Abrumador respaldo al «Sí» en un referéndum al garete

Mientras la mayoría de los países de Centro y Sudamérica defenestran y ponen entre rejas a presidentes corruptos, en México se les protege. El PRI, el PAN y otras fuerzas boicotearon el plebiscito para encausar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. La falta de Estado de derecho obliga a recurrir a la ciudadanía

Guerra Sucia y prensa cómplice del poder

El INE, el trasfondo del plebiscito fallido: Berrueto

Uno de los argumentos para impugnar y disuadir la participación en la consulta popular del 1 de agosto —primera de carácter constitucional—, cuyo propósito era sentar en el banquillo a los expresidentes comprendidos entre Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fue que «la ley se aplica, no se consulta». El sofisma cae por su peso, pues el régimen se diseñó para encubrir y proteger a los poderosos. En México la ley se aplica de manera excepcional, coyuntural y selectiva. Por tanto, es uno de los países con mayores índices de impunidad. El presidente, cabeza del sistema, es todavía intocable. La consulta registró una votación del 7% y no el 40% requerido para corregir el absurdo, pero el 97% de apoyo al «Sí» abre la puerta para procesarlos en el futuro.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Argentina y Brasil ponen el ejemplo a México en materia de justicia y combate a la corrupción y a la impunidad. Presidentes de Centro y Sudamérica han sido encarcelados por robar al erario, recibir sobornos y violar derechos humanos. El peruano Alberto Fujimori purga múltiples condenas, y su predecesor, Alan García, se suicidó para evitar ser detenido por el caso Odebrecht. En Brasil, las protestas contra Jair Bolsonaro por el manejo inadecuado de la pandemia de COVID-19, la escasez de vacunas y los escándalos de corrupción cancelan la posibilidad de un segundo mandato e incluso podrían forzarlo a renunciar. La expresidenta Dilma Rousseff fue destituida en 2016 por modificar informes fiscales y expedir decretos sin autorización del Congreso. Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de Rousseff y uno de los líderes más populares y exitosos de América Latina, pasó varios años en prisión por «corrupción pasiva».

El delito «menos grave» atribuido a Salinas de Gortari fue por haberse apropiado «de la mitad de la partida secreta», cifrada en 190 millones de dólares por el diputado Pablo Gómez (Aristegui En Vivo, 29.04.19). La acusación la hizo el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, durante una conversación telefónica filtrada a Noticias MVS (12.02.09). En el Gobierno de Ernesto Zedillo, Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Energía. La partida confidencial desapareció del presupuesto federal hace apenas dos años.

Durante la presidencia de su hermano, Raúl Salinas sacó 130 millones de dólares del país —tomados en parte de la cuenta secreta— y los depositó en Suiza. Las autoridades helvéticas congelaron las cuentas el 29 de noviembre de 1995. Salinas purgaba entonces una condena de 50 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez como responsable intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI. Las banderas históricas del PAN fueron el cambio y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, Salinas quedó en libertad en la administración de Vicente Fox —primer presidente no priista— y en la de Peña Nieto recuperó el dinero inmovilizado por Suiza.

Carlos Salinas privatizó en su sexenio bancos y empresas estratégicas (Teléfonos de México, Altos Hornos de México y TV Azteca), la mayor parte entre compadres. El expresidente puede ser uno de los hombres más ricos del país. Su hermano Raúl también era conocido como «míster ten per-cent» por las comisiones que recibía de contratistas federales. Liberado de culpa en el Gobierno de Peña Nieto, El País ironizó: «Raúl Salinas de Gortari es desde esta semana un ciudadano honorable sin problemas con la justicia. El hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari ha quedado exonerado de manera definitiva del delito de enriquecimiento ilícito tras un juicio que se ha prolongado durante 19 años. El hombre que en la sombra amasó una fortuna inexplicable cierra su último capítulo de su historia, manchada de sangre y dinero negro, convertido en millonario de por vida» (20.12.14).

