Acción vil, ¿hacia el Estado de sitio?

Los jubilados, pensionados y trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila de la Sección 38 del SNTE, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, manifestamos nuestro rechazo total a las medidas de represión extrema adoptadas por el Gobierno del Estado contra los participantes del plantón instalado en Plaza de Armas de Saltillo desde hace más de cuatro meses.

La madrugada del 14 de septiembre, los docentes que estaban de guardia fueron desalojados y despojados de sus escasas posesiones por los policías que ejecutaron órdenes del verdugo tirano que gobierna Coahuila, violando flagrantemente sus derechos de manifestación y protesta estipulados en la Constitución, que establece: «Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales suscritos por México. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución mexicana y los Tratados internacionales suscritos por México. c) Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de Gobierno» (Art. 7).

«Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley» (Adicionado, P.O. 04 de septiembre de 2020).

«Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes: La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental».(Reformado, P.O. 7 de agosto de 2012).

Lamento verme en la necesidad de transcribir estos artículos de la Constitución, porque aquí, para el Gobierno, la ley no significa nada, es letra muerta, la violencia inconstitucional que practica este Gobierno y la dirigencia de la Sección 38 del SNTE viola los principios de igualdad, obligatoriedad, solidaridad, subsidiaridad y universalidad y niegan a los jubilados, pensionados y los maestros activos sus derechos a la salud y los que nuestras leyes nos han otorgado, que no son un obsequio, son derechos que nos hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo.

Desde hace más de 10 años estamos exigiendo que se hagan las modificaciones a la Ley de Pensiones vigente y a la Ley del Servicio Médico con base a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la seguridad social nacional, pero la sordera de las autoridades gubernamentales es crónica, endémica, incurable.

También hemos demandado que el Gobierno del Estado se haga responsable de la pensión y servicios de salud para los trabajadores de la educación pública en Coahuila, como garante de la seguridad social que la ley le asigna. El sistema de pensiones y el servicio médico actual es el más caro de todo el país y ya los trabajadores no podemos aumentar lo que hasta hoy aportamos.

Exigimos que los diputados y diputadas, en el Presupuesto de Egresos 2022, asignen el gasto a pensiones y al servicio médico como parte de lo más necesario y dejen de concederlo al pago de la megadeuda y compra de votos para el PRI. Aunque todos los coahuilenses saben que el poder Legislativo es solo un figurín al mando del Ejecutivo estatal.

Abominamos los ataques represores del Gobierno de Coahuila en contra del magisterio y su desalojo del plantón, exigimos que nuestro compañero Gustavo García Torres, que fue arrestado y puesto en libertad, deje de ser acosado, que cese la represión de la que somos objeto y ante la incapacidad del gobernador de solucionar la problemática creada por ellos y la Sección 38 deje de recurrir a la violencia y que respete nuestros derechos civiles, sociales y políticos.

García Torres fue esposado y recluido en la cárcel municipal acusado de alterar el orden público y del absurdo de pretender dinamitar el palacio de Gobierno. Su ilegal detención se prolongó por más de 20 horas y fue liberado gracias a la fuerte presión de los maestros jubilados y activos que cerraron calles y detuvieron la circulación vehicular hasta lograr su libertad.

Pero la historia no terminó ahí, las autoridades del Ministerio Público amenazaron a Gustavo con remitirlo al penal sin derecho a fianza y agregar el delito de motín, cuando en 2018 él y un grupo de jubilados fueron desalojados del Congreso local por órdenes del gobernador. Finalmente el «acusado» debía firmar las condiciones de su liberación: no acercarse al Palacio en 60 días, ni a los policías «víctimas», su abogado le aconsejó firmar para seguir activo y en libertad lo cual finalmente García Torres aceptó.

