Para una persona que tiene alto aprecio de sí misma, sucede igual con lo que hace. Caso del presidente López Obrador y sus comparecencias matutinas. Ante la presencia del exlíder del Partido Laboralista británico, Jeremy Corbyn, AMLO afirmó que las comparecencias diarias son como un parlamento que tiene que ver con la información, aunque distinto porque no se acuerda nada, para eso está el Poder Legislativo.
De lo dicho, al menos tres aspectos no son ciertos. Primero, la esencia del parlamento es el debate, que se desarrolla en un ámbito de libertad, igualdad y, en algún sentido, de civilidad política. En las mañaneras no hay tal; son un monólogo largo y repetitivo, en ocasiones aderezado con presencias de subordinados o invitados o amigos, como el señor Corbyn. Tanto el presidente como sus invitados calumnian sin reparos ni reservas. Se hacen imputaciones reiteradas de corruptos, conservadores y otras cosas más a personas casi siempre ausentes. No existe presunción de inocencia, derecho de réplica, mucho menos el menor sentido de respeto a quienes ventajosamente se agrede.
Segundo, no hay información. Esto ocurre ocasionalmente y no es el eje central de las intervenciones presidenciales. Hay opinión, editorialización de la información y descalificaciones variadas de los datos duros provenientes de fuentes confiables y con frecuencia del mismo Gobierno. El uso recurrente de los otros datos no permite que éstos sean conocidos, menos evaluados y revisados. Prevalecen la politiquería, en el castellano lopezobradorista, y la frecuente ofensiva zalamería de los subordinados y hasta de algunos falsos reporteros.
Tercero, sí se acuerda en las mañaneras; no en términos de voto colegiado, pero sí en el sentido de decisiones presidenciales. No está mal y para eso está el presidente, para decidir y si es el caso, lo puede hacer con autoridad. Además, en no pocas ocasiones lo que aprueba el Poder Legislativo, a veces sin cambio de una coma, no es lo que se acuerda, sino lo que se envía desde el Ejecutivo.
López Obrador está muy orgulloso de sí mismo y también de sus encuentros matutinos. Le han sido muy útiles a él, no al país. A los mexicanos les reconforta un presidente que habla porque asumen o presumen que también actúa. Si condena la corrupción, se piensa que es porque la está combatiendo con todo. Si recrimina el abuso es porque su Gobierno no abusa. Si invoca la salud es porque ha tenido éxito el Insabi, la gestión contra la pandemia o la vacunación. Si invoca al pasado neoliberal es porque finalmente se ha llegado al edén de la justicia social y el ejercicio pleno de derechos. Por cierto, los señalamientos contra la violencia y el crimen organizado son escasos, por algo será.
Al presidente le han dado resultado los encuentros mañaneros y si la medida del éxito es la popularidad, hay razón sobrada de satisfacción; no es el fin de la historia. Quizás buena parte de los mexicanos esté conforme con la narrativa épica, pero el país allí está, con sus problemas y dificultades, con una realidad donde la pobreza y la desigualdad crecen, la corrupción persiste, la salud y la educación se deterioran, el crimen organizado se amplía y profundiza y la violencia en sus múltiples expresiones se reproduce a lo largo del tejido social.
Por eso la buena opinión de López Obrador no se acompaña de los votos por su partido; también por eso le exaspera y preocupa la rebelión electoral de las clases urbanas que no dan por válida la acción gubernamental, aunque lo no rechacen. Las comparecencias matutinas complacen mucho al presidente porque allí ocurre lo que no sucede en un parlamento; no hay cuestionamiento, sólo ocasionalmente y casi siempre es desdeñado. No oye lo que no le parece.
El parlamento es la base de la democracia. Nada más ajeno a las mañaneras presidenciales.
Derrota total
A quienes López Obrador ha declarado la guerra han perdido de manera total, especialmente el empresariado mexicano. El presidente está en lo suyo. Tiene una idea muy particular de la generación de riqueza y de la empresa privada. No es nuevo en él y así fue electo. El prejuicio antiempresarial ha sido de siempre, además, lo asocia a la corrupción, o vínculos perversos entre el Gobierno y los hombres de negocios.
Parte de lo que piensa es válido, aunque generalizar es incorrecto, sobre todo para la abrumadora mayoría de empresarios que poco tienen que ver con el Gobierno. La privatización desde el tiempo de Carlos Salinas no sólo fue ideológica, también fue utilizada para enriquecer a la familia presidencial. Fue una privatización corrupta y corruptora.
El poder político y el económico se necesitan, pero no siempre encuentran una forma virtuosa de relacionarse. La situación se pervierte cuando se busca el fondeo electoral o cuando de plano los gobernantes buscan enriquecerse privilegiando ilegalmente a los empresarios, como ocurrió de manera paradigmática en las presidencias de Salinas y de Peña. Debe reconocerse que hay pecados de origen, y también en el ámbito local.
Conceptualmente la postura de López Obrador es irrefutable: la sana distancia entre el capital y la política. En la práctica no ha sido del todo exitosa. Por una parte, continúan los privilegiados y la corrupción; por la otra, la retórica presidencial no sólo condena el abuso de algunos, sino el mismo proceso de generación de riqueza y los beneficios asociados, como si el éxito económico fuera pecado o corrompiera el alma, y la pobreza el espacio natural de la virtud y santidad.
