Santiago Nieto, el largo brazo de la 4T

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera considera al Ministerio Público inoperante, a gobernadores fuera de control y a organismos de seguridad minados por el narco como consecuencias de la corrupción de gobiernos pasados. Hoy, la Alianza Federalista exige más recursos, pero sin regulaciones, advierte

La dura embestida que la maquinaria gubernamental dio a Santiago Nieto Castillo en el sexenio pasado por ejercer con imparcialidad su función como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) evidenció la manipulación de las instituciones del Estado por parte de quienes ostentan el poder político en México.

El conflicto partió de informes publicados por las ONG de investigación periodística Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab, que acusaban a Emilio Lozoya Austin de triangular, en 2012, millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht hacia la campaña presidencial de Peña Nieto. La polémica aumentó cuando Nieto Castillo comunicó al diario Reforma que Lozoya Austin lo había presionado para declarar públicamente su inocencia sobre tales señalamientos.

«En caso de efectuarse una consulta para decidir si se investiga o no a los expresidentes con fines de enjuiciamiento, yo sería el primero en firmar por el sí».

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Tras ventilar el tema en la prensa, Nieto Castillo fue removido de su cargo el 20 de octubre de 2017. La razón oficial: transgredir lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR) al violar el sigilo de carpetas de investigación y la presunción de inocencia del investigado. En su defensa, Nieto Castillo sostuvo que su destitución constituyó una decisión arbitraria para proteger tanto a Lozoya como a la imagen del presidente Peña Nieto. «Se me acusaba de violar el sigilo de carpetas de investigación, con lo cual no estoy de acuerdo, porque creo que en una democracia los derechos a la libertad de expresión y a la información pública son preferentes ante la presunta comisión de una conducta delictiva por parte de un servidor público» (El Financiero, 26.02.20).

Un año después de tener que abandonar su puesto la situación daba un giro de 180 grados. El 3 de septiembre de 2018 —día del último informe de Peña Nieto— Santiago Nieto Castillo era anunciado por el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, dependencia de la SHCP), cargo que ostenta hasta la fecha y desde el cual ha dado cauce a la judicialización de, al menos, dos de las denuncias interpuestas contra Lozoya; una, la relacionada con el caso Odebrecht, y otra, la venta fraudulenta de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

Eje de la corrupción

En el libro Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México (Grijalbo, 2018), María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde concluyen que «hay seis veces mayor flujo de efectivo en las entidades que desarrollan un proceso electoral». Para Nieto Castillo eso es indicador de lavado de dinero y corrupción política, así lo señala en su libro Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019), en el cual plantea la tesis de que «la corrupción surge de los procesos electorales, y eso nos lleva a la necesidad de actuar para blindarlos… por eso entre el instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmamos un convenio de colaboración para intercambiar información».

Con la mira puesta en la ruta monetaria, según comenta en su publicación, lo lamentable es que el lavado de dinero sea un delito que prescribe a los 10 años, porque eso deja fuera del alcance de la UIF y de otras dependencias mucha información respecto a fraudes cometidos durante el gobierno de Fox, parte del de Calderón y sexenios anteriores.

«La corrupción surge de los procesos electorales, y eso nos lleva a la necesidad de actuar para blindarlos».

Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo

Para evitar que se repitan y dejar en evidencia cómo se realiza el lavado de dinero a través de los procesos electorales, sugiere conformar una «comisión de la verdad», algo similar a lo que hicieron las naciones sudamericanas al salir de sus dictaduras militares, aunque allá se enfocaron en las graves violaciones de derechos humanos. Señala que en México se revisarían los procesos de corrupción política, para conocer cómo y quiénes desviaron recursos hacia la compra de votos, y la forma en que miembros de la clase política, tanto del PRI, del PAN o del PRD, constituyeron empresas fachada y factureras para sacar dinero y llevarlo a paraísos fiscales alrededor del mundo.

De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Riesgo 2020, elaborado por la UIF, los temas vinculados a corrupción consumen un 6.8% del PIB nacional, y el lavado de dinero abarca entre 5.5 y 7% del PIB. Se apunta que gracias a los mecanismos de monitoreo y control de flujo de dinero desde el gobierno de la 4T hacia instancias de menor jerarquía se ha conseguido, entre otros aspectos, avanzar en la recatalogación de México entre los países más corruptos del planeta, al pasar del lugar 138, en 2019, al 130, en 2020.

El reporte puntualiza que la evasión de pagos al SAT bajo la pantalla de la generación de empleos y de desarrollo, junto con las pérdidas por defraudación fiscal, ascendían a 354 mil millones de pesos anuales. Un método común comprendía el uso de facturas falsas o de empresas fantasma —que incluso el propio Estado mexicano creaba—, sin las cuales ni la Estafa Maestra, ni la Operación Safiro o parte del caso Odebrecht o el peculado electoral en algunas entidades, como Nayarit o Coahuila, entre otras, se podrían entender.

Robo en despoblado

En entrevista concedida al canal de TV UNAM (15.09.20), Santiago Nieto declaró que, en administraciones anteriores, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera servía para extorsionar.

