Sería ingrato generalizar. La familia Yunes, Pepe, Ramsés y seguramente todo su círculo cercano son de lo mejor en todos los estándares posibles. Héctor Yunes ha sido un político persistente, trabajador y con un genuino sentido de lealtad que todos le reconocen. La diferencia está en Miguel Ángel Yunes Linares y en su vástago. Senadores ambos en la misma fórmula, medida de la seriedad con la que la dirigencia del PAN construyó las candidaturas a legislador.
Miguel Ángel Yunes hijo y padre están en el centro de la atención nacional con su voto para que la mayoría alcanzara la capacidad para cambiar al régimen político al alterar al Poder Judicial y a la Corte. Es un acto de extrema generosidad, si no es que de ingenuidad considerarlos víctimas del régimen. Justo lo contrario, el conocimiento, carácter y trayectoria de Yunes Linares es suficiente para estimar que vio la oportunidad para reafirmarse en sus intereses de acuerdo con las nuevas condiciones del país y de Veracruz.
Se negoció mucho más que impunidad y esto tiene que ver con el deseo de mantener vigencia a partir de los negocios vinculados con la política. Miguel Ángel es actor relevante de primera importancia desde hace más de treinta años. Fue poderosísimo secretario de Gobierno en la gestión de Patricio Chirinos que inició en 1992. Después de varios años de militancia priista fue muy cercano a la profesora Elba Esther Gordillo cuando dejó al tricolor y quien lo promovió a la dirección del ISSSTE y después, en 2010 candidato del PAN al Gobierno del estado y en 2016 resultó ganador. Su temperamento, enriquecimiento desproporcionado y la manera de migrar de lealtades ha hecho de la polémica su compañera. Seguramente sus hijos y familiares son otra cosa, pero quien manda, decide y resuelve es el padre.
La negociación para lograr la mayoría calificada no se hizo con Yunes Márquez, el senador titular, sino con el padre. Vio y valoró lo que se le presentaba. No se sabe quién traicionó, si los Yunes a la oposición o si el oficialismo a sí mismo por lo que representa y significa Yunes Linares. Lo negociado debió de ser repudiado por la gobernadora Rocío Nahle y otros muchos en Morena, sobre todo los de origen cardenista, es una afrenta el acuerdo y difícilmente, al menos para ellos es inaceptable. El mismo presidente López Obrador prefirió mantener distancia, aunque el voto obtenido significaba la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial. Yunes Linares apesta y en el PAN deben entender el grave error de llevarle al Senado, aunque fuera en condición de suplente. A los Yunes —Miguel Ángel— no los doblan, no hay necesidad. Ellos se arreglan y no por un plato de lentejas ni por 30 monedas de oro.
El uso político de la justicia penal es lo que está de relieve. No deja de ser una ironía que para hacer realidad la reforma al Poder Judicial se tuvo que recurrir a uno de los recursos más oprobiosos del control político que es la justicia penal. Pero ese fue el punto de partida, lo visible y hasta en cierta forma gratificante para justificar la traición. Sin embargo, esto no lo explica, porque ciertamente, Yunes Linares tiene el carácter, malicia y experiencia para no dejarse intimidar con tales medios. Lo relevante es lo que todo mundo sospecha y difícilmente se sabrá: el pliego petitorio para que la familia mantenga vigencia política y económica. Caso aparte, aunque con preocupantes analogías es el empleado con el senador de Campeche de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda por el uso político de la justicia penal para darle argumento para ausentarse de la sesión en el Senado de la República. Lo ocurrido deja en entredicho no sólo al ausente de la sesión, sino a la dirigencia de su partido.
MC se ha preocupado en presentar al senador Barreda como víctima, aunque la ausencia fue voluntaria según sus propias palabras y eso lo dice todo, por lo mismo, fundada sospecha de traición. Lo que preocupa a MC es no quedar como la dirigencia del PAN y particularmente Marko Cortés, en ridículo por no garantizar la unidad y la lealtad de sus legisladores en la decisión más delicada para el futuro del país y su democracia. De los 43, muy pocos, quedaron, 42 o muy probablemente 41.
