Luces
Aun cuando el antiguo presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, se negó por años a reconocer los 200 millones de dólares derivados del sobrecosto por la venta irregular de Agro Nitrogenados a Pemex en 2013, los nuevos inversionistas de la siderúrgica, encabezados por Julio Villarreal, parecen comprometidos a pagar esta suma. Así lo hizo saber el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró haber recibido una carta —cuyo remitente no reveló— donde se exponía la posibilidad de concretar dicha devolución. Si la Fiscalía General de la República determina que es legal un acuerdo entre el gobierno y AHMSA para aceptar ese monto, el dinero iría a las arcas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Posteriormente, esta misma dependencia se encargaría de encaminar los recursos en beneficio de comunidades marginadas con obras, becas y bienes específicos. Sin embargo, una pregunta queda en el aire. ¿Con la retribución de esta suma, se desestimarán las acusaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita imputados a Ancira Elizondo?
Poco a poco se cierra el cerco sobre el exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna, quien acaba de ver cómo dos de sus funcionarios más cercanos durante su período al frente de esta dependencia fueron detenidos por la Fiscalía General de la República. Se trata de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, exsecretario general y excoordinador general jurídico del Infonavit respectivamente. Ambos deben responder ante la justicia por delincuencia organizada y estar implicados en la firma de un convenio, en 2017, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 088 millones de pesos a la empresa Telra Realty como indemnización por daños y perjuicios por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria. Habrá que esperar si en las averiguaciones subsiguientes no aparece involucrado el nombre de Penchyna, a quien ya antes el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó de haber aceptado sobornos mientras fue senador por Hidalgo, para aprobar la reforma energética de 2013, promovida por Enrique Peña Nieto.
Los trabajadores de la sección 47 del sindicato petrolero, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, se hartaron de los abusos de sus dirigentes y optaron por romper el silencio. Así que un grupo de ellos denunció ante la Fiscalía General de la República a su líder local, Víctor Kidnie, y al exsecretario general del gremio, Carlos Romero Deschamps —¡aún activo en la nómina de Pemex!—, por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, extorsión, agresiones físicas y venta de plazas. «Hemos sido objeto de abusos, represalias, amenazas por parte de los denunciados, ya que por casi 30 años se han dedicado a venderles sus plazas que por derecho les corresponden a los trabajadores», argumentan en su denuncia. El presidente Andrés Manuel López Obrador debería tomar cartas en el asunto pues se trata de un conflicto en el seno de una de las piezas claves de su gobierno. Recordemos que, desde su período de campaña electoral, AMLO se ha dedicado a defender a capa y espada a la empresa petrolera, al punto de darle la espalda a cualquier otra opción de generación de energía, así sea limpia y renovable.
Sombras
La sociedad coahuilense, primero, y el resto de la nación, después, reaccionaron con rapidez e indignación luego que dos cazadores se tomaran una foto junto al cadáver de un bisonte y la compartieran en redes sociales. El animal fue presuntamente abatido en Coahuila, en el Rancho Cinegético Buena Vista, ubicado en el municipio de San Buenaventura y la acción provocó el repudio de los cibernautas que terminaron por llamar la atención de las autoridades. Pronto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer que no se ha emitido ningún permiso de aprovechamiento cinegético del bisonte americano en Coahuila. «El bisonte fue cazado ilegalmente», sentenció la titular de este organismo en el estado, Eglantina Canales Gutiérrez. El caso ya se turnó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se encargará de revisar los permisos del rancho en que sucedieron los hechos y si éste opera acorde a las especificaciones que establece la ley. En caso de haber incurrido en alguna irregularidad, como se sospecha, se procederá a tomar las medidas legales pertinentes y sancionar a los culpables.
La desatención del Estado mexicano a sus cárceles y los altos grados de corrupción que imperan en las mismas se hacen notar a lo largo y ancho del país. Así lo denuncia la agrupación civil Reinserta que, para corroborar su opinión, pone de manifiesto la notable diferencia que prevalece entre el costo de mantenimiento de un reo y los recursos que, en la práctica, le son asignados. «Condenamos enérgicamente que exista corrupción a tal grado de cobrar 6 mil 400 pesos al día por interno cuando las condiciones de vida y alimentación no superan los 500 pesos al día», indicó. En este sentido, el gobierno federal se pronunció a favor de cancelar los contratos millonarios multianuales que la administración de Felipe Calderón estableció, bajo el esquema de asociación público-privada, con proveedores de servicios para penales federales. Tales acuerdos se firmaron entre 2010 y 2011, cuando Genaro García Luna fungía como secretario de Seguridad federal, y todavía el pasado año le costó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 15 mil 562 millones de pesos, 68% del presupuesto que ejerció en Prevención y Readaptación Social.
Con mucha preocupación recibió la sociedad mexicana la renuncia al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) de la doctora Miriam Esther Veras Godoy, responsable del plan de Vacunación Universal contra la COVID-19 en el país, y con no menos recelo acogió la explicación de las autoridades de Salud que, advierten, dicha renuncia se debió a «razones meramente personales». De inmediato, en redes sociales se justificó la salida de Veras por un supuesto desacuerdo con la puesta en práctica que el gobierno federal ha hecho del esquema de vacunación, del cual ella fue coautora. Este planteamiento fue refutado por Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, quien aseguró que «Veras Godoy toma esta decisión personal y no tendrá un impacto significativo en la operación del operativo Correcaminos para la vacuna de la COVID». Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno despacha a un funcionario y luego lo presenta como una renuncia. En el caso de Veras, llama la atención el retraso que lleva el plan de vacunación y la preocupación de la ciudadanía por la implementación de la segunda fase.