Condena, no perdón

Ejercicio inédito en nuestro país, la consulta popular para enjuiciar a los presidentes del periodo 1988-2018 e incluso decisiones del actual, no alcanzó ni de lejos el 40% de la lista nominal para sujetar a obligación su resultado. Venalidad existe en los niveles más altos de gobierno del mundo, pero no todos los países la castigan. En ese campo, México gana medalla de oro. La corrupción es precisamente uno de los pilares del régimen. Demolerlo es tarea titánica y compleja por su profundidad y ramificación, así como por el entramado de intereses políticos y económicos que lo sustentan. La resistencia de los grupos de poder dificultará cualquier intento de sanear el sistema, según se observó en los meses previos al proceso.

Para encausar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto —pero también a Andrés Manuel López Obrador— por delitos de corrupción, negligencia y violaciones a los derechos humanos, eran necesarios 37.5 millones de votos (en los comicios de diputados federales de junio, con un bombardeo de spots, la participación de todos los partidos y la propaganda desplegada por el Instituto Nacional Electoral, la votación fue de 47 millones) y solo se captaron 6.6 millones. El «Sí» contra la impunidad obtuvo el 97% de las respuestas.

En un país donde el robo a las arcas públicas, el tráfico de influencias, el saqueo de bienes y recursos nacionales, la falta de respeto a los derechos humanos y la impunidad son sistémicos, la escasa afluencia a las mesas receptoras parece una incongruencia. Sin embargo, el castigo ocurrió antes, en la elección presidencial de 2018. El voto por López Obrador fue contra un sistema corrupto, el cual ofreció depurar, y no ha cumplido, al menos con el rigor prometido. Quizá no es por falta de voluntad —encarcelar a un expresidente dispararía los bonos de la Cuarta Transformación—, sino porque el diseño de la Constitución y su desacato, a diferencia de otros países, dificulta el empeño. Los presidentes son intocables sin importar el delito y la ilicitud de sus riquezas. Lo mismo sucede con la mayoría de los gobernadores. ¿Cuántos deberían estar entre rejas y no en el Congreso?

El referéndum presentó fallas de organización y el encono entre el presidente López Obrador y los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama —nombrados en la LXII legislatura federal por diputados proclives a Peña Nieto—, tampoco lo abonó. La consulta se combatió por múltiples frentes. Apoyarla era anatema, pues significaba «hacerle el juego a AMLO». Para el PRI, el PAN y sus gobernadores, el éxito de la votación no solo representaba un fracaso, sino también el riesgo de ser procesados en el futuro. Por ejemplo, los Moreira y quienes mantienen impunes sus desmanes. Procesar a los expresidentes, sobre todo a Salinas de Gortari y a Peña Nieto, ponía en la picota a sus secuaces.

El ejercicio, lejos de ser desechado por «inútil», debe incentivar otros a escala federal y local, para someter leyes y actos de gobierno al dictamen popular. La democracia representativa lo es solo de nombre, pues la controlan los partidos y sus burocracias. Los diputados y los senadores jamás han tomado en cuenta a la ciudadanía. La participación en la consulta fue pírrica, pero no estuvo lejos de los votos conseguidos por el PAN y el PRI en las elecciones de junio; también superó las boletas de Movimiento Ciudadano y al Partido Verde juntos. El abstencionismo no es un perdón para los expresidentes. El «Sí», incluso sin efecto vinculante, no los exime de la acción de la justicia. Por tanto, no pueden cantar victoria. Tampoco AMLO.

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