Si la razón privara y las vísceras no intervinieran

Soy de quienes piensan que nuestro país no va a cambiar si continúan vigentes las prácticas de un sistema político caduco como el que hoy tenemos. No basta con hacerle «arreglitos» al traje y sobre todo cuando esos «arreglitos» son a modo de quienes los hacen, valiéndoles un pepino que lo que México necesita con urgencia es un traje nuevo, ad hoc a la realidad de estos tiempos.

Pero bueno, empiezo por algo elemental para compartirle estas reflexiones, estimado leyente, y radica en verter el concepto que explica qué es un sistema político. Se trata de un modelo a partir del cual se aspira a comprender y explicar la manera en que la política funciona atendiendo a acción, tiempo y espacio partiendo de la interrelación de los diferentes actores, normas, procesos, circunstancias, etcétera, que intervienen. Se trata de una especie de formato, de esquema, que nos permite entender a través del análisis cómo se articulan y se agregan intereses, la mecánica establecida para que lo hagan y por supuesto las consecuencias que derivan de esas vinculaciones traducidas en determinaciones políticas que afectan a la ciudadanía.

Es pues, relevante, subrayar que el diseño del gobierno en nuestro país parte de la división de poderes, el Legislativo que es bicameral, el Ejecutivo y el Judicial, cuya conformación y fundamento se asientan en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma jurídica de más jerarquía. Cada uno de estos poderes tiene un ámbito específico de competencias y el Poder Constituyente que es el que los crea, los dividió así para evitar injerencia entre ellos, por supuesto que estableció relaciones de colaboración. No obstante, la realidad es que el Ejecutivo en la praxis tiene una prevalencia deleznable sobre los otros dos, fenómeno que se conoce como presidencialismo, y que ha sido nefasto, tanto, que en mucho la corrupción institucionalizada que tenemos en México deriva de esta infausta situación.

Los 70 años de priato contribuyeron con creces a ello, la alternancia de 12 años del PAN no le hizo mella, regresó con el PRI, con más fuerza, en el 2012 y hoy vive sus «mejores» días con López Obrador. Asimismo, se adoptó la forma de estado federal, que permite la incorporación de las entidades federativas en la toma de decisiones nacionales, dentro de sus propios ámbitos de competencia, verbi gratia, se requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales para aprobar una reforma a la Constitución de la república. No obstante, es un muro de contención endeble, porque si el partido del presidente de la república domina en las legislaturas de los estados, como ocurrió durante los 70 años de mayoría priista, pues les hace cosquillas y se aprueba lo que el titular del Ejecutivo guste y mande. Y lo mismo ocurre en las dos cámaras del Legislativo federal, teniendo mayoría calificada, que es la que se prevé en la Carta Magna para reformas constitucionales. Y no hablo de oídas, tuve el honor de ser diputada federal. Se aprueban verdaderas barbaridades, sin importar argumentos jurídicos y de la realidad, y todo eso en detrimento de los mexicanos, y se mandan a la gaveta del olvido cuanto atente contra la mugre establecida en décadas de corrupción e impunidad.

Para quienes pensaban que en el siglo XXI se daría una avalancha de cambios profundos al sistema político mexicano, pues ya pueden sentarse a esperar, porque infortunadamente eso no está sucediendo. Los cambios de fondo que son los que este país requiere a gritos, no son prioridad para el partido que tiene la mayoría en el Legislativo, y a la oposición no le alcanza. El presidente en turno tiene a su favor una mayoría parlamentaria subordinada a sus caprichos, no le cambian ni un punto ni una coma a sus iniciativas de ley o a las que presentan sus ad lateres. Es cierto que batalla con las reformas constitucionales, pero pudo sacar, para mal y daño de este país, por ejemplo, la educativa, con la legislatura anterior. Y con las leyes secundarias para las que no se mandata la mayoría calificada, pues es pan con mantequilla. Las voluntades se compran con billetes… como siempre.

Hay reformas que no prosperan por la multiplicidad de intereses mezquinos, que prevalecen en los grupos parlamentarios de los propios partidos políticos que tienen asiento en las Cámaras. ¿Cómo cuáles? Como la segunda vuelta electoral, con la finalidad de garantizar que el ganador de la contienda presidencial cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. Otra, la adopción de un sistema semipresidencialista que obligue a formar una coalición legislativa para designar una especie de primer ministro que conduzca la acción de gobierno. Asimismo, establecer que la reelección legislativa inmediata no esté sujeta a la venia de los partidos políticos, y que verdaderamente sea el elector quien premie o mande a paseo al legislador que desea repetir. Esto abonaría con creces a que los diputados y senadores se esforzaran realmente en realizar su trabajo a cabalidad, con alto espíritu de compromiso, y se fuera generando confianza y credibilidad en los representantes populares, porque hoy no existe. Además, sanearía hacia el interior de los partidos políticos quitándoles a las mafias que se apoderan de los mismos para determinar quien sí y quien no puede buscar la reelección, atendiendo a si son de su grupo, no a su trabajo parlamentario.

