Luces
El Gobierno de México promueve la aplicación de un proyecto de reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) que, de aprobarse, prohibiría la exhibición de productos del tabaco en tiendas —sólo una lista con nombres de los productos—; impediría ofrecer alimentos y bebidas en áreas donde personas puedan fumar, aunque sean al aire libre; establecería que las zonas para fumar deben estar al menos a 10 metros de la entrada o salida del establecimiento, y bloquearía cualquier actividad de responsabilidad social o donativos de las tabacaleras. Medidas similares ya se pusieron en práctica en naciones como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Rusia, Noruega, Finlandia, Singapur, Tailandia y Países Bajos. La iniciativa, sin embargo, ha generado múltiples reclamos de cámaras de comercio, abarroteros y restauranteros, que acusan un exceso de prohibiciones a la venta de ese producto. «La prohibición de exhibición implicaría modificar la estructura de todas las tienditas y cadenas comerciales del país, con altos costos económicos», advirtieron filiales de la Canaco-Servytur que, además, alertan sobre un incremento del comercio ilícito de cigarrillos.
La tecnología se convierte en aliada de la naturaleza y busca protegerla en Yucatán, la primera región de América Latina que es parte de la red de Tech4Nature, una alianza global con el objetivo de mejorar las estrategias de conservación a través de la innovación tecnológica digital. En dicha alianza participan Huawei con el Gobierno de Yucatán, la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) C-Minds, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Rainforest Connection (RFCx), que buscan la preservación del medio ambiente y el impulso de la economía verde. Con el apoyo de la inteligencia artificial, se ejecutan algoritmos que guardan datos significativos sobre el estado del ecosistema en la selva maya y apoyan en la toma de decisiones para la protección de las especies botánicas y zoológicas de la región. Se espera que a largo plazo Tech4Nature se convierta en un proyecto con más de un impacto positivo, ya que junto con la preservación de la naturaleza, esta iniciativa aportará a la formación de profesionistas locales y la preparación de talento especializado en el uso de sistemas de inteligencia artificial en nuevas áreas de desarrollo.
Washington anunció el 21 de junio que dejará de usar, producir y comprar minas antipersonales, pues considera que estas tienen un impacto «desproporcionado» en la población civil una vez que ha terminado un conflicto. Estados Unidos se alinea así a lo acordado en la Convención de Ottawa de 1997, ratificada por 164 países —pero entre los que no están EE.UU., China, India y Rusia—, aunque dicha alienación no implica su ratificación del tratado. De cualquier manera, el Gobierno de Joe Biden revertirá la directiva de la era Trump que empoderaba a los comandantes militares a usarlas «en ciertas situaciones», cuando se requiera «recuperar ventaja competitiva con armas más letales, ágiles, resilientes y listas para un abanico de contingencias y geografías». Las estadísticas confirman que más de la mitad de las siete mil víctimas anuales que dejan este tipo de minas son niños. A pesar de ello, la renuncia estadounidense a las minas antipersonales tiene una notable excepción: la península de Corea. Corea del Sur y del Norte estuvieron en guerra entre 1950 y 1953, año en el que firmaron un armisticio, pero jamás se declaró el fin formal del conflicto, y Estados Unidos tiene en Corea del Sur un aliado que pretende proteger.
Sombras
Dos jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, fueron asesinados el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, en el Municipio de Urique, Chihuahua. De acuerdo con las primeras versiones, los sacerdotes intentaban defender a un hombre herido por arma de fuego que había entrado a su templo en busca de protección. Extraoficialmente se responsabilizó a un individuo identificado como José Noél Portillo, «El Chueco», de disparar, asesinar a los tres hombres y robar sus cuerpos. La comunidad jesuita alertó que hechos de violencia como esos «no son aislados», y que la Sierra Tarahumara «enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas». El prepósito provincial de México manifestó su preocupación por la situación de extremo peligro que se vive en el país y por la inseguridad que afecta a los miembros de la Compañía de Jesús, por ello señala que «en este momento estamos gestionando ante las autoridades federales y estatales la seguridad de nuestros hermanos jesuitas Esteban Cornejo, Jesús Reyes y Jesús Zaglul, y del equipo pastoral de la parroquia».
Luego de que los pobladores del municipio de Huauchinango, Puebla, el 10 de junio quemaran vivo al abogado y asesor legislativo Daniel Picazo, se dio a conocer que en esa entidad federativa ocurrieron al menos otros 11 intentos de linchamiento en lo que va del año. Así lo confirmó Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación del Estado: «Se ha registrado un total de 11 intentos de linchamiento. Como resultado de protocolos de activación se han rescatado 15 personas y se tiene registro de una persona fallecida». Las cifras no coinciden con la información publicada por medios locales, que dan cuenta de la muerte de dos hombres luego de ser agredidos por pobladores. El 15 de mayo, un joven fue golpeado hasta morir al ser acusado de hurtar una motocicleta en el Municipio de Izúcar de Matamoros. Un mes antes, un migrante hondureño sufrió la misma suerte luego de ser relacionado con el robo de aguacates en la comunidad La Trinidad de Tepango, en Atlixco. En el caso de Daniel Picazo, la población obró impulsada por fake news. Dos días antes se habían difundido en chats y grupos de redes sociales mensajes de que foráneos estaban raptando niños. Se trataba de comunicados apócrifos con logotipos de instituciones que ya ni siquiera existen, como la PGR.
El exsecretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos Flores, fue vinculado a proceso por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida. Estos contratos fueron firmados por Ramos Flores entre febrero y marzo del 2016, cuando se hallaba a las órdenes del gobernador Rubén Moreira Valdez, actual diputado federal del PRI, y respondían a conceptos de asesoría y análisis en diversos rubros que se pagaron con recursos federales provenientes del ramo 23. La pena prevista para este ilícito al momento de los hechos, va desde los seis meses hasta los 12 años de prisión, de 100 a 300 días multa, y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que estuviera en funciones. Pero más allá del castigo que pudiera recibir Ramos Flores, falta comprobar si la Fiscalía General de la República, encargada de iniciar la carpeta de investigación, llevará hasta el último nivel el deslinde de responsabilidades y no da por concluido el caso una vez que meta a la cárcel a un funcionario intermedio.