El respeto institucional, como común denominador

Lo acontecido el pasado sábado 18 de marzo en pleno zócalo de la ciudad de México, cuando una turba de simpatizantes de Morena quemó la efigie caricaturizada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela que el Gobierno de la 4T fue rebasado por la inquina, odio, fanatismo y radicalización de un sector de sus propios simpatizantes.

Si nos colocamos en el terreno de las comparaciones, ni en los 72 años de hegemonía, primero, del Partido Nacional Revolucionario y, después, del PRI, o en la docena trágica de los Gobiernos de Fox y Calderón, o en los peores tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se había presenciado un espectáculo de escarnio, burla y falta de respeto hacia un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en ese sábado negro en la historia reciente del país.

De nada sirvió que al día siguiente el inquilino de Palacio Nacional, desde el púlpito de su mañanera, haya condenado tan deleznable hecho, pues lo cierto es que este no fue más que la consecuencia de la polarización que él mismo ha auspiciado en su Gobierno; polarización que aparte de lo absurdo de clasificar despectivamente a los mexicanos en chairos o fifís, etiquetar a los enemigos de su Gobierno en neoliberales y conservadores, o calificar de aspiracionista a la clase media sólo por lograr una profesión por modesta que esta sea, lo cierto es que ha tomado ya no tanto a las mafias del poder como sus enemigos, —pues paradójicamente algunos de sus integrantes forman parte de su propio Gobierno—, sino que desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, ha tomado a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y Ministros de la Suprema Corte de la Nación, como sus nuevos enemigos, a quienes en el extremo de su animadversión, ha calificado a todos de corruptos.

¿Cuál es la razón de este comportamiento? ¿Cuál es el motivo de este viraje peligroso para la concordia y unidad de los mexicanos? ¿Por qué en especial este comportamiento irracional de los seguidores de Morena particularmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación, al grado no sólo de burlarse de su función e investidura, sino además de quemar en forma de caricatura su efigie que nos hace recordar el surgimiento del fascismo en los regímenes totalitarios?

Analistas especializados coinciden en señalar que todo surgió a partir del 2 de enero del año en curso, cuando contrariamente a los intereses presidenciales, la ministra Norma Lucía Luna Piña, de impecable currículum y trayectoria judicial, fue electa presidenta de la Suprema Corte de la Nación; y quien desde antes de su elección, ya se caracterizaba en el interior de nuestro máximo tribunal judicial por sus resoluciones contrarias al Gobierno de la 4T, con una actitud de independencia que alcanzó el clímax en la ceremonia que se llevó a cabo el 5 de febrero en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, con motivo del 106 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, cuando el gabinete en pleno a la terminación del mensaje de AMLO, se puso de pie para aplaudir durante 25 segundos al gran tlatoani, y en ejercicio de la independencia del Poder Judicial de la Federación por ella representado, la ministra Norma Piña fue la única que no lo hizo.

A partir de ahí, los ataques en contra de su persona e investidura alcanzaron niveles de linchamiento mediático que alarmaron no solo a la comunidad jurídica, sino también a los intelectuales, ensayistas, escritores, periodistas y opinión pública por considerar los graves riesgos que para la vida democrática del país y sobre todo para la autonomía y respeto a la división de poderes, representaban dichos ataques.

Sin embargo, dichos analistas coinciden también que el meollo del encono presidencial contra el Poder Judicial de la Federación, radica en que pese a que el llamado Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado en el Senado de la República, el 22 de febrero, al día siguiente de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación —2 de marzo—, los partidos de oposición y los órganos autónomos, empezaron a interponer en su contra innumerables acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante el único órgano competente que resulta ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presidenta es la vilipendiada Norma Lucía Piña Hernández; acciones y controversias que de prosperar, invalidarían la joya de la corona en materia constitucional del Gobierno de la 4T, cuyo objetivo a final de cuentas resulta ser acotar las funciones, estructura e independencia que por mandato constitucional tiene el Instituto Nacional Electoral.

En este contexto, no será de extrañar que los ataques contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros continúen por parte del titular del Poder Ejecutivo, que ha dado innumerables muestras de no respetar la división de poderes ni su independencia consagrada en nuestra Constitución; independencia que la Ministra Piña Luna fue muy clara en definir ante el propio presidente de la república en la ceremonia cívica llevada a cabo en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero pasado, cuando afirmó:

«La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad».

Y ya como colofón de su intervención aludida, la ministra presidenta de la SCJN, dejó bien clara su posición de respeto hacia los otros dos poderes por lo que hace al representado por ella al sostener que el Poder Judicial de la Federación velará siempre por la armonía y concordia entre los mexicanos, y lanzar ante el gabinete presidencial en pleno presente en dicha ceremonia conmemorativa, un llamado de unidad cuando sostuvo: «Los invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental».

Paradójicamente, un mes y semana después, su efigie caricaturizada fue arrastrada y quemada por los simpatizantes de Morena, a escasos metros del presidium, donde el presidente de la república conmemoraba un aniversario más de la expropiación petrolera.

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