Andanada mediática

Tras el remezón causado por los Papeles de Pandora corresponde a los Gobiernos de cada país decidir sobre la licitud de los fondos transferidos a los paraísos fiscales lo mismo para invertir y resguardar ahorros que para evadir el fisco, registrar empresas fantasma, ocultar propiedades e incluso lavar dinero. En Chile las oposiciones que controlan el Congreso iniciaron un proceso de destitución contra el presidente Sebastián Piñera por utilizar el cargo para realizar negocios personales. La pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) deja mal parado al mandatario de derechas. La Fiscalía ya lo investigaba por el traspaso de una mina cuya operación estaba a cargo de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

Animado por el apoyo y la movilización del oficialismo, Piñera acudió al Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público para descalificar la acusación por «infundada». Piñera dista mucho de ser un político pobre. Tampoco lo era el exgobernador de Estado de México, Carlos Hank González, cuya fortuna la revista Forbes calculó en mil millones de dólares. En 2017, un año antes de ganar la presidencia, la riqueza de Piñera rondaba los 2 mil 700 millones de dólares, según la misma revista, pero como candidato solo declaró 600 millones. El resto lo habría ocultado en Islas Vírgenes, de acuerdo con el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile (Wikipedia).

Los países de donde salieron las fortunas de expresidentes, políticos y oligarcas, ventiladas por el ICIJ, reaccionaron según el vigor de las oposiciones y el interés de los medios de comunicación, pero la sola exhibición de los casos representa una condena. En el ámbito local, el exgobernador Enrique Martínez y el senador Armando Guadiana dieron sus versiones solo para salir del paso. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dejó su defensa al gobernador Miguel Riquelme. Sin embargo, corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera determinar si los activos fueron declarados ante la Secretaría de Hacienda. Ese es el meollo del asunto.

Contrario a lo que sucede en Las Vegas, «no todo lo que pasa en Coahuila se queda en Coahuila». La publicación de los Papeles de Pandora coincidió con el informe legislativo de Guadiana, quien primero culpó a sus contadores por omitir 28 millones de dólares en su declaración patrimonial. El capital lo manifestó ante Stanford Financial Group, cuyo fundador purga una sentencia de 110 años de cárcel por un fraude multimillonario (El País, 03.10.21). El senador de Morena dijo que el fideicomiso The Hawaii Trust, iniciado con un depósito inicial por 250 mil dólares en las Islas Vírgenes Británicas, era para un proyecto minero en Colombia donde finalmente no invirtió.

En medio de una andanada mediática (Denise Dresser, Sergio Sarmiento, Guadalupe Loaeza y otros columnistas pusieron en la picota al senador coahuilense), Guadiana cambió de versión. Según él, no estaba obligado a revelar su patrimonio, pues en 2007 aún no era funcionario público. Sin embargo, como senador tampoco declaró las acciones en Atlantic Industries Internacional Limited. En rueda de prensa se presentó como un contribuyente ejemplar, pero, sobre todo, como un hombre no rico, sino muy rico. Dijo que en la última década sus ingresos personales rebasaron los 200 millones de pesos [«y más de mil millones (…) en los últimos 50 años» (Reforma, 06.21)], de los cuales pagó más de 60 millones de pesos al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta.