13-N: defensa del INE une a tirios y troyanos

Las protestas para «defender» al Instituto Nacional Electoral reúnen a lo mejor y lo peor del movimiento anti-AMLO y sacan a la oposición del estado de coma. PRI, PAN y PRD cierran filas y empantanan la iniciativa en San Lázaro

Tic Tac legislativo

27-N: marcha morenista arrasa con la marea rosa

Los «otros datos»

Las marchas contra la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reúnen a lo mejor y lo peor de una oposición que parece haber encontrado en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) su mejor bandera.

No obstante, figuras respetables como la del expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, han quedado atrapadas en el mismo lodazal en el que se revuelven dirigentes priistas como Alejandro Moreno y Rubén Moreira, junto a representantes del panismo más conservador, como el expresidente Vicente Fox, o recaudadores del anti-lopezobradorismo, como Claudio X. González.

La reforma político-electoral que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, el pasado 28 de abril, atiende un sentido clamor popular: reducir el costo que representan los partidos, los legisladores y los procesos electorales (Espacio 4, 692). Sin embargo, cada uno los cambios constitucionales propuestos merecen ser abordados con lupa, pues implican riesgos y requieren «candados» para evitar que sean contraproducentes.

De ahí que el pasado 29 de noviembre el bloque opositor cumpliera su promesa y le cerrara el camino a la iniciativa presidencial en San Lázaro.

El cuento de los pluris

El punto más aceptado es la reducción de la cantidad de diputados federales (de 500 a 300), y de senadores (de 128 a 96), pues reduciría la carga al erario que representan los altos salarios y prestaciones de los legisladores. El problema es que se intenta vender como la desaparición de las curules «plurinominales» cuando es todo lo contrario.

México utiliza un sistema mixto para conformar el Congreso. En el caso de la Cámara baja, 300 curules se asignan según los votos obtenidos en igual cantidad de distritos (mayoría relativa) y 200 provienen de una lista presentada por cada partido según los sufragios obtenidos en cinco circunscripciones (representación proporcional).

Según el principio de mayoría relativa (MR), el candidato que gana un distrito se lleva la diputación, independientemente de si los otros candidatos obtienen más votos en conjunto. Esto crea una sobrerrepresentación para el partido ganador, que se intenta subsanar con el principio de representación proporcional (RP).

La reforma de AMLO plantea que solo se elijan 300 diputaciones plurinominales (RP), repartidas según la población de cada estado y en base a 32 listas estatales de candidatos.

Según acusa la oposición, esto genera una desproporción que sería aún mayor en el Senado. La Cámara alta actualmente se conforma por 64 senadores electos de manera directa (dos por estado); 32 asignados a la primera minoría (uno por entidad); y 32 plurinominales (provenientes de una lista nacional que presenta cada partido, de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en el país). En total, son 128 senadores.

La reforma propone reducir el número total a 96, tres por cada entidad, elegidos por el principio de RP, lo cual, según el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, haría «más grande al (partido) grandote y más chico al chiquito» (Reforma, 28.04.22).  Además, argumentan especialistas,  los electores ya no votan por candidatos, sino por el partido.

El árbitro, al banquillo

La propuesta también busca desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales estatales, bajo el válido argumento de que las controversias acaban dirimiéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, el INE se convertiría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad administrativa en materia electoral y estaría conformada por un presidente y siete consejeros (en lugar de once), electos cada seis años por voto popular.

Actualmente, los consejeros son elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años. Al término de cada periodo, la Cámara baja emite una convocatoria pública para cubrir las vacantes.

La propuesta de AMLO plantea que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten 20 candidatos cada uno y que el presidente o presidenta del INEC sea quien obtenga más votos.

«Y aquí está lo complicado. (…) El Ejecutivo propondrá a 20 que serán suyos (de Morena), después el Poder Legislativo donde Morena también tiene mayoría propondrá a otros 20 que estarán alineados, al igual que el Poder Judicial, donde Morena también tiene influencia. Así que de los 60, una gran parte de estas candidatas y candidatos serían cercanos política o ideológicamente al partido gobernante», explica Miguel Angel Lara Otaola, especialista del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Verificado.mx, 09.11.22).

En caso de aprobarse la iniciativa, serían destituidos los actuales consejeros del INE, incluso los que acaban su periodo en abril de 2023: Lorenzo Córdova, Adriana Favela, José Ruiz y Ciro Murayama.

