Cabeza de Vaca enfilado al matadero por desafuero

Al tamaulipeco le imputan 951 millones de pesos, producto de actividades ilícitas. El mandatario asegura que es víctima de una caza de brujas gestada en Palacio Nacional. La Alianza Federalista, sin consenso, dice y se desdice

La opinión pública y los medios de comunicación ganan protagonismo en medio del proceso de desafuero que enfrenta el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El mandatario asegura ser víctima de un linchamiento mediático provocado, a su vez, por una persecución política que se fraguó desde Palacio Nacional. Mientras tanto, convoca mítines y movilizaciones sociales para demostrar que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, son periódicos como El Mañana los que sufren hostigamiento sistemático ante la imposición de demandas.

El resultado de una encuesta telefónica llevada a cabo por Indermec y publicada el 15 de marzo, muestra al gobernador de Tamaulipas con un índice de aprobación del 33.3% cuando encuestas anteriores lo ubicaban con el 65%, lo cual significa una caída de casi 33 puntos porcentuales.

No hay dudas de algo. Puede que el veredicto de este caso se sirva desde los tribunales, pero es ahora que se cuece en la calle y la prensa.

Publicación y censura

El 23 de febrero la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó el desafuero a partir de las acusaciones que se le imputan al gobernador panista por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La FGR asegura que Cabeza de Vaca acumuló en cuatro años una fortuna de 951 millones de pesos producto de actividades ilegales. En la carpeta de investigación que integraron la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público se acredita que, tan solo entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fantasma, la cual no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones (La Jornada, 05.03.21). Además, a los bienes declarados oficialmente por el mandatario —alrededor de 50 millones de pesos— se han de sumar varios restaurantes, residencias, galerías de arte y ranchos que le pertenecen.

«Lo publicado en El Norte y Reforma son especulaciones que nada tienen que ver con la solicitud de desafuero. De nueva cuenta, filtraciones dolosas para crear percepciones de culpabilidad».

Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

El gobernador panista tildó de «especulaciones» las publicaciones del Grupo Reforma que hicieron rápido eco de la noticia y alentó a la sociedad a no dejarse llevar por filtraciones que pretenden manchar su nombre. «Lo publicado en El Norte y Reforma son especulaciones que nada tienen que ver con la solicitud de desafuero. De nueva cuenta, filtraciones dolosas para crear percepciones de culpabilidad. Exijo seriedad a las autoridades en el manejo de este asunto», expresó.

El problema es que mucho antes de que la FGR solicitara el desafuero, ya otros medios de comunicación alertaban sobre los turbios negocios de Cabeza de Vaca. En su columna «Vaca y Toro» (Reforma, 11.03.21), el periodista Guadalupe Loeza advierte sobre el periódico El Mañana: «No hay duda que fue el primer diario en el estado de Tamaulipas en denunciar al gobernador panista, porque todo el mundo le tiene pavor por vengativo. Desde que inició la campaña para gobernador del estado, en 2016, la primera plana de El Mañana del 8 de mayo, decía: “Candidatos del PAN tienen líos con la ley”, después de hacer un análisis muy acucioso de siete candidatos panistas».

Otro ejemplo refiere a las repercusiones negativas que sufrió el mismo diario luego de publicar investigaciones en torno a un presunto desvío de recursos públicos del gobierno municipal de Nuevo Laredo con respaldo del gobierno del estado. El trabajo contaba con el sustento de contratos publicitarios a empresas fantasma y contratos públicos entregados a familiares y amigos del círculo del entonces alcalde Enrique Rivas. «El municipio de Nuevo Laredo empieza a hostigar sistemáticamente al diario con una serie de demandas por supuesto daño moral con un valor de 60 millones de pesos», señala Loeza en la misma publicación.

Finalmente, tras presiones ejercidas por organizaciones internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, el periódico fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

«Persecución política»

Cabeza de Vaca asegura ser víctima de una cacería de brujas orquestada desde Los Pinos. El gobernador de Tamaulipas es uno de los integrantes de la autodenominada Alianza Federalista, compuesta por 10 mandatarios estatales que se oponen al autoritarismo del presidente y demandan mayores partidas presupuestales para sus entidades.

«Estas denuncias que hoy en día se están presentado a la Cámara de diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional», expresó durante una conferencia en la Cámara de diputados.

Sin embargo, aunque al inicio los integrantes de la Alianza Federalista se pronunciaron dispuestos a apoyar a Cabeza de Vaca, pronto quedó demostrado que no había unidad entre ellos. «Los gobernadores de la Alianza federalista expresamos nuestro absoluto respaldo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y no permitiremos que se usen a las instituciones del Estado mexicano para someter a adversarios políticos», dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD) (Forbes, 26.02.21). Más tarde, ese mismo día, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) publicaba en Twitter: «Siempre defenderé la idea de que la ley se tiene que aplicar sin distingos. Creo que el fiscal Gertz Manero es un hombre serio que no se prestaría al uso político de la institución que preside. Confío en que este asunto se resuelva con apego a legalidad y al Estado de derecho». El gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), terminaría por confirmar que la agrupación no llegó a un consenso sobre el caso.

El 28 de febrero, el PAN convocó a una marcha para que los seguidores de Cabeza de Vaca salieran a las calles y mostraran su apoyo. Así lo hicieron miles de personas provenientes de distintos municipios de Tamaulipas que, en medio de la crisis sanitaria y sin respeto a la sana distancia o al uso generalizado de cubrebocas, se congregaron en la Plaza Juárez, Ciudad Victoria, portando carteles con consignas como «Con Tamaulipas no se juega» y «Estamos con nuestro gobernador».

No obstante, pronto fue puesta en duda la voluntariedad de los manifestantes. Choferes de Ciudad Mante denunciaron que habían sido coaccionados para formar parte del evento. «Fuimos obligados a asistir, de no hacerlo, nos retirarían el permiso de circulación», señalaron (El Financiero, 28.02.21).

Transparencia limitada

El expediente del proceso de desafuero solo puede ser consultado por la fiscalía, el gobernador de Tamaulipas y los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de diputados. La razón, aduce el presidente de esa instancia legislativa, Pablo Gómez Álvarez, se debe a la naturaleza de los fundamentos vertidos en dicha documentación pues datos personales acompañan a las pruebas presentadas.

Las audiencias, en cambio, sí serán públicas. Por lo que a cualquier testigo dispuesto a ofrecer testimonio se le programará una cita de la misma forma que se procede con cualquier audiencia común. Así lo dictaminó la Sección Instructora y de inmediato, Javier Lozano, vocero del gobernador, declaró que con ello se trataba de ejecutar un linchamiento mediático. «El efecto corruptor se hace presente. Violan el debido proceso. La Sección Instructora no es juez ni el desafuero es juicio. A falta de sustancia, linchamiento mediático vs @fgcabezadevaca en la víspera del proceso electoral. Caja china para esconder que #UnVioladorSiSeraGobernador», posteó Lozano. E4