El juicio contra Salinas

De los últimos presidentes de la «dictadura perfecta», Miguel de la Madrid Hurtado era el único que podía salir a la calle sin ser denostado. Nunca avergonzó al país con escándalos de corrupción o de otra índole. En el Gobierno de «la renovación moral», lema de su campaña, México y Estados Unidos afrontaron una de sus peores crisis debido al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Un año antes, el periodista Manuel Buendía, autor de la columna «Red Privada», fue ejecutado por la espalda, destaca el documental «¿Quién mató a Manuel Buendía?», estrenado por Netflix el 14 de julio.

Al «último presidente de la Revolución», como se autoproclamó José López Portillo, le ladraban para recordarle su compromiso incumplido de «defender el peso como un perro». La moneda se devaluó en su sexenio 107%. A Salinas de Gortari lo recibían con carteles de rata. Marcado por el escándalo de la casa blanca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y los 34 mil desaparecidos, Peña Nieto era tildado de asesino: «No eres bienvenido en Madrid. Concentración (frente a la Plaza de Cibeles) en repudio a la visita del presidente genocida de México» (Proceso, 25.04.18).

De la Madrid visitó Saltillo varias veces, invitado por el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto. En una comida —ya lo he narrado— le pregunté por qué había preferido como sucesor a Salinas de Gortari. Su respuesta fue confusa, evasiva, pero en La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México (Alfaguara, 1999), Jorge Castañeda desvela cómo se las apañó Salinas para hacerse con la candidatura. Maquillaje de cifras, falseo de datos, altas dosis de perversidad y maquiavelismo. Ya en el poder, cobró venganza contra excompañeros de gabinete, cercanos a De la Madrid. Encarceló al exsecretario de Agricultura, Eduardo Pesqueira, por haberse burlado de él en una cena, y despojó de la gubernatura de Guanajuato a Ramón Aguirre, quien le disputó la candidatura presidencial, para imponer de interino a Carlos Medina (PAN).

Tres años antes de morir, De la Madrid cumplió con un deber de conciencia y secundó a Luis Téllez: acusó a Carlos Salinas de robarse la partida secreta; y a su hermano Raúl, de haberse vinculado con el narcotráfico, otra fuente probable del dinero ocultado en Suiza. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México (Noticias MVS el 13 de febrero de 2009), el expresidente juzga a su sucesor:

«Terminó muy mal, ¿no? Permitió una gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano (Raúl). Conseguía contratos del Gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes (…) los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza». La autora del libro la Casa Blanca de Peña, por cuyo reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo 2014 y el Gabriel García Márquez 2015, aprovechó el resquicio: «¿Era dinero del narco?». «Es posible, sí». «¿Y ellos lo pusieron a su nombre?». «Para llevarse una tajada. Son informaciones muy difíciles de obtener. Fue más fácil procesar a Raúl por la muerte de Ruiz Massieu». «¿Es más fácil demostrar un asesinato que la corrupción o los vínculos con el narco?». «Sí». «De haberlo sabido a tiempo…». «Hubiera actuado».

Las aclaraciones de Salinas, de De la Madrid y de uno de sus hijos (Miguel) no cambiaron la percepción general. El expresidente decía la verdad y admitía el error de haberse decantado por Salinas, quien, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el jefe de la «mafia del poder» cuya extensión a Coahuila, durante el «moreirato», también fue patente.

Peña sigue en la picota

¿Qué podían haber pactado Enrique Peña Nieto, el presidente más impopular de México, y Andrés Manuel López Obrador, el candidato más votado? El primero carecía de fuerza y de capital político para imponer condiciones, y el segundo los tenía de sobra como para aceptar ninguna, a diferencia de Carlos Salinas (PRI) y Felipe Calderón (PAN), cuyos partidos se aliaron después de las elecciones fraudulentas de 1988 y 2006, y cedieron ante los grupos de presión para poder gobernar. Exiliado en España, Peña Nieto es uno de los principales objetivos de la consulta popular del 1 de agosto, cuyo propósito consiste en enjuiciar a los expresidentes venales.

