Luces
El primer encuentro oficial entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, promete ser de provecho para México luego que esta anunciara el compromiso de invertir 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en el país, así como capacitación y resolución de casos de personas desaparecidas. Durante su visita, la funcionaria enfatizó que «Estados Unidos y México comparten historia y familia. Nuestras economías están atadas y nuestra seguridad depende unas de otras. Estoy aquí en la Ciudad de México para renovar la importante asociación de nuestra nación con México». Además de enfocarse en el fortalecimiento de la cooperación laboral entre ambos gobiernos, Harris también firmó un Memorándum de Entendimiento para «establecer una sociedad estratégica que atienda la falta de oportunidades económicas en el norte de Centroamérica» con el objetivo de mitigar el flujo de inmigrantes que usan a México como ruta a Estados Unidos. Asimismo, ambos funcionarios informaron que trabajarán juntos para «reducir homicidios y muertes relacionadas con las drogas en ambos lados de la frontera».
Maestros pensionados de Saltillo, Monclova, Frontera y Torreón decidieron montar un plantón el 3 de mayo para reclamar justicia y exigirle al gobernador Miguel Riquelme que les garantice un buen servicio médico, medicinas y se restituyan los adeudos que tienen pendientes con el gremio. Los protestantes aseguran que, en poco más de tres años de la actual administración, el gobierno ha dejado de pagar más de 514 millones de pesos al fondo de pensiones de los trabajadores de la educación. Luego de tres semanas de plantón lograron que el mandatario los convocara a una mesa técnica para abordar los temas de atención médica integral, completa y de calidad; pago del adeudo millonario del Gobierno del Estado y las universidades a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) y al Servicio Médico; pago de los adeudos de seguro y retiro a pensionados; auditorías a las cuentas individuales, FOVI, Fondo de Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos; denuncias penales por delitos en contra de las instituciones de Seguridad Social y reparación de los daños. Sin embargo, hasta la fecha, ningún acuerdo se ha logrado.
A los gigantes de Internet —Amazon, YouTube, Google y Facebook, entre otros— les siguen podando, poco a poco, las alas. Ya en Australia los dos últimos tuvieron que pactar un pago a los medios de comunicación locales por el uso en sus plataformas de las noticias que generaban. Ahora acaban de atestiguar cómo los ministros de Finanzas del G7 anunciaron un compromiso histórico para aplicar un impuesto mínimo global de, al menos, el 15% a las empresas multinacionales, no solo del orden tecnológico, pero entre las cuales ellas clasifican. Para evitar la evasión fiscal, representantes de Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos acordaron que las grandes corporaciones paguen más gravámenes en los mercados donde venden. Los emporios de la tecnología suelen cumplir con impuestos irrisorios —mientras se embolsan miles de millones de dólares— por encontrarse domiciliados en naciones donde las tasas de impuesto son muy bajas o ni siquiera existen. Los ministros también se mostraron de acuerdo en avanzar para que estas empresas declaren su impacto medioambiental de una forma más formalizada y así medir los avances en el sector.
Sombras
Finalmente, luego de casi cinco días del siniestro, se consiguió extraer los siete cuerpos de los mineros que quedaron atrapados, el 4 de junio, al interior de una mina ubicada en el poblado de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila. Con esto se completa la labor de rescate, pero también se dan por terminadas las esperanzas de haber encontrado al menos un sobreviviente. Los familiares de las víctimas aún no desechaban que algún minero hubiese encontrado refugio en uno de los túneles que no sucumbieron al accidente. Las primeras investigaciones mencionan que el colapso se debió a un desbordamiento e inundación en el yacimiento mientras un grupo de trabajadores laboraba en su interior. El operativo de búsqueda y extracción resultó muy lento a causa del lodo, la falta de visibilidad y las irregularidades del lugar. Personal capacitado, con el apoyo de la Guardia Nacional, elementos de la Subsecretaría de Protección Civil Estatal e integrantes del organismo civil Familia Pasta de Conchos, cooperaron en las labores de rescate. Actualmente, no se descartan otras situaciones de riesgo similares debido a las intensas lluvias que se han registrado en la región carbonífera.
No cesan los casos de corrupción entre funcionarios de la pasada administración federal. Ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó sancionar Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales. La resolución surge a partir de una investigación sobre el exfuncionario tras conocerse que presuntamente estuvo involucrado en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. «La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades», declaró la SFP. Fue Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculado también a la misma compra y acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien mencionó que Videgaray, además, participó en actividades de soborno.
El Juzgado Octavo de Distrito suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario, desaforado por la Cámara de Diputados, pero protegido por el Congreso local de su estado, debe responder ante la justicia por varios cargos que se le imputan: lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. El juzgado dictaminó que «hay un conflicto de normas que impiden, hasta este momento, considerar concluido el trámite del desafuero contra el gobernador que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal». El juez Faustino Gutiérrez Pérez concedió el recurso para que el tamaulipeco no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva y fijó para el próximo 22 de junio la audiencia constitucional en la que decidirá si le concede o no la protección de la justicia federal. Sin embargo, el triunfo de Morena en Tamaulipas amenaza con dejar a su suerte al panista, pues ya no contaría con el respaldo del Congreso local.