Lo mismo aplica para los magistrados del TEPJF, que también serían electos por votación y el candidato con mayor sufragios sería el presidente. Actualmente, el TEPJF se integra por siete magistrados electorales, los cuales son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, por un periodo de nueve años.

Menos dinero a partidos

La iniciativa de AMLO plantea eliminar el financiamiento ordinario a partidos, los cuales solo recibirían dinero público para campañas. «Esta situación puede implicar contribuciones por parte de los miembros del mismo partido político, grandes empresarios que otorguen cantidades importantes y en un país como México, dinero del crimen organizado. Entonces, reducir el financiamiento público abre la puerta para que financiamiento privado ilícito», agrega Lara.

La iniciativa presidencial también plantea reducir de 48 a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión, debido a los «altos costos de los tiempos en medios de comunicación», pero al mismo propone ampliar la propaganda electoral gubernamental. E4


Tic Tac legislativo

Las 51 iniciativas de reforma constitucional y 57 de cambio a las leyes secundarias que se discuten en la Cámara de Diputados tienen la mira puesta en las elecciones presidenciales del domingo 2 de julio de 2024.

Para que los cambios puedan aplicarse en dicho proceso deberían ser aprobados por la Cámara Baja y avalados por el Senado antes del 31 de mayo de 2023, pues la Constitución establece que las leyes electorales no pueden modificarse en los 90 días previos al inicio del proceso electoral, el cual está programado para septiembre de 2023.

Pero la premura también tiene que ver la conformación del INE, pues el 3 de abril de 2023 concluye el mandato de nueve años de los cuatro consejeros nombrados en abril de 2014, incluido el del presidente del organismo, Lorenzo Córdova. El proceso de renovación iniciará en febrero, cuando la Cámara de Diputados emita la convocatoria pública.

Así las cosas, para que sea de gran calado, la reforma debería quedar aprobada antes del 15 de diciembre de este año, fecha en la que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Pero aún consiguiendo ese milagro, la propuesta aún deberá ser avalada por el Senado. E4


27-N: marcha morenista arrasa con la marea rosa

Acorralado por los límites constitucionales, el presidente pasa del discurso a la acción y envía un claro mensaje a sus detractores: con o sin reforma, el Movimiento de Regeneración Nacional va por todo en 2024

Mientras los opositores se distraían rasgándose las vestiduras y celebrando victorias pírricas, en las colinas resonaban los tambores de las huestes de Morena, listas para arrasar con la marea rosa.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la marcha del 27 de noviembre, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, fue para conmemorar «cuatro años de transformación» y que él mismo la encabezó porque se había «aburgesado mucho», lo cierto es que fue una respuesta a las que se hicieron bajo el lema del #ElINENoSeToca y que el mandatario calificó como «striptease político». De ahí que la oposición y cierta parte de la prensa la hayan denominado «contramarcha».

Más bien se trató de un «Plan C» para sortear el callejón sin salida con el que se topó su reforma en el Congreso, luego de que el bloque priista escatimara su apoyo para salvar su imagen por la «traición» a la coalición Va por México (haber votado a favor de legalizar y extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028).

El «Plan B» del presidente consiste en modificar reglamentos y leyes secundarias, para lo cual no necesita el voto de los legisladores de oposición, pero la Constitución pone a salvo el presupuesto y la elección de consejeros del INE, dos de los pilares de su reforma. Aun así, AMLO podría haber forzado los cambios apostando a un largo debate judicial.

En cambio, prefirió hacer lo que mejor sabe: ponerle rostros a los impulsores del movimiento pro INE y convocar a las masas a seguir defendiendo la reforma para que «quede constancia» de que quienes se oponen a ella «están actuando de manera antidemocrática».

El 27-N, AMLO fue todo en uno: primer mandatario, jefe de partido y comandante de las Fuerzas Armadas. Y es que en torno a él se aglutinaron lo mismo militantes de Morena, que gobernadores, funcionarios públicos de los diferentes ámbitos de Gobierno y militares (vestidos de civil).

Los analistas coinciden en que se trató de una demostración de poder digna de los tiempos del viejo PRI todopoderoso, en los que no había diferencia entre el partido y el Estado. Pero se equivocan los que atribuyen la asistencia masiva solo al arrastre de López Obrador. La marcha morenista no solo fue un «baño de pueblo» del líder supremo, sino un recordatorio de que la cuarta transformación, con lo bueno y lo malo, está más viva que nunca y va por la continuidad en 2024.