Otra reforma bien interesante sería la de darle valor al voto en blanco. Le disputaría a los partidos su hasta hoy facultad exclusiva de nomás ellos determinar quién va como candidato, toda vez que si la mayoría de los electores expresan contundentemente su repudio con su voto en blanco, ello daría pie hasta anular la elección y obligar a los partidos a presentar otras opciones. Asimismo, reducir de manera sustantiva el financiamiento público a los partidos políticos para que sus dirigentes dejen de utilizarlo como botín, arruinando la vida interna de la organización con el afianzamiento de los de «su grupo» y las «lealtades» por nómina.

También es de orden práctico disminuir el número de diputados plurinominales o de representación proporcional, toda vez que el espíritu con el que fueron creadas se tergiversó y ahora se utilizan para «premiar» lealtades al dirigente en turno y cumbamba que lo apuntala, sin importar capacidad para el cargo y mucho menos honestidad. Y también cambiar las reglas de asignación de estas diputaciones, otorgándolas a quienes contendieron por los distritos de mayoría y no ganaron la elección, tomando en cuenta el porcentaje de votación obtenida acorde con el número de electores del distrito de que se trate. Esto alguna vez estuvo vigente en Coahuila, y sin duda que es de lo más equitativo.

Estas medidas y más que pudieran introducirse servirían para iniciar la transformación de un deteriorado sistema político, como es el nuestro, ya que es fundamental que la gente que llegue a los cargos públicos sea la más calificada, la más casada con principios que abatan esta corrupción que ha podrido todas las instancias del ejercicio del poder público, hago hincapié particularmente en el legislativo, no porque las otras instancias sean puras y blancas, si no por las facultades que tiene el poder que fue concebido para ser el equilibrio de los desmanes en los que pudiera incurrir el Ejecutivo —como ocurre infortunadamente— y las funciones sustantivas que al ejercerse con pulcritud y conocimientos traen prosperidad a la nación: Son el poder que hace las leyes que regulan la actuación de los órganos del estado y las de éste y la población, son quienes aprueban el presupuesto de egresos, la manera en que este ha de distribuirse, incluso lo pueden reasignar, y a su vez quienes le revisan la cuenta pública al gobierno en turno. Dígame usted si no deben de estar los más calificados en esa instancia gubernamental.

Dar solución a esta problemática, que por supuesto, es más grande de lo que yo me he permitido exponer, abonaría a disminuir el desencanto, el coraje, el hartazgo del electorado, que se manifiesta en su casi nula participación en los asuntos públicos, incluso en el básico, como es ir a votar. Esta pasividad de los gobernados ha permitido que se incremente la ineficacia del gobierno en términos generales, la actual no tiene parangón. Se debe de contener la regresión de lo peor de los gobiernos anteriores que este señor que hoy ocupa la presidencia de la República dijo que iba resolver, y resulta que es todo lo contrario y más preocupante: no hay crecimiento económico, aumento del desempleo, reaparición de comportamientos autoritarios en detrimento de los derechos humanos, repartición indiscriminada de recursos públicos vía programas asistencialistas con fines absolutamente electoreros, dependencia colectiva al máximo, nada en pro de la autosuficiencia y por ende de la libertad, altísimos niveles de violencia en la absoluta impunidad, empeño en desaparecer cualquier control al ejercicio del poder público interno externo, alto poder del crimen organizado, no se respeta el estado de derecho, entre otras «perlas». Todo esto sumado está llevándonos a la pérdida de gobernabilidad.

Lo invito respetuosamente a que tomemos conciencia de esto que está ocurriendo en nuestro país, y nada ni nadie va a venir a resolverlo, porque nos va a cargar el payaso, para decirlo en términos pronunciables, si no asumimos la responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde.

Licenciada en sociología por la UANE, Saltillo. Ha cursado estudios de Maestría en sociología, con especialidad en ciencia política, UNAM. Posee varios diplomados, entre los que destacan Análisis Político, en la UIA; El debate nacional, en UANL; Formación de educadores para la democracia, en el IFE; Psicología de género y procuración de justicia. Colabora en Espacio 4, Vanguardia y en otros medios de comunicación.

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