El único reconocimiento de López Obrador a Peña Nieto fue en su discurso inaugural, por no haber intervenido en las elecciones «como lo hicieron otros presidentes». Enseguida lo puso contra las cuerdas: «Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la violencia. (…) Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción».

El objetivo de la primera consulta popular de rango constitucional lo condensó en una frase: «El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. (…) No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del Gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal fuente de poder político, por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción».

Varias figuras ya han sido alcanzadas (Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Ramón Collado y Alonso Ancira), pero aún faltan sus jefes: los expresidentes. Peña Nieto, el más vinculado a Salinas de Gortari, es acaso el principal. Un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, con fecha 24 de septiembre de 2009, filtrado por Wikileaks, le atribuye a Salinas el padrinazgo político del entonces gobernador de Estado de México. «Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia, cuando se trata de amigos y aliados» (La Jornada, 23.05.11).

De los exmandatarios cuyas fotografías exhibieron los promotores de la consulta popular —organizada por el Instituto Nacional Electoral a un costo de 528 millones de pesos— en volantes y carteles, Peña Nieto y Salinas de Gortari son quienes reúnen mejor el perfil descrito por el presidente López Obrador en su toma de posesión. «El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo (…). Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz». En la Cuarta Transformación no habría caza de brujas ni cabezas de turco, dijo AMLO. Sin embargo, en todos los temas «de trascendencia para la vida pública del país (…) la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos». El siguiente referéndum, sobre la revocación de mandato presidencial, será el año próximo. E4

Consulta ciudadana
Sí	97.7%
No	1.5%

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Guerra Sucia y prensa cómplice del poder

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por Vicente Fox, logró encausar al presidente Echeverría, pero al final fue absuelto

Vicente Fox también revisó la historia en busca de justicia. En su caso, por la Guerra Sucia comprendida entre los Gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, «bajo la cobertura de una prensa cómplice». El presidente de la primera alternancia creó en 2002 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo propósito era «“saber la verdad” sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos producto (…) de políticas represivas sistemáticas por servidores públicos (…) y fincar responsabilidades jurídicas —concretamente penales— a los presuntos responsables (…) bajo la óptica de la justicia transicional» (Wikipedia).

Las conclusiones aparecen en el Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana: Fiscalía Especial Femospp. Serie: México: Genocidio y delitos de lesa humanidad. El órgano desapareció en el primer año de la administración de Felipe Calderón, justo cuando iniciaba otra guerra; esta vez, contra la delincuencia organizada. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dice al respecto en su página web: «el final de la Femospp (en 2007) fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles (sic)».

En esa línea, Wikipedia apunta que la represión militar y política, ocurrida entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado, «es un tema poco conocido por el grueso de la población, esto debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó en los libros de historia». Como otros temas sensibles, el informe de la Femospp circuló primero en Estados Unidos y entre historiadores y escritores mexicanos como Elena Poniatowska, Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, quienes publicaron sobre la Guerra Sucia.

«En aras del derecho ciudadano a la información», el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), con sede en la Universidad George Washington, presentó un borrador del informe de la Femospp, el 26 de febrero de 2006, en su página de internet. Durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, «cientos de ciudadanos mexicanos —tanto civiles inocentes como militares armados— fueron asesinados o “desaparecidos” por fuerzas militares y de seguridad. Miles más fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades».

Enseguida advierte: «Después de que la elección del presidente Fox marcó una transición política después de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno mexicano ha actuado decididamente en favor de una mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas». Sin embargo, reprocha: «El hecho de que una versión del informe final de la Fiscalía Especial se encuentre circulando entre un puñado de ciudadanos prominentes —y sin embargo siga cerrado e inaccesible para aquellos que fueron más afectados por la violencia— es una situación que evoca al pasado en México, cuando los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de participar cívicamente por parte de un gobierno determinado a mantenerlos en la oscuridad. La información era poder, y el derecho a la información no existía para ciudadanos ordinarios».