Mas las acciones represivas del Gobierno no se detuvieron, la Coalición de Trabajadores de la Educación había acordado reunirse la tarde del día 21 de septiembre para informar sobre la situación que prevalecía después del desalojo, pero las fuerzas de seguridad policiales cercaron toda el área desde la plaza de la nueva Tlaxcala, el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, aun el paso de personas era vigilado, algo totalmente inusual, los presentes calcularon que probablemente en el área había 500 elementos policiacos, con perros, patrullas y camionetas, algo nunca visto en la ciudad, era en los hechos un Estado de sitio carente de las reglas legales en el que éste debe darse.

Resultan realmente sorprendentes las medidas dictadas por MARS ¿Le tiene miedo a un grupo de maestros pensionados y jubilados, adultos mayores que lo único que han hecho es exigir que se cumpla la ley y se reconozcan sus derechos? Su intolerancia es irracional y demencial.

Controvertida revocación de mandato

Multitud de mexicanos consideran inútil la revocación de mandato que propuso el presidente de México y que fue aprobada por la Cámara de Senadores. Esta ley «es el mecanismo de democracia participativa por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular a un candidato que resultara electo en la última elección en su distrito o circunscripción electoral, ya sea del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo federal» (Capítulo 1). Los argumentos más invocados por los ciudadanos que la rechazan, son que es inútil porque más de 30 millones de ciudadanos votaron por el actual presidente y además, objetan, ¿qué caso tiene gastar altas cantidades de dinero en la revocación cuando hay tanta pobreza y necesidades urgentes en el país?

Se respetan las opiniones. No obstante, recientemente se realizó una revocación de mandato para destituir al gobernador de California en los Estados Unidos. No es la primera vez que ahí se presenta un hecho así. En 2003 los californianos votaron por la revocación del demócrata Gray Davis y lo reemplazaron por el republicano Arnold Schwarzenegger, el gran actor, y éste ganó.

Newsom, el actual gobernador fue elegido en 2018 y el año pasado un grupo de californianos conservadores criticaron su mandato en materia de inmigración, impuestos y la crisis de las personas sin hogar en el estado, presentando una solicitud de destitución a finales de 2019 en medio de la ira por los confinamientos de Covid-19 y otras restricciones impuestas por Newsom al comercio local.

El resurgimiento de la pandemia y la frustración por los incendios forestales, la sequía y las crisis de personas sin hogar en el estado, infundieron un nivel inesperado de impulso en la gestión del gobernante, lo que causó preocupación entre sus aliados, mientras que los votantes republicanos estaban muy entusiasmados y motivados para votar en contra de Newsom.

La revocación californiana contenía dos preguntas: 1.- ¿Debe ser destituido Gavin Newsom de su cargo como gobernador? -SI -NO. 2. Si Gavin Newsom es destituido, ¿quién debería sustituirlo como gobernador? Se presentaron 23 candidatos republicanos, 9 demócratas y 13 de un tercer partido o sin partido, inusitado, 45 aspirantes.

En una encuesta publicada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de Berkeley, el 67% de los votantes encuestados latinos rechazaban el intento de destitución, los latinos son el mayor grupo étnico de California y una parte crucial del electorado, California tiene 22 millones de votantes.

Los conocedores de la población californiana opinaban que Gavin Newsom ganaría la revocación porque el electorado californiano hoy es muy diferente al de 2003 fecha de la primera revocación: Es más hispano y asiático, también más joven. Los hispanos representan más de una cuarta parte del padrón electoral y son demócratas, los republicanos son menos, además, a medida que esos bloques de población aumentan, el electorado se rejuvenece y los demócratas han aumentado su hegemonía en California, que es considerado un estado «santuario»: protector de migrantes.

El mandato de Newsom terminaría en enero de 2023. En Los Ángeles y San Francisco los porcentajes a su favor fueron muy altos, de manera que su ratificación como gobernador le fue favorable, ganó con 65% de la votación demócrata.

En fin, quise citar este caso de revocación de mandato para que la oposición de este país pierda el miedo y se ponga a trabajar con sus electorados tradicionales, aunque le está pidiendo a AMLO que termine su sexenio sin regateos, o sea, no quieren entrarle. Esto aún no termina, hay mucho trabajo y decisiones que tomar por delante.