«Utilizaban la información de la UIF y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para amedrentar a grandes o pequeños empresarios que incurrían en delitos financieros, y su castigo era el embargo de dinero en efectivo. “Era un robo en despoblado”.

»Otra cosa que hacían era investigaciones con fines políticos, para pegarle a los adversarios en turno. Cuando se habló, por ejemplo, de que John Ackerman era un agente ruso, era con base en información de la UIF; igualmente cuando se difundió que Josefina Vázquez Mota había recibido cierta cantidad de dinero.

»Debido a que México tenía que cumplir compromisos internacionales adoptados como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi), se generó una UIF que en realidad operaba al servicio de un grupo del Estado de México, para fines de naturaleza política o empresarial.

»En otro tema, hubo un caso en que desbloquearon injustificadamente 922 cuentas en un día, 46 de las cuales eran del cartel de Sinaloa. Eso refiere que el crimen organizado realmente infiltró al Estado y operó a sus anchas, porque esas cuentas deberían seguir congeladas, puesto que a través del dinero es como contienes al crimen organizado, y nadie lo hizo», precisó.

Nieto Castillo dijo a TV UNAM que entre los documentos hallados al tomar posesión de su oficina se incluía un listado en una tabla de excel con nombres de todas las personas que habían sido investigadas, año tras año, incluido el suyo, el de López Obrador, la ministra Sánchez Cordero y al secretario de Seguridad, Durazo, entre muchos otros.

«Hay que recordar, todos lo sabemos, que venimos del gobierno más corrupto y más irresponsable de la historia moderna de México, que fue el de Enrique Peña Nieto», enfatizó.

Como estrategia de control del narcotráfico, el titular de la UIF sugiere combatir a sicarios y a sus estructuras financieras para detener su flujo de capitales, porque lavan dinero en muchas operaciones comerciales comunes y corrientes.

Pero también insta a enfrentar la corrupción, porque señala que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino a partir de acuerdos, intimidación o amenazas, principalmente a las autoridades municipales, para controlar el trasiego.

De las 19 organizaciones criminales de alto impacto detectadas, muchas se fortalecieron durante el sexenio anterior, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación es la más importante y supranacional, pero Nieto Castillo indica que todos surgen de componendas, algunas de las cuales implican participación federal, sin las cuales no se explica lo hecho por García Luna.

Señala que otro aspecto es la corrupción judicial ministerial que los protege mediante los juicios de amparo. Apunta que la corrupción del Ministerio Público opera a través del no ejercicio de la acción penal.

Por otro lado, en entrevista para Sin Censura TV (10.08.20), puntualiza que vivimos un proceso en que la generación de gobernadores que se liberaron de ciertos controles desde la federación se convirtieron en virreyes locales. Eso debilitó los poderes judiciales y órganos autónomos de sus entidades, y propició la corrupción masiva.

Comenta que en el caso de los 10 gobernadores rebeldes queda claro que quieren más recursos para sus estados, el problema es que los quieren sin controles interinstitucionales, y eso es algo que no mencionan.

Dice que en el país hay temas que le despiertan suspicacias, como el de la presa La Boquilla, en Chihuahua, donde nota que todos los actores políticos involucrados tienen algún tipo de cabecera de distrito de riego o participaciones en empresas agrícolas; o en el caso de energía eólica observa que los panistas impugnan las decisiones de la Secretaría de Energía porque algunos de ellos generaron intereses directos en ese ramo industrial, del mismo modo que lo hicieron en empresas para venta de todo tipo de cultivos, por lo cual paralelamente impulsaron la legalización de la mariguana.

Además, considera que apoyar directamente a las personas durante la pandemia ha permitido mantener estabilidad y paz, y que si se hubiera respaldado a las grandes empresas con exenciones fiscales y recursos para generar empleos, el dinero no habría llegado aún a la gente.

Santiago Nieto se dice convencido de que estamos obligados a avanzar en la construcción y consolidación de nuestro estado constitucional de derecho y, sobre todo, que debemos combatir la impunidad. La meta será alcanzada en la medida en que los responsables lleguen ante los tribunales, y que esos responsables sean los de alto nivel.

Considera inconveniente sancionar a un jefe de departamento que incurre en delitos por cumplir instrucciones de un superior que obtendrá beneficios o ganancias ilegales sin enfrentarse a tribunales, y señala que eso justifica el caso «por omisión» contra Rosario Robles, pues los niveles de corrupción a los que llegó Sedesol y Sedatu, sin que ella firmara nada, no tuvieron parangón en la historia reciente de México, y la Estafa Maestra finalmente generó una condición de desventaja para las universidades y la proliferación de empresas fachada que le robaron a la población mexicana.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tampoco quedan libres de sospecha bajo la perspectiva crítica del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La lógica, enfatiza Santiago Nieto, impide creer que el expresidente panista no estaba enterado de las operaciones de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y menos aún que Peña Nieto ignoraba las actividades del director general de Pemex, Emilio Lozoya, o de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Por tal motivo, manifiesta, en caso de efectuarse una consulta para decidir si se investiga a expresidentes con fines de enjuiciamiento, él sería el primero en firmar por el sí. E4