Un país dividido
Andrés Manuel López Obrador como opositor y gobernante ha probado que un gobierno en un país dividido puede salir adelante. El problema está en qué condiciones. Una autoridad cuestionada en sus fundamentos por el opositor abre la puerta al disenso y la debilita para tomar determinaciones difíciles en tiempos complejos. En el otro extremo, un gobernante popular en un país dividido, con una oposición marginal en el debate público da curso al abuso del poder y a la impunidad social y jurídica.
Así puede plantearse el dilema de la última década. El gobierno de Peña Nieto, a partir de las realizaciones de los primeros dos años y ante el desprestigio por los escándalos de venalidad y la incapacidad para lidiar con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa resolvió ir pateando el bote ante la descomposición política generalizada y la frivolidad presidencial, al tiempo que López Obrador iba ganando terreno como opción para dignificar a la política, frenar la corrupción y ofrecer inclusión a las mayorías.
AMLO ganó el poder. La polarización pasó de ser un recurso para ganar votos a un medio para gobernar y anular resistencias, la crítica y hasta el escrutinio al poder. La libertad de expresión independiente del poder, así como la transparencia fueron vistas como recurso neoliberal. Se pasó a la báscula no sólo periodistas de la acera de enfrente, sino también a aliados que persistieron en el oficio crítico al poder, casos de Carmen Aristegui y del semanario Proceso, a su vez que las grandes televisoras se sumaron a la propaganda oficialista de acuerdo con el canon de las ilegales prédicas matutinas del presidente, plenas de mentiras, excesos, agresiones verbales e insultos generalizados. No pocos medios de relevancia asistieron a la práctica de la autocensura.
La polarización se ha naturalizado en la vida pública porque ha sido funcional al poder. Las condiciones de eficacia para el obradorismo descansan en la división de los mexicanos a partir del maniqueísmo que los divide entre buenos y malos, los justos y los ambiciosos y corruptos, los genuinos demócratas y los falsarios. La polarización ofrece dos activos sumamente valiosos para el régimen: la legitimidad sobre su elevada causa moral y blindarse de los malos resultados y de la crítica. Toda postura contraria es un complot de los adversarios en la pretensión de mantener o recuperar sus privilegios. Las palabras presidenciales han sido excesivas contra periodistas críticos e independientes, no así para los criminales .
¿Continuará la polarización? Parece ser que sí, aunque en un nuevo entorno y un distinto referente como liderazgo. No es lo mismo López Obrador que Claudia Sheinbaum, pero hasta ahora las diferencias han sido de formas, no de sustancia. La campaña y desde la elección hasta ahora la adhesión absoluta a la postura del presidente que se va, quien llena de elogios a su sucesora, es incapaz de respetarle su propio espacio; al final de cuentas el proyecto político es él y la sucesión hacia 2030 ya se perfiló. En su perspectiva y en la de muchos más, el gobierno de Sheinbaum es una pausa, una gobernante regente mientras regresa el obradorismo bajo la conducción del hijo del mesías.
La polarización continuará, pero los retos son diferentes. La reforma judicial es punto de inflexión y caída dramática del régimen democrático. Cada vez será más difícil recurrir al pasado para justificar los malos resultados de la gestión del Gobierno. Concentrar el poder ni siquiera da espacio para culpar a la oposición o a los disidentes o la mayoría parlamentaria. El entorno económico tampoco da para reproducir la mediación clientelar entre el poder político y la sociedad. El Gobierno que inicia no cuenta con recursos financieros, a la vez que ahuyenta a la inversión privada. La relación con los socios comerciales apunta a una relación conflictiva que se resolvería con concesiones mayores para así dar seguridad y certeza de derechos. Sin sistema de justicia confiable, los inversionistas trasladarán la competencia jurisdiccional fuera del país, además de las cuantiosas sanciones financieras que desde ya se perfilan.
La herencia del obradorismo no anticipa la catástrofe, pero sí una autoridad política muy distante al consenso de la presidencia de López Obrador, fundamental para el control político y el cambio de régimen político. La polarización muestra efectos de agotamiento como recurso de control y plantea que cuando la propaganda es insuficiente, se presenta la necesidad del uso del aparato represivo. Llegaron no a gobernar, sino a gozar del poder a toda costa. La aprobación de la reforma más relevante de las últimas décadas representa el golpe más severo al régimen democrático en un país dividido a partir de la ventaja del régimen por la polarización.
