Luces
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Coahuila siguen en pie de lucha y aprovecharon la visita que hizo al estado el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 19 de noviembre, para solicitarle que lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos y se impulse un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida. Asimismo, solicitaron mayor apoyo al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, pues el acuerdo actual no cumple con lo necesario para una certera identificación de los restos. El comité de la ONU también se entrevistó con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y titulares de diversas dependencias. Su agenda incluía la visita a otras 12 entidades federativas para completar audiencias con autoridades y organizaciones civiles relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y esbozar un bosquejo de la problemática en el país.
Finalmente, México dio luz verde a la campaña de vacunación para los jóvenes de entre 15 y 17 años, aunque no presenten comorbilidades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo el anuncio oficial el 15 de noviembre y cuatro días después se habilitó el prerregistro para este grupo en la plataforma de la Secretaría de Salud. El presidente López Obrador se había mostrado reticente a llevar a cabo este paso hasta que investigaciones científicas sólidas no avalaran la inexistencia de riesgos a la salud de los inmunizados. Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó en reiteradas ocasiones que los grupos prioritarios (para la vacunación) no eran los niños. Las únicas excepciones permitidas en México se focalizaban en menores que presentaran alguna enfermedad crónica. Por tal motivo muchos jóvenes optaron por aplicarse el biológico en Estados Unidos. Otros tuvieron que esperar por que sus padres presentaran amparos ante los juzgados. A nivel mundial, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y China van a la vanguardia en la vacunación de menores. En América Latina, Uruguay fue el primer país en hacerlo.
Contrario a lo que se esperaba, el año pasado no se disparó en México el número de divorcios. Desde 2011, año tras año, esta práctica ha ido en aumento constante hasta alcanzar la cifra de 160 mil 107 en 2019. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y los largos períodos de confinamiento, muchos auguraban un pico en esta tendencia, derivado de los conflictos de pareja que pueden suscitarse por la convivencia obligada, la presencia perenne de los hijos en casa, el estrés que provoca la pérdida de un empleo, la depresión por la muerte de un ser querido que no sobrevivió a la enfermedad o, sencillamente, por no poder salir a la calle tras una pelea doméstica. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 92 mil 739 divorcios en 2020, un descenso considerable en relación con las cifras previas. Las causas para este bajón pueden ser varias. Algunos autores conjeturan que el confinamiento funcionó como terapia matrimonial y dio tiempo para revivir lazos amorosos, pero también es posible que el cierre de oficinas o el miedo al contagio en espacios públicos disuadiera a las parejas en crisis a dar ese paso. El 2022 confirmará la teoría correcta.
Sombras
La Fiscalía de Coahuila aún no se decide a presentar el mandato judicial por el caso de la masacre de Allende, aun cuando los principales implicados —los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, respectivamente— están en prisión desde hace más de cinco años. El primero de ellos fue detenido en 2013 en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, y dos años después, fue capturado el segundo, en San Pedro Garza García. Ambos purgan condena en el penal del Altiplano, pero solo por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Sin embargo, en 2011, cuando los Zetas plagiaron, asesinaron y desaparecieron a pobladores en Allende, ellos eran los líderes del cartel. Ya ha transcurrido una década desde la matanza y los dos principales acusados de ser los autores intelectuales siguen sin enfrentar la justicia de Coahuila. Si bien las cifras oficiales recogen 28 víctimas de aquel suceso, datos recopilados por organizaciones civiles aseguran que fueron más de 300 y la justicia aún queda a deber. Los funcionarios de alto nivel que fueron cómplices por acción u omisión en ese entonces permanecen libres y algunos todavía ocupan cargos públicos.
Al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en México entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020. Así consta en el «Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020», elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El documento destaca que «las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas» y los operativos contra el tráfico de migrantes «han aumentado en promedio 600%». Actualmente, México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de migrantes, ni protocolos de asistencia, protección y seguridad para las víctimas. Por tal motivo, la Comisión recomendó al Instituto Nacional de Migración (INM) que adopte medidas para facilitar el ingreso y tránsito de migrantes de forma regular y evitar que lo hagan desde la clandestinidad, donde se convierten en víctimas potenciales.
La violencia se agrava en Zacatecasa causa de las disputas entre grupos rivales del crimen organizado —presuntamente el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— que pretenden dominar el tráfico de droga en la región. La mañana del 23 de noviembre fueron localizados ocho cadáveres, colgados en puentes y árboles de diferentes puntos del municipio de Fresnillo, en esa entidad. Estos se suman a otros nueve cuerpos que habían sido encontrados en condiciones similares la semana anterior. Ante este escenario, el gobernador del estado, David Monreal, ya había movido sus piezas y relevó a su secretario de Seguridad, Arturo López Bazán —a quien una narcomanta acusó de recibir sobornos del cartel de Sinaloa— para tomarle protesta a Adolfo Marín Marín, el 19 de noviembre. Por el momento, el trueque no ha dado resultado. Fresnillo se mantiene como el quinto municipio a nivel nacional que concentra la mayor cantidad de homicidios, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el 22 de noviembre, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.