Buena parte de los empresarios se han instalado en el silencio y sus representantes en la cobardía. La derrota es total. Es muy negativo porque los inversionistas se la cobran no al Gobierno, sino al país, de la peor forma: no invirtiendo. Las oportunidades de negocio existen, pero la retórica presidencial y algunas de sus acciones o decisiones como la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco, la militarización de la obra pública, el regreso de los monopolios públicos y la embestida contra los reguladores independientes alteran las reglas que dan confianza y certidumbre.
La cobardía se ha vuelto método, y así se infiere de las palabras del más importante representante de los empresarios, Carlos Salazar, cuando se le cuestiona sobre la postura del presidente con relación a la reforma eléctrica. Su actitud negociadora en realidad es complaciente. La iniciativa de reforma constitucional es una afrenta al sector privado y una amenaza a la economía nacional. Si esto no se pone en claro quedará la idea de que la propuesta de López Obrador es razonable, como piensa una considerable mayoría de los mexicanos, según revelan todos los estudios de opinión pública.
En democracia no debe haber miedo al debate. Decir no al poder es parte de la libertad. Que el presidente reaccione mal y que a algunos de sus colaboradores les dé por actuar oficiosamente con ánimo de persecución, no debe impedir que quienes hablan por el todo empresarial tengan la claridad y la firmeza para decir las cosas tal cual son. El tema no es que se le cambie una coma a la propuesta presidencial, sino que el paradigma que plantea resulta insostenible, tanto para la empresa privada como para el crecimiento económico y el desarrollo del país.
Este es el problema que enfrentamos. Ante el monólogo nacional de todos los días por la mañana no hay respuesta de la oposición, de los intereses afectados ni de quienes mantienen una visión diferenciada a la del Gobierno. La agresiva y, a veces, grosera actitud del presidente los ha intimidado, llevando al país al peor de los destinos y a una derrota total de ellos. La calidad de un Gobierno depende de la seriedad, valor e inteligencia de quienes se oponen. Como se ha dicho, lo que resiste apoya.
La consulta como farsa
El 25 de diciembre concluyó el término para que se acreditaran las adhesiones para el proceso de revocación de mandato. Los números son reveladores de la farsa. Los interesados en la revocación no son tales, justo lo contrario, son quienes desean que el presidente López Obrador siga en el cargo. El mismo presidente ha sido promotor de la consulta con la expectativa de que la abrumadora mayoría de quienes participen votarán por su continuidad. No es el propósito de este expediente, pero el presidente y su partido así lo han considerado: la revocación vuelta ratificación.
En consecuencia, ha sido el partido del presidente el responsable de levantar las adhesiones. Tal como ha sido práctica en procesos análogos, el INE propuso una aplicación digital para teléfonos móviles a manera de integrar las firmas a favor de la consulta. El Tribunal Electoral resolvió que esto debiera complementarse con adhesiones en cédulas documentales. Utilizar un dispositivo digital simplifica el trabajo de campo y también la verificación o validación de las adhesiones. Se anticipa que la mayor proporción de los apoyos provendrán de documentos, lo que complica significativamente el proceso.
Se requiere acreditar 3% de la lista nominal, esto es, 2 millones 758 mil 227 apoyos, distribuidos en, al menos, 17 entidades federativas. A través de la aplicación se han presentado un millón 372 mil 963 adhesiones ciudadanas, de los cuales 79% se encontró preliminarmente en la lista nominal sin inconsistencias; sin embargo, 21.35%, es decir, 293 mil 106 presentan irregularidades; es decir, sólo se han acreditado 39% del total necesario.
La farsa de la consulta se acredita con la identidad de las entidades en las que se han recabado el mayor volumen de firmas: Tabasco y la Ciudad de México; la revocación no es tal, se trata de un ejercicio de ratificación de mandato. Cabe señalar que los estados con el menor número de firmas son Baja California, Sonora, Colima y Nayarit, entidades con elección reciente de gobernador y en las que prevaleció el partido del presidente López Obrador.
El INE ha informado la recepción de 2 mil cajas, en las que supuestamente se encuentran más de 4 millones de adhesiones a la consulta. Los documentos deberán verificarse por un ejército de analistas. Hacer este trabajo requiere financiamiento, justo lo que no ha facilitado el partido interesado en efectuar la consulta.
Positivo que el presidente López Obrador se haya pronunciado en contra de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados contra los consejeros del INE, los que votaron a favor de la posposición de la consulta. Sin embargo, se requiere mucho más del presidente. Lo primero es que no tergiverse las resoluciones de la Corte.
El presidente tampoco debe señalar que se separaría del cargo, aunque no se alcance 40% de la participación y que la mayoría votara a favor de la revocación de su mandato; los cargos por voto popular son irrenunciables, y es evidente que ganará abrumadoramente la consulta.
La farsa de la consulta sigue su curso; inexplicable que distraiga la atención del Gobierno y de las instituciones frente a los graves problemas de salud, economía y estado de derecho. Tiempos en lo que importa es la popularidad, no los resultados.
