Comité de Protección a Periodistas pide reforzar dispositivo de defensa

México permanecerá entre los países más inseguros para informadores y activistas de derechos humanos, mientras no subsane las fallas del mecanismo, advierte Amnistía Internacional; pide reformas

Amnistía Internacional (AI) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) hicieron un llamado urgente para atender e impulsar reformas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México pues, a pesar del amparo que este debe brindar a comunicadores y activistas, durante los últimos siete años, ocho periodistas inscritos en el programa fueron asesinados y otros 15 permanecen desaparecidos.

 «México presenta el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo entero. El Comité para la Protección de los Periodistas ha podido corroborar que para finales de 2023 se había confirmado la desaparición de al menos 15 periodistas, y que ninguna de esas desapariciones ha dado lugar a una sentencia condenatoria o a la imposición de alguna pena».

Edith Olivares, directora ejecutiva AI México

La estadística se deriva del informe «Nadie garantiza mi seguridad: La imperiosa necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas», desarrollado por ambas agencias, que pone bajo la lupa el mecanismo federal establecido en 2012 y que, a la fecha, deja mucho que desear en cuanto a su función principal: salvaguardar la integridad física de los profesionales de la información y defensores de los derechos humanos.

«México presenta el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo entero. El Comité para la Protección de los Periodistas ha podido corroborar que para finales de 2023 se había confirmado la desaparición de al menos 15 periodistas, y que ninguna de esas desapariciones ha dado lugar a una sentencia condenatoria o a la imposición de alguna pena», aseveró Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, es aún más cáustico: «El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias. (…) Después de cinco años de incesante derramamiento de sangre y de impunidad corrosiva, ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa».

La realidad es que México ostenta el ominoso récord de ser la nación más peligrosa del hemisferio occidental para los periodistas, acorde a un análisis exhaustivo realizado por el CPJ desde 1992. En lo que va de este siglo, al menos 141 profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de asesinato; de estos, más de 60 fueron directamente relacionados con su labor periodística. Arbitrariedades e irregularidades prevalecen en estos crímenes contra la libertad de prensa, como lo evidencia el Índice Global de Impunidad del CPJ que, año tras año, ubica a México entre los diez países con mayor número de casos de homicidios o desapariciones de profesionales de la información sin resolver.

Casos emblemáticos

AI y el CPJ destacan tres casos emblemáticos de comunicadores a los cuales no les ayudó haber estado bajo la tutela del mecanismo de protección. El primero de ellos es el del periodista Rubén Pat Cauich, quien murió por disparos en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, apenas dos meses después de inscribirse en el programa. Pat había denunciado múltiples amenazas y actos de agresión contra su persona, y su colega José Guadalupe Chan Dzib también había sido asesinado unas semanas antes, el 29 de junio de 2018. Sin embargo, el mecanismo no asignó a Pat escoltas, sólo le proporcionó un botón de pánico. Poco antes de ser asesinado, el periodista le dijo al CPJ que creía que estaba en peligro inminente y que los reiterados intentos de transmitir la urgencia de su situación al mecanismo no habían tenido respuesta.

En el caso de Gustavo Sánchez Cabrera se solicitó su protección más de 13 meses antes de morir por disparos cerca de su domicilio en Morro de Mazatán, Oaxaca, el 17 de junio de 2021. Los encargados del programa demoraron ocho meses en aprobar su solicitud, pero ni siquiera entonces se le proporcionó a Sánchez medida de protección alguna, a pesar de haber sufrido múltiples tiroteos y amenazas durante su último año de vida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México concluyó que los miembros del personal del mecanismo «incurrieron en notorias irregularidades y omisiones que impactaron de manera directa en su vida, integridad y seguridad personal» y lo dejaron «en absoluto estado de indefensión». Su viuda, Marilú Salinas Zárate, dijo a AI y al CPJ: «Se pudo haber evitado todo, si las autoridades correspondientes hubieran actuado antes, cuando él solicitó la ayuda».

El tercer caso lo personifica Alberto Amaro Jordán, reportero de Tlaxcala. En los últimos años, Amaro ha sido golpeado, amenazado y detenido por agentes de policía, intimidado por presuntos miembros de un cártel de la droga, sufrido un intento de allanamiento y han disparado contra su casa. Pese a todo ello, en agosto de 2023, el mecanismo decidió que ya no estaba en peligro después de cuatro años inscrito en la institución y le comunicó que le retiraría los escoltas. Amaro interpuso un amparo para suspender esta decisión y un juez falló a su favor, pero no está claro si le seguirán proporcionando protección en el futuro. Por el momento, Amaro acusó a los funcionarios del mecanismo de ignorar los peligros a los que él y su familia siguen haciendo frente por causa de su profesión. E4

Mecanismo fallido

(En los últimos siete años)

• 8 periodistas bajo protección asesinados
• 15 comunicadores desaparecidos