Luces
Amazon Web Services (AWS) anunció una inversión de más de 5 mil millones de dólares para establecer una instalación de centros de datos en México, respondiendo a la creciente demanda de servicios en la nube. La ubicación elegida es Querétaro, y la inversión se realizará durante los próximos 15 años, según Rubén Mugártegui, director general de Amazon Web Services México. Actualmente, AWS presta servicios a clientes destacados en México, incluidos Cinépolis, BIVA, Aeroméxico y Gobiernos locales. La computación en la nube proporciona acceso a servicios tecnológicos como almacenamiento y bases de datos a través de Internet, eliminando la necesidad de mantener servidores físicos. Esto puede reducir los costos tecnológicos de las empresas en aproximadamente un 20%, según Mugártegui. Desde su llegada en 2015, Amazon ha invertido más de 52 mil millones de pesos en México. Los centros de datos se instalarán en Colón, El Marqués y Pedro Escobedo, según el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien destacó la colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía para garantizar el suministro eléctrico necesario para el proyecto.
La mexicana Elisa de Anda Madrazo hizo historia al haber sido designada como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), convirtiéndose en la primera mujer en más de dos décadas en ocupar este cargo. La nominación, respaldada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Esta elección refleja un triunfo para la diplomacia financiera mexicana y muestra la confianza internacional en el país. El GAFI, organismo intergubernamental, establece estándares y promueve medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. De Anda Madrazo ha ocupado varios roles dentro del GAFI, incluyendo vicepresidenta, jefa de la delegación mexicana y miembro de diversos grupos de trabajo. El Gobierno mexicano, a través de la SRE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reafirmó su compromiso de combatir la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
El senador por Morena, Ricardo Monreal, dio un paso importante al presentar una iniciativa para regular el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en México. Esta propuesta, plasmada en un proyecto de decreto publicado en la Gaceta del Senado, tiene como objetivo regular la IA desde una perspectiva de riesgos, siguiendo el ejemplo de la reciente regulación aprobada en la Unión Europea. El proyecto también contempla la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, el cual será un órgano consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), compuesto por cinco científicos de reconocido prestigio en desarrollo tecnológico y tecnologías de la información. Según la iniciativa de Monreal, los desarrolladores o proveedores de sistemas de IA deberán obtener autorización del IFT para comercializar sus productos en el país. Las sanciones por incumplimiento incluyen amonestaciones públicas, multas de hasta el 5% de los ingresos anuales del proveedor, suspensión temporal o cancelación de autorización, así como la destitución del cargo en caso de funcionarios públicos.
Sombras
El novelón judicial de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, terminó el 20 de febrero con una orden que dictamina que seguirá su proceso penal en arresto domiciliario. Lozoya señaló ante la Fiscalía General de la República (FGR) a expresidentes, líderes partidistas y legisladores de oposición por recibir sobornos. Alegó que estos pagos irregulares fueron destinados a comprar votos para la aprobación de la ley energética durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras dos años, tres meses y 17 días en el Reclusorio Norte, Lozoya continuará su proceso en libertad, aunque con restricciones: uso de brazalete electrónico, prohibición de salir del país y cumplir con presentaciones periódicas para firmar. La FGR criticó la decisión judicial, alegando que Lozoya recibe «privilegios injustos», y anunció su intención de apelar. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial, acusándolo de favorecer a presuntos delincuentes y garantizar impunidad. «Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada, y en contra nuestra», señaló el mandatario.
La absolución de Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, acusado de abuso sexual contra una menor de cuatro años generó indignación en la sociedad y provocó reacciones no solo en redes sociales sino también en las calles del Estado de México. Tras una investigación y un proceso penal que se extendió por casi dos años, el 15 de febrero el juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México absolvió y determinó la libertad de Alejandro, el presunto agresor. Durante la audiencia el juez afirmó que «jamás se corroboró, ni siquiera que haya existido ese evento, al que se refería la señora Figueiras (madre de la víctima). Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada». Un video donde se muestra el momento de la sentencia fue compartido en Instagram, donde los comentarios no se hicieron esperar en apoyo a la niña y en detrimento del juez. Asimismo, ante la absolución de Alejandro, diversos colectivos feministas convocaron a una protesta pública en Periférico Norte donde realizaron el bloqueo de esta vialidad, frente al Parque Naucalli en Naucalpan, bajo la consigna «El Estado le ha fallado a nuestra niña, nosotros no le vamos a fallar».
Los colectivos LGBT han denunciado el caso de Manuel Guerrero, un mexicano homosexual detenido en Qatar el 4 de febrero, después de acudir a una cita organizada a través de la aplicación Grindr, donde la policía, supuestamente, le tendió una trampa y lo detuvo arbitrariamente. Guerrero enfrenta cargos en un país donde la homosexualidad y las relaciones fuera del matrimonio son consideradas delitos, con penas que incluyen multas y hasta siete años de prisión. Actualmente, se encuentra recluido en condiciones precarias en la Dirección General de Lucha contra las Drogas de Qatar, enfrentando abusos físicos y psicológicos, y sin tener acceso a los medicamentos antirretrovirales para tratar su VIH. El Comité Manuel Guerrero ha lanzado la campaña internacional digital #QatarMustFreeManuel, exigiendo la intervención urgente del Gobierno de México en el caso y la liberación inmediata de Guerrero. Además, solicitan a la Embajada de México en Qatar que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la detención y los abusos sufridos por Manuel. También piden a las NU que intervengan para garantizar sus derechos humanos fundamentales.