El pasado 21 de octubre, los órganos estatutariamente facultados para ello de los partidos PAN, PRI y PRD, discutieron y aprobaron un documento denominado «Plataforma Común para el Proceso Electoral Federal 2023-2024». Se trata de un escrito de 48 cuartillas, que contiene las propuestas que dichos partidos harán conjuntamente a los votantes en el caso de ir, que parece lo más probable, en alianza electoral en los comicios de junio del año próximo.
Tal Plataforma Común obedece a que así lo previene, como requisito, el artículo 91 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) cuando acuden los partidos interesados ante el consejo general del INE, para dar cuenta del convenio de coalición electoral que han acordado suscribir.
Pues bien, el capítulo 2 de la citada Plataforma Electoral, denominado «Antecedentes» (págs. 9 a 12), contiene una serie de consideraciones acerca del origen de la complicada y grave situación que actualmente vive el país. Lo interesante del planteamiento está en que el trío de partidos acepta su responsabilidad política e histórica, al haber contribuido de hecho o por omisión, a las causas que engendraron la muy difícil coyuntura que hoy padece el país. Se trata, para decirlo de manera clara y sin rodeos, de una especie de mea culpa formulada por PAN, PRI y PRD.
El capítulo inicia planteando que lo ocurrido en el país a partir de finales de 2018 «ha puesto en riesgo el régimen republicano y popular, pero debe reconocerse que ese hecho [la llegada de AMLO y Morena al poder] no fue de generación espontánea. Si bien ha sido precipitada por la electo-dictadura que tipifica al actual Gobierno, es necesario admitir distorsiones que venían de antes facilitando, aun sin pretenderlo, tal situación. La crítica del presente se encuentra muy lejos de pretender una visión laudatoria o acrítica del pasado».
El texto continúa así: «La transición mexicana —que ha tenido grandes méritos— padeció un claro sesgo electoral caracterizado por el énfasis puesto en mejorar las normas de la competencia política y de acceso al poder, que dejó prácticamente sin atender la necesaria adecuación del antiguo régimen de Gobierno, para así fortalecer la eficacia de su gobernabilidad democrática». Más adelante se reconoce que la «imprescindible Reforma del Poder, requerida por la transición, fue pospuesta una y otra vez y, al volverse sesgadamente electoral, la democracia mexicana quedó incompleta».
En la misma línea de lo anterior, en otro pasaje se lee lo siguiente: «En un momento se llegó a considerar que la democratización que corría por la vertiente electoral sería suficiente para mejorar la calidad y capacidad del Gobierno, la marcha de la economía y la generación de respuestas sociales; pero evidentemente no fue así».
Al analizar más de cerca las causas, se reconoce que «el sesgo mercadotécnico electoral [posible alusión a la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto] estimuló el ascenso de candidaturas sin compromiso ciudadano y sin sentido de pertenencia política, en deterioro de la convivencia pública y, una vez más, en desprestigio de los partidos y de la política, lo cual llevó al sistema de partidos vigente a un colapso en 2018 y a abrirle la puerta al autoritarismo clientelar».
Y agrega: «el tema del financiamiento condujo a que los partidos políticos se hicieran adictos a los recursos públicos y devinieran en una especie de agencias electorales».
«Por otro lado —sigue diciendo la Plataforma Común del PAN, PRI y PRD—, las iniciativas electorales fueron incapaces de superar la máxima antidemocracia propia del antiguo modelo político: “el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo”, una fórmula proveniente del sistema de partido hegemónico [es decir, el del sistema priista], que ha impedido corregir de fondo la sobrerrepresentación congresional, pero sobre todo la propensión al no acuerdo».
En resumen: «Hacia los finales de la década de 2010, México mostró un crecimiento insuficiente y la perseverancia de los fenómenos de corrupción, inseguridad pública y gran desigualdad social, en un marco contrastante con el importante potencial de desarrollo del país».
El documento incluye otras cuestiones de interés que por ahora quedan en el tintero. Por el momento, procede señalar que si el propósito de enmienda es firme, tendrán que empezar los tres partidos por postular candidatos al Senado y a las diputaciones no solo sin «sesgo mercadotécnico electoral», sino verdaderamente de candidatos de reconocida honorabilidad, preparación y lealtad a sus convicciones.
Juan Antonio García Villa
Torreón, 1945. Ha sido diputado local, senador y diputado federal en tres ocasiones, por el Partido Acción Nacional. En 1999, fue candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PAN-PRD- PVEM-PT, pero fue derrotado por el priista Enrique Martínez y Martínez. De 2003 a 2004, fue subsecretario de la Secretaría de Economía. En 2004, intentó se nuevamente candidato a gobernador de Coahuila, pero fue derrotado en la elección interna del PAN por Jorge Zermeño Infante. De 2006 a 2008, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros medios, ha escrito para El Financiero, El Sol de México y Espacio 4.