Luces
Finalmente la presión social, encabezada por mujeres que clamaban justicia, dio resultado y el 6 de septiembre, pocos días antes de cumplirse un año del asesinato de la joven Alondra Elizabeth Gallegos García, se dictó condena de 35 años de prisión a su homicida, José Santana, por el delito de feminicidio. Además de ordenársele una reparación de daño por 1 millón 500 mil pesos. Alondra fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre de 2020 y cuatro días más tarde se encontró su cuerpo en la colonia La Madrid, Saltillo. De inmediato, familiares, amigos, activistas y grupos feministas inundaron las redes sociales con el hashtag #JusticiaParaAlondra, y organizaron varias manifestaciones pacíficas frente a las oficinas del Palacio de Gobierno de Coahuila, para que las autoridades no dejaran impune el crimen y dieran con el culpable. Posteriormente, llegaron incluso a crear la organización «Alondra Gallegos, Unidas y Fuertes» que aboga por la protección de la integridad de las mujeres en el estado. Cuando fue asesinada, Alondra tenía solo 20 años y era madre de una niña de cuatro que quedó bajo el cuidado de sus abuelos.
Otro que cayó en manos de la justicia es Alejandro del Valle, presidente del consejo de administración de Interjet, detenido el 9 de septiembre por la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en respuesta a una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico. A del Valle se le acusa de incumplir el pago de un crédito de 30 millones de dólares luego que firmara un pagaré el 1 de julio de 2020 por esa cantidad, así como un convenio de mediación privada, donde aseguró que tenía bienes societarios y personales suficientes para respaldar la suma que debió ser liquidada el 1 de noviembre del año pasado… y no sucedió. Pero esa no es la única acusación que afecta la imagen de Interjet. La Procuraduría Fiscal de la Federación, además, entregó al Ministerio Público una denuncia presentada en febrero por un empleado que acusó a la compañía de incurrir en omisiones fiscales cada año desde 2018, pese a que hizo los descuentos a sus trabajadores. Actualmente la aerolínea enfrenta una reestructura financiera y ha tenido que lidiar con multas, embargos y el adeudo del pago de seguridad social e Infonavit.
La delegación paralímpica de México que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 regresó tras culminar una memorable actuación al sumar 22 medallas —siete de oro, dos de plata y 13 de bronce— con lo cual superó ampliamente su marca en Río 2016, donde consiguieron 15, e incluso su intervención en Londres 2012, cuando alcanzaron 21 preseas. Pero no solo eso, con este récord México superó las 300 medallas en su historial —llegó a 311—, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano con mejor suma de trofeos en los paralímpicos, solo superado por Brasil que posee 319. México acudió con 60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres, pero su máximo representante en esta edición fue Diego López, de 26 años, que ganó tres preseas —una de cada color— en la natación. A pesar de que los torneos paralímpicos no cuentan con el seguimiento mediático y de público que su homólogo tradicional, México se ha consolidado en ellos como una de las grandes potencias a vencer y ya se ha hecho habitual que supere con creces los resultados de los atletas olímpicos nacionales que, en Tokio, también quedaron a deber al traerse de vuelta a casa apenas cuatro medallas, todas de bronce.
Sombras
Al menos mil 693 contratos, que en conjunto suman 821 millones 409 mil pesos, le ha entregado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Gamaliel Barriga Simonin, uno de sus exfuncionarios que, contrario a lo que establece la ley, se convirtió en proveedor antes de cumplir un año de salir de la institución. Desde que entró a laborar en el IMSS como jefe de oficina en 2011, Barriga Simonin ha amasado en menos de una década una rápida y cuantiosa fortuna. En 2018 abandonó el instituto y fundó sus propias empresas —Gambars Distribuidora y Proveedora de Insumos Médicos para la Vida— que junto con Reacción Médica del Norte, donde no aparece como accionista, pero tiene la dirección pública de una casa suya en Villahermosa, se han convertido en proveedores consentidos del IMSS. Vale decir que más del 90% de esos contratos fueron por adjudicación directa, es decir, sin concurso público. Por si no bastara, tanto Gambars como Reacción Médica del Norte han recibido en conjunto otros ocho contratos provenientes del ISSSTE, por alrededor de 16 millones de pesos. Si este joven Midas mexicano no llama la atención de las autoridades, ¿quién lo hará?
Noche de pesadilla vivieron 23 extranjeros del hotel Sol y Luna, ubicado en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, cuando un comando de hombres armados los sacó a la fuerza del lugar. Acorde a las declaraciones recogidas por la Policía de Investigación (PDI), la madrugada del 14 de septiembre tres camionetas ingresaron a las instalaciones y sus ocupantes privaron de la libertad a varios huéspedes. Entre las víctimas se hallaban 10 cubanos, siete haitianos, tres venezolanos y otros tres menores de edad de quienes no se informó sus nacionalidades. Afortunadamente, horas más tarde, el trabajo coordinado de la PDI con la Guardia Nacional y la Policía Municipal permitió encontrarlos en un camino despoblado que conduce de Matehuala a Doctor Arrollo. Según el fiscal estatal, Federico Arturo Garza Herrera, el grupo iba en tránsito hacia la frontera para llegar a Estados Unidos. «Por esta circunstancia ellos tienen la intención preponderante de llegar allá y lograr pasar con miras a construir su sueño americano», indicó. Se desconocen aún los motivos del secuestro.
El 10 de septiembre los habitantes del cerro del Chiquihuite fueron sorprendidos por un deslave que sepultó al menos cuatro viviendas en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla y dejó otras afectadas. El incidente ocurrió a la una de la tarde y causó pánico en la comunidad. Al momento de redactar esta nota solo se reportaba el fallecimiento de María Martínez Rodríguez, de 21 años de edad, quien no logró salir de su vivienda, pero tres personas aún se encontraban desaparecidas por lo que se mantenían las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades advierten que existe alto riesgo de que ocurra un nuevo deslave así que Protección Civil del Estado de México alertó sobre 141 viviendas que debían ser evacuadas. Sin embargo, solo 73 lo han hecho por miedo de sus ocupantes a que les roben las pertenencias. El suceso amerita una investigación a fondo porque los vecinos del lugar aseguran que ya habían advertido sobre el peligro que corrían e incluso informaron la caída de piedras aisladas días antes del deslave. El pleno de la Cámara de Diputados, por su parte, antes de iniciar su sesión rindió un minuto de silencio por la joven que perdió la vida.