La Femospp acusó a Luis Echeverría —único exmandatario superviviente de la Guerra Sucia— de tramar, junto con Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Se le dictó arresto domiciliario por presunto genocidio, pero en 2009 fue absuelto… también por la masacre del Jueves de Corpus (1971), cuando era presidente. «No hay un solo castigado de esa cadena terrible de crímenes que se inició en el 69», deploró la activista Rosario Ibarra de Piedra (El Mundo, 27.03.09). E4

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El INE, el trasfondo del plebiscito fallido: Berrueto

La perversión de la democracia es el legado de este Gobierno. La democracia directa de la 4T ha sido una burla y un medio recurrente para engañar y manipular, afirma el analista

Para el analista político Federico Berrueto Pruneda, la consulta popular del primer domingo de agosto no era actuar judicialmente contra los últimos presidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), sino desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) y preparar el terreno para que el sucesor de Lorenzo Córdova «sea funcional al interés electoral del presidente López Obrador con vistas a los comicios de 2024». Berrueto anticipó el fiasco del referéndum y el resultado «abrumadoramente favorable al “Sí”» para encausar a los expresidentes. El siguiente paso será «una nueva campaña para justificarse a partir de la condena pública del pasado», declaró a Código Libre Radio por Internet, en vísperas del plebiscito.

«(En el caso de Peña Nieto) mucho «podría hacerse en el frente judicial. (…) También el expresidente Carlos Salinas de Gortari participó en negocios en el pasado reciente, actividades, muchas de ellas, de dudosa legalidad; sin embargo las autoridades no han actuado a pesar de que tienen pruebas».

Federico Berrueto Pruneda, analista político

La Cámara de Diputados elige a los consejeros del INE con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, previa evaluación de un consejo técnico nombrado por la Junta de Coordinación Política, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Siete de los 11 consejeros en funciones llegaron al cargo con el apoyo del PRI y el PAN, en el gobierno de Peña Nieto. El periodo de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama, contrarios a las posturas del presidente López Obrador, terminará en 2023. AMLO propone reformar al Instituto.

Mario Delgado, líder de Morena, apunta en la misma dirección. «No les gusta —a veces— a algunos que digamos que la autoridad electoral tiene que renovarse, porque no está a la altura del momento histórico que vive nuestro país, del deseo del pueblo de México de vivir en democracia, y una vez lo demuestran. Después del papel que tuvieron en esta elección del 2021, haciéndole el juego al PRIAN, ahora están —claramente— obstaculizando este ejercicio» (Forbes, 27.07.21). El INE realizó el plebiscito con cargo a su presupuesto anual. La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda le negaron la ampliación de 528 millones de pesos solicitada para el ejercicio.

Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica y crítico del presidente López Obrador, dice que el Gobierno y Morena responsabilizarán al INE del fracaso. De esa manera buscarán «exculparse por la pésima movilización de su partido en la pretensión de legitimar la consulta». Para el exasesor de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, el problema fue «la falta de interés» de la ciudadanía. «No hay ingenuidad», advierte. «Condenar al pasado es legitimar al presente, por ominoso que éste sea. En la consulta no solo hay mucha politiquería, utilizando la expresión del presidente López Obrador, sino también hipocresía».

La mayoría de las causas criminales contra los predecesores de AMLO han prescrito, apunta. En el caso de Peña Nieto, mucho «podría hacerse en el frente judicial (…); sin embargo, no se actúa. También el expresidente Carlos Salinas de Gortari participó en negocios en el pasado reciente, actividades, muchas de ellas, de dudosa legalidad; sin embargo las autoridades no han actuado a pesar de que tienen pruebas».

La conclusión de Berrueto es demoledora: «La perversión de la democracia es el legado de este Gobierno. La democracia directa de la Cuarta Transformación ha sido una burla y un medio recurrente para engañar y manipular. Por ahora queda claro que la ley no se vota, mucho menos el ejercicio de la justicia penal para quienes han actuado en contra de la ley. Así vale con todos, expresidentes o no, incluso, ¿por qué no?, en su momento, contra López-Gattel y el mismo López Obrador». E4