El laberinto de la 4T

El despliegue de fuerza deja claro que si la oposición no aclara sus diferencias y se mantiene unida será arrasada en las calles y en las urnas.

Mientras los reflectores se posaban en los presidenciables Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, el verdadero termómetro democrático estaba en los rostros de la gente. El combustible de Morena no está en las redes sociales ni en los círculos donde intelectuales y analistas debaten los alcances de un movimiento que no pueden sentir, sino en sectores marginados y agraviados por décadas de corrupción e impunidad.

Pero el poder de Morena también se pudo medir en las sombras del Palacio Nacional, donde empresarios y propietarios de medios se reunieron con motivo del cuarto informe de Gobierno de AMLO.

La presencia de Alfonso Romo —exjefe de la Oficina presidencial— y el «tiburón» Carlos Bremer, junto al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes, y el propietario de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Raña, habla de que el proyecto económico de la 4T es sólido y puede cobrar nuevos bríos en el marco de la segunda ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Esto, sin contar el espaldarazo del magnate Carlos Slim, quien no estuvo presente en la marcha porque «ya tiene 82 años».

Si Morena tiene algo de qué preocuparse no es de la oposición que sigue dando manotazos de ahogado, sino de sus fracturas internas. La ausencia del senador Ricardo Monreal, quien viajó a Madrid para participar de la XVI Reunión Interparlamentaria México-España, es simbólica.

En el mismo país donde se reúnen los principales opositores del lopezobradornismo, Monreal se juntó con el aspirante presidencial panista Santiago Creel para anunciar que recorrerán juntos el país para impulsar un movimiento llamado «Diálogo y Reconciliación Nacional».

El tamaño sí importa

El mundo de las noticias falsas, de los memes que se burlan del presidente, de los libros que se comparten en WhatsApp con la promesa destapar «escándalos» que sacudirán al Gobierno, se acaba en las banquetas.

Una marcha de más de cinco horas en la que participó más de un millón de personas —según cálculos del Gobierno de la Ciudad de México— es mucho más que una demostración de poder. Los más de 4 kilómetros que caminó López Obrador el 27-N son parte de un camino que viene recorriendo desde hace 31 años, como dirigente estatal del PRD, Jefe de Gobierno de la capital, tres veces candidato presidencial, líder de Morena y como presidente.

Para bien o para mal, esta manifestación marca un punto de inflexión en la historia del país. Nunca antes un informe de Gobierno contó con semejante convocatoria. Y es posible que ya no vuelva a suceder si es que AMLO cumple su palabra y solo regresa a las calles «si la gente lo pide» para despedirse en 2023.

A diferencia de la marcha contra su desafuero en 2004 o de la toma del Paseo de la Reforma tras las elecciones de 2006, esta vez no hubo cristales rotos ni monumentos pintarrajeados. A sus 69 años, López Obrador navegó sonriente por una marea humana que está dispuesta a defender su proyecto de nación.

«Amigas y amigos, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aun, cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de Gobierno que estamos aplicando, mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano», dijo al llegar al templete instalado frente a la Catedral Metropolitana. El que quiera oír, que oiga. E4


Los «otros datos»

Si las marchas del 13-N en defensa del INE ocuparon portadas de diarios y dieron de qué hablar a periodistas y analistas en las siguientes semanas, la del 27-N tuvo una cobertura ininterrumpida de más de seis horas en el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

Atrás quedaron los días en los que Jenaro Villamil fustigaba el uso de medios oficiales para fines políticos. Tal como si se tratara de un partido de fútbol, los canales de televisión y radios públicas siguieron la marcha de AMLO minuto a minuto, informando desde el gallo que le regalaron al presidente, hasta el desvanecimiento de Epigmenio Ibarra.

De ahí que la oposición se centre en llamarla una marcha de «Estado» o de «Gobierno», pues, acusa, ha sido financiada con recursos públicos. Sin embargo, las voces críticas de periodistas que se beneficiaron con el obsceno derroche en publicidad y medios durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quedan apagadas por los ecos del grito «Es un honor estar con Obrador» que aún resuena en la capital del país. E4

Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.

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