Luces y sombras 714

Luces

El 15 de marzo, México dio un paso histórico a favor de la libertad de expresión y de prensa al aprobar por unanimidad —con 92 votos a favor— el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917 cuando fue promulgada por Venustiano Carranza. Los legisladores consideran que dicha disposición ya no responde a las necesidades ni condiciones actuales del periodismo y el acceso a la información porque fomenta la autocensura y abre las puertas a ejercer amenazas contra los medios de comunicación desde el poder político al conservar normas anacrónicas e incompatibles con el resto del orden jurídico. «Por eso frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o la expresión contra alguna autoridad nosotros lo que estamos haciendo es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución», destacó el senador Ricardo Monreal. El dictamen ya había sido avalado en noviembre del 2020 en San Lázaro. Ahora fue turnado al Poder Ejecutivo para su implementación tras recibir el visto bueno de la Cámara Alta.

La Diócesis de Saltillo está de plácemes luego que dos de sus sacerdotes fueran nombrados capellanes por el Papa Francisco: el reverendo Don Gilberto Almaraz de la Rosa y el reverendo Humberto Alfredo González Galindo. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado el 6 de marzo. Monseñor Gilberto Almaraz nació el 13 de mayo de 1937 en la ciudad de San Buenaventura, Coahuila. En el Seminario Diocesano de Saltillo realizó estudios de Humanidades; y Teología en el Seminario Pio Latino de Roma. Se ordenó sacerdote el 1 de diciembre de 1963. Hoy se desempeña como sacerdote emérito y acompaña a la Iglesia con su oración. Por su parte, monseñor Humberto Alfredo González nació el 17 de noviembre de 1928, en Saltillo, Coahuila. En el Seminario Diocesano de Saltillo aprendió latín; mientras que los estudios de teología los culminó en Montezuma Seminary, en Nuevo México, EE. UU. Fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 1952, en la Basílica de los XII Apóstoles, en Roma, Italia. Hoy es rector del Templo Padre Nuestro, en la capital de Coahuila, además de examinador Ad Audiendas Confessiones y vicario judicial emérito.

En su lucha contra las drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y así vetar su importación al país. Esta sustancia es un potente analgésico opioide sintético que se utiliza para tratar el dolor severo, pero se comercializa ilegalmente para usos recreativos. Al tratarse de una sustancia peligrosa y altamente adictiva ha provocado un elevado número de muertes, la mayoría a causa de sobredosis. En comparación con la cocaína, el fentanilo es más barato y cien veces más potente que la morfina. Falta por ver la opinión de los expertos para determinar si la propuesta del presidente resulta viable. En tal caso el líder de la 4T exhortará a Estados Unidos, alto consumidor de esta droga, para que se sume a la causa. «Todo lo que entre por contrabando va seguir siendo combatido y esto mismo que haremos en México lo pedimos para Estados Unidos, que también los prohíba para fines médicos». El mandatario indicó que en lo que va de su Gobierno ya se han decomisado seis toneladas de fentanilo.

Sombras

El secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y el posterior deceso de dos de ellos, afectará directamente al turismo en México durante la temporada de vacaciones de primavera —conocida como spring break— este año pues el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos junto a una serie de recomendaciones para evitar situaciones peligrosas. El aviso solicita a sus nacionales considerar el crimen, el abuso de droga, alcohol y productos farmacéuticos, además de agresiones sexuales y arrestos en territorio mexicano. «Los ciudadanos estadounidenses deben tener mayor precaución en las áreas del centro de los lugares populares de vacaciones de primavera, incluidos Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente después del anochecer», advierte el comunicado. Washington también llamó la atención sobre las faltas cívicas de las que podrían ser sujetos quienes no respeten el cumplimiento de las leyes mexicanas. De acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo, este año se esperan alrededor de 30 mil jóvenes estadounidenses, la mayoría en Cancún, principal destino turístico de México.

La bolsa mexicana prosigue con su tendencia a la baja y anota pérdidas, mientras a nivel global los mercados muestran preocupación por el sector bancario provocado por el miedo a un contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank —la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera mundial de 2008—. La caída del gigante ha estremecido a las principales casas financieras, no solo de Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. En Europa, por ejemplo, el regulador alemán de servicios financieros Bafin impuso una moratoria a la sucursal alemana de Silicon Valley Bank, paralizando las ventas y los pagos. Este desplome ha «puesto de manifiesto la insuficiencia de las reformas reguladoras que se han hecho desde la crisis financiera mundial», dijo Arthur Wilmarth, profesor de Derecho de la Universidad George Washington. La normativa bancaria que habría sometido al banco a una supervisión más estricta se diluyó en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump. En México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió calma y aseguró que los bancos que operan en el país se encuentran con una gran solidez en sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que no hubo intercambio de disparos entre militares y los cinco jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según el funcionario existen datos suficientes para demostrar que se trató de una ejecución por parte de los elementos castrenses. «Esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dar cuenta de qué pasó, pero evidentemente hay elemento para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento», indicó. Los hechos tuvieron lugar el 27 de febrero y desde entonces se han generado manifestaciones con intereses encontrados. Algunas piden la liberación de los militares detenidos, otras exigen que «quien infringe la ley y comete un delito, debe cumplir con su responsabilidad». El presidente López Obrador aseguró que el caso no se resolverá por presiones de ningún tipo. «(Los inculpados) tienen todo su derecho de expresarse, ya lo externé aquí y que tengan confianza que no se actúa bajo presión, el Gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni presión de nadie», dijo.