Luces
Ya se alistan denuncias por las irregularidades financieras que se encontraron en la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Así lo dio a conocer su nueva dirigente, Isela Licerio Luévano, quien señaló haber detectado una nómina abultada, altos sueldos y desvío de dinero que dejó sin pago las pólizas de casi mil docentes. «El seguro del maestro tiene un déficit de casi mil personas que no se les paga, porque estaban mal administrados los recursos, iban a otros gastos; había una nómina muy abultada», explicó. En esa misma línea, anunció que para el 30 de enero se empezará con el pago de las semi-pólizas por defunción a 50 maestros, y se pretende hacer lo mismo cada mes hasta alcanzar en un año y medio a liquidar todas las que se deben. La líder sindical agregó que se realiza un recorrido por las regiones, delegaciones y centros recreativos que tiene la Sección 38 para hacer recortes de los empleados que no justifican su puesto. Licerio Luévano tomó protesta el 13 de diciembre, luego de haberse impuesto a otros dos candidatos con una votación del 45.62%, y se mantendrá en el cargo por un período de cuatro años, hasta el 12 de diciembre de 2026.
Dos jueces federales rechazaron restablecer la exhibición de cigarros en tiendas bajo el criterio de que en México prevalece el interés en proteger la salud de las personas sobre los daños económicos a los comercios. Desde el 15 de enero, por una reforma reglamentaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, las tiendas no pueden mostrar cajetillas de cigarros a sus clientes. Si alguno de ellos los quiere consumir, debe pedirlos directamente. «En el caso las normas impugnadas no están imponiendo una restricción total para la venta y consumo de tabaco, sino solamente una restricción a su publicidad», advierten los magistrados, quienes negaron suspensiones provisionales en amparos promovidos por Walmart de México, por una filial de Dufry, la cadena suiza de tiendas Duty Free, y por una persona física, dueña de una tienda de abarrotes. A la fecha ya suman 12 amparos registrados en el Consejo de la Judicatura Federal contra la medida. Las cámaras de comercio sostienen que exhibir el producto en mostradores y anaqueles no es publicidad, por lo que el actual reglamento sería inconstitucional pues el Ejecutivo fue más allá de lo que autorizó el Congreso en la ley.
Con el mismo ímpetu con que hace más de dos siglos tomaron la fortaleza de la Bastilla, los franceses ahora toman las calles para protestar en contra del proyecto del presidente Emmanuel Macron que pretende retrasar la edad de jubilación a 64 años y aumentar el tiempo de cotización para acceder a una pensión completa. La primera marcha tuvo lugar el 19 de enero y en ella participaron más de un millón de personas. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, destacó el buen desarrollo de las protestas, pero no dio muestras de dar marcha atrás en la iniciativa presidencial. La segunda marcha se efectuó el 31 de enero y casi triplica el número de asistentes de la anterior. Según la Confederación General del Trabajo (CGT), 500 mil personas protestaron en París y 2.8 millones en Francia. El líder sindical Philippe Martínez dijo que «cuando sabemos lo que se siente trabajar, cuando trabajamos en la industria textil, en alimentos, en agricultura, en hospitales, sabemos que quienes nos piden trabajar dos años más, no conocen la realidad de trabajar». La reforma es una de las medidas claves que Macron prometió durante la campaña de su reelección y se ha convertido en un medidor de la salud de su administración.
Sombras
«Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo», publicó María Elena Ríos en su cuenta de Twitter al enterarse de que Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI en Oaxaca y acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido en su contra, fue liberado del penal y enviado a su casa para cumplir prisión domiciliaria. El cambio fue posible gracias a que la defensa de Vera pidió el año pasado la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio al de lesiones, a lo cual accedió el juez de control de Huajuapan, Teódulo Pacheco. Desde el 16 de enero, la joven acusó al magistrado de ser parcial. «Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado, mi agresor ha quedado libre», escribió la joven saxofonista, quien fue agredida con ácido en 2019, cuando caminaba con su madre en Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca. La sustancia corrosiva le quemó el 90% de su cuerpo, alcanzando rostro, pecho, brazos y piernas. Los agentes químicos se usan cada vez más para agredir a las mujeres por lo que en septiembre la Cámara de Diputados aprobó tipificar como violencia física los ataques con sustancias corrosivas y tóxicas.
Otro que también ya está en la calle es Santiago Bárcena, exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Puebla e implicado en el asesinato de la activista Cecilia Monzón en 2022. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ratificó el amparo 699/2022 promovido por el exfuncionario en agosto del año pasado contra la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en calidad de «cómplice». En su resolución, el juez expuso que la Fiscalía presentó las pruebas necesarias para acreditar el feminicidio, pero no la participación de Santiago Bárcena, por lo que dejó sin efecto la vinculación a proceso que había sido previamente dictada en contra del imputado ante la sospecha de su probable participación en el crimen. El señalamiento contra el exdelegado se basó en que prestó su auto a Javier López Zavala, expareja de Monzón, y esa unidad fue utilizada por los autores materiales para huir del estado tras asesinar a la activista el 21 de mayo de 2022. Bárcena aclaró en su defensa que prestó su camioneta «de buena fe» porque López Zavala le dijo que iría a una boda y tenía su coche averiado. El 20 de enero, Bárcena abandonó el Cereso de Tepexi de Rodríguez.
Iván Garza García, magistrado de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Coahuila, deberá enfrentar una demanda de juicio político que se presentó en el Consejo de la Judicatura del Estado, con copia al Congreso estatal por la malversación o ejercicio indebido de más de 600 millones de pesos en perjuicio del erario estatal. Además, queda sujeto a investigación por hechos de nepotismo generados a partir de las influencias de poder que ha ido adquiriendo desde que inició sus funciones como magistrado. Es sabido que su esposa y otros familiares directos e indirectos forman parte de la nómina oficial. Por otro lado, Iván Garza se resiste a dejar el fiat notarial que se le concedió, aun cuando esa función se contrapone con la que ejerce en el Poder Judicial del Estado. No se descarta tampoco la lista de quejas y denuncias por acoso laboral que se han suscitado en su contra por presuntos malos tratos a personal bajo su cargo. De igual forma han de esclarecerse otros casos de corrupción que se relacionan con el manejo de expedientes y juicios que se desarrollaron en años recientes. Vale recordar que Iván Garza fue uno de los hombres de confianza de Rubén Moreira durante su administración.