Luces
A pesar de las elecciones celebradas el 31 de enero, en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) sus estudiantes mantuvieron bloqueado el bulevar Venustiano Carranza para protestar en contra de la postulación de Jesús Octavio Pimentel Martínez como candidato único para el puesto de rector. Los jóvenes aseguran que Pimentel enfrenta denuncias por agresión a una exnovia y a su exesposa, y una persona con esos antecedentes no debe estar a cargo de la universidad. Además, rechazan la relación tan comprometida que mantiene la UAdeC con el PRI estatal que, en caso de asumir la rectoría Jesús Octavio Pimentel, se vería más reforzada porque su tío, Óscar Pimentel, es el actual secretario de Gobierno del Estado. Los jóvenes entregaron un petitorio a las autoridades universitarias y estatales donde destaca la solicitud de remoción de Jesús Octavio Pimentel como candidato de unidad; la designación de una persona interna para el puesto de rectoría; que la UAdeC transparente los resultados de las auditorías; reducción del 20% a los salarios de altos funcionarios de la universidad; asimismo, reducción del 30% al presupuesto de publicidad; y respetar la autonomía de la UAdeC.
México logró una victoria inicial en territorio estadounidense contra los fabricantes de armas vinculados al tráfico ilegal utilizado por el crimen organizado luego que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston reconoció la posibilidad de que los productores, distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos estén implicados en el suministro ilegal de rifles de alto calibre destinados a los cárteles mexicanos. «(Los fabricantes) no son meros observadores pasivos de la actividad ilegal de los compradores, sino algo más parecido a un participante deseoso y calculador en la cadena de suministro que termina en un lucrativo mercado ilegal de armas en México», señala la sentencia. En un revés a la decisión de un juez federal en octubre de 2022, la Corte revocó el desistimiento de la demanda presentada por el Gobierno mexicano contra empresas como Barret, Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock. Aunque la sentencia tiene un largo camino por recorrer, ya que estas empresas pueden apelar ante jueces del Primer Circuito e incluso ante la Corte Suprema, la decisión marca un importante avance en la búsqueda de responsabilidad por parte de los fabricantes de armas estadounidenses.
En un gesto que pocas veces se constata, la ministra Lenia Batres restituyó a la Tesorería de la Federación un excedente en su salario y aguinaldo por un monto de 82 mil 963 pesos, argumentando su compromiso de cumplir con la Constitución que prohíbe a cualquier servidor público ganar más que el presidente de la república. En un comunicado difundido en su cuenta de X, la ministra explicó que envió a la Tesorería el oficio con los depósitos realizados, destacando que el monto total excedía el límite constitucional. «Así estoy cumpliendo con el compromiso de no recibir remuneraciones mayores a las del presidente de la república, como señala el artículo 127, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Lenia Batres puntualizó que devolvió 38 mil 853 pesos de diferencia entre su recibo de nómina y las percepciones de López Obrador, después de que la Corte rechazara reducir su salario, indicando que no es una prestación y que tendría la opción de reintegrar la cantidad que juzgara excedente. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la remuneración total anual del Ejecutivo federal fue de un millón 864 mil 625 pesos, (155 mil 385 pesos mensuales).
Sombras
Por cuarto año consecutivo México permanece estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) cuya edición 2023 fue recién presentada por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Con este resultado, el país es el peor calificado entre los estados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y comparte su puntuación con El Salvador, Kenia y Togo. El IPC es un instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios, los cuales consideran que ninguno de los grandes casos de corrupción registrados en México ha llegado a sentencias definitivas. Ni la Estafa Maestra (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agronitrogenados-PEMEX (donde se estima un desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas) o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA (con un desvío estimado en cerca de 9 mil 500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme. Casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht, tampoco.
El exdiplomático mexicano Andrés Roemer salió de la cárcel en la que se encontraba en Israel, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en dicho país. Ahora llevará su proceso en prisión domiciliaria. Se trata de un beneficio que obtuvo para acceder a una medida cautelar distinta a la prisión, gracias a una política que implementó el Estado de Israel por motivos de la guerra que se ha suscitado en el país. Para Heidi Putscher Basave, una de las víctimas de acoso sexual por parte del escritor, el cambio de medida cautelar no significa que él sea inocente. «Andrés Roemer no está en libertad. Está en prisión domiciliaria, tiene un grillete electrónico, entonces no podemos hablar de que está en libertad. Actualmente se está determinando su extradición, que nada tiene que ver con si es inocente o no, son dos cosas diferentes», explicó. En 2020 se hicieron públicos 61 testimonios que señalaban al Roemer como responsable de la comisión de diversas conductas probablemente constitutivas de violencia sexual. Desde 2021, México presentó a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra el exdiplomático, pero hasta la fecha ninguna de ellas ha dado resultados.
El Gobierno federal presentó una solicitud de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez, acusándolo de favorecer a grupos criminales que operan en la frontera norte. La solicitud busca que la soberanía investigue y analice la actuación del juez, con la posibilidad de proceder ante el Senado de la República, el cual deberá pronunciarse sobre su eventual destitución, según informó la dependencia en un comunicado. El Gobierno mexicano alega que existen elementos que indican que la actuación de Contreras no se ajustó a los principios constitucionales y legales, ya que ha mantenido criterios que han llevado a la liberación de individuos vinculados a la generación de violencia en perjuicio del interés público. Según la Secretaría de Gobernación, el juez sacó de prisión a los presuntos secuestradores de 31 migrantes en Tamaulipas, así como a personas implicadas en el tráfico de fentanilo. «Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces», argumentó la dependencia.