Firmas y casillas para revocación de mandato

De acuerdo con la reforma constitucional que estableció la figura de revocación de mandato del presidente de la República, su correspondiente Ley reglamentaria debió haber sido expedida por el Congreso el 17 de junio de 2020. Han transcurrido más de 400 días sin que eso ocurra. Algunas cuestiones relativas a ese proceso que generan dudas, siguen sin respuesta.

Sí hay, sin embargo, varias iniciativas de Ley Federal de Revocación de Mandato, seis en total, presentadas por senadores el 9 y 10 de agosto. Hay incluso un dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Segunda de Estudios Legislativos del propio Senado. Pero ni las iniciativas ni el dictamen plantean alguna solución a dos problemas específicos; uno es el de las firmas. La Constitución dispone que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a proceso de revocación presidencial del mandato si al menos lo solicita el 3% de los ciudadanos en la lista nominal de electores, unas 2.8 millones de personas.

No obstante, ninguna iniciativa presentada aclara qué sucederá si grupos independientes que no reúnen la cuota de 2.8 millones de firmas solicitan al INE convocar a un proceso de revocación de mandato, pero podrían alcanzarla si juntan sus números de firmantes.

Las iniciativas presentadas por el senador Damián Zepeda, del PAN, y por diversos senadores de Morena parece que alcanzan a vislumbrar la cuestión. Pero la plantean mal y la resuelven peor. Curiosamente ambas iniciativas incluyen un artículo exactamente con la misma redacción, que se incluye como artículo 10 del dictamen y dice así:

«Artículo 10. La ciudadanía podrán respaldar más de una solicitud de revocación de mandato, pero no procederá el trámite de las que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de firmas de apoyo. En este caso, sólo procederá la primera solicitud».

Esta disposición es absurda y viola la Constitución, pues no dispone que un mismo grupo de solicitantes debe reunir las 2.8 millones de firmas o que al menos el 80% no correspondan a las firmas presentadas por otros solicitantes. Las firmas duplicadas pueden computarse una sola vez. Pero las no repetidas pueden ser completadas con las que presenten tres, cinco o diez grupos diferentes, nada lo impide.

Otro aspecto es lo relativo a las casillas a instalar para procesos de revocación de mandato. Pongamos el asunto en perspectiva: En las elecciones del 6 de junio funcionaron en todo el país 163 mil 538 mesas directivas de casilla. Y en la consulta popular celebrada el 1 de agosto se instalaron 57 mil 077 mesas receptoras, que son el equivalente a las mesas directivas de casilla.

En términos generales, de acuerdo con las cifras anteriores, cada mesa receptora cubrió lo de tres mesas directivas de casilla. Explicable por el mucho mayor grado de complejidad, en todos los sentidos, que implica el funcionamiento de una casilla donde se recibe la votación para dos, tres o más cargos de elección popular, en comparación con una consulta popular en la que sólo se utiliza una papeleta donde el ciudadano marcará sí o no. Lo mismo habrá de ocurrir cuando se trate de una votación para determinar si se revoca o no el mandato al presidente de la República.

Pero el dictamen elaborado y aprobado por los senadores de Morena dice, en su parte explicativa: «Estas comisiones dictaminadoras consideran establecer que el INE debe instalar el mismo número de casillas que fueron determinadas para la jornada electoral inmediata anterior, porque consideramos indispensable que la ciudadanía acceda a las casillas cercanas a su domicilio». El argumento consiste en indicar que así deber ser, sólo porque consideran indispensable tal cercanía, sin mayores datos o razonamientos.

Respecto al impacto económico que implica instalar más casillas para un ejercicio tan sencillo, los legisladores de Morena dividen el presupuesto total general del INE, que incluye el financiamiento público a los partidos, la administración del registro nacional de electores (muy costosa) y todos sus demás gastos, y arroja que cada casilla instalada alcanzaría un costo promedio de 120 mil 709 pesos, que obviamente es muy alto.

Bajo ese absurdo, afirman los de Morena que lo anterior «implica que es posible instalar casillas con un costo miles de veces menor al planteado con un alcance más claro y preciso» (pág. 48 del dictamen). En consecuencia, proponen en el proyecto de ley que el segundo párrafo del artículo 41 diga así:

«El Instituto (INE) deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada electoral anterior».

Aunque antes, sin aparentemente darse cuenta, los mismos senadores de Morena se contradicen al proponer que el artículo 38, penúltimo párrafo, del proyecto de ley, establezca: «El número de ciudadanos y ciudadanas que ejerzan su derecho (a votar en el proceso revocatorio) no será superior a mil 500 por casilla».

Cifra esa que es exactamente el doble de los ciudadanos que pueden votar en una casilla cuando se trata de elecciones, toda vez que el artículo 253 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales dispone que su número no podrá ser superior a 750 electores. En consecuencia, inadvertidamente y en abierta contradicción con lo que proponen en ambos artículos del proyecto (38 y 41), lo que en realidad se propone es que en los procesos revocatorios se instale la mitad de las casillas que funcionan cuando se trata de elecciones.