Programa Bracero II atrae oportunidades, pero también despierta viejos fantasmas

AMLO apuesta por una mayor participación legal de mano de obra mexicana en la economía estadounidense. De lograrlo, el país aumentaría sus ingresos por concepto de remesas. Sin embargo, hay que evitar la privatización de la migración laboral, advierte Evy Peña

Trump echa pestes contra la política migratoria de Biden

El encuentro virtual que sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, el 1 de marzo, sirvió ante todo para medir qué temperatura guardaba aún la relación entre ambos gobiernos, luego que AMLO fuera uno de los últimos mandatarios de la región en felicitar a su homólogo por la victoria obtenida en las disputadas elecciones presidenciales del 5 de noviembre, a la postre ratificada por el Congreso tras el violento asalto que ejecutaron a su sede los seguidores de Donald Trump.

La demora, en apariencia al menos, no provocó ningún roce diplomático pues ambos líderes se mostraron comprometidos en trabajar juntos para combatir la pandemia de COVID-19, cooperar en materia de seguridad, atender las tensiones provocadas en la frontera por la administración de Trump, explorar áreas de colaboración frente al cambio climático y revitalizar la cooperación económica, donde la posibilidad de incentivar el uso legal de mano de obra mexicana en suelo estadounidense resultó la primera propuesta de peso por parte de AMLO.

«Independientemente de la automatización, del avance tecnológico, de la robótica, se va a requerir mayor fuerza de trabajo y nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven, muy creativa».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Extender el número de visas de trabajo temporal concedidas a mexicanos que pretendan laborar en Estados Unidos ayudaría a sostener un control más efectivo del movimiento migratorio entre ambas naciones y, de camino, apoyar a la economía en ambos lados de la frontera. Mientras los mexicanos encuentran una fuente de ingresos que no poseen en suelo patrio, los negocios estadounidenses tendrían a disposición recursos humanos menos onerosos y dispuestos a ocupar las plazas —sobre todo en las áreas de manufactura y servicios— que históricamente son desechadas por los connacionales. Asimismo, permite establecer una colaboración conjunta entre gobiernos para velar por el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Antes habría que desarrollar un análisis por parte de ambas administraciones donde se determine cuánta fuerza de trabajo requiere la economía estadounidense y cuánta mano de obra México puede proporcionar.

«Es cosa de ordenar el flujo migratorio ¿cuántos trabajadores vamos a requerir, a necesitar? ¿y por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, padeciendo hasta de violación de sus derechos humanos? de ahí el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal, de que se amplíen considerablemente a partir de un estudio, y que todo esto sea este ordenado, porque es muy doloroso que en el tránsito hacia Estados Unidos migrantes pierdan la vida», explicó López Obrador.

«Esto es lo que sé, Estados Unidos y México son más fuertes cuando estamos juntos».

Joe Biden, presidente de Estados Unidos

La iniciativa recuerda al Programa Bracero —oficialmente: Mexican Farm Labor Program— que, de 1942 a 1964, patrocinó el cruce legal y temporal de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México a Estados Unidos. La puesta en marcha de este acuerdo binacional provocó un cambio radical del patrón migratorio de aquellos años pues redujo considerablemente la contratación irregular de los «espaldas mojadas» y fortificó el reclutamiento lícito y organizado de fuerza laboral productiva, orientada entonces al sector rural. De tal forma, se reconocía oficialmente la existencia de un mercado de trabajo binacional, lo cual aportó beneficios directos y exclusivos a México, frente a otras naciones que se regían únicamente por las disposiciones generales que Estados Unidos disponía en cuanto a migración. Otra ventaja del Programa Bracero fue su carácter temporal pues con ello se garantizaba el flujo continuo de personas, al tiempo que se evitaba la permanencia indefinida de extranjeros en suelo estadounidense con la consecuente proliferación de indocumentados y indigentes.

Sin embargo, un acuerdo de este tipo no está exento de graves problemas. Evy Peña, directora de comunicaciones y desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante, advierte que de no priorizarse un proceso de admisión adecuadamente regulado y supervisado por ambos gobiernos que prohíba las cuotas de reclutamiento y la discriminación, la propuesta de López Obrador contribuiría a la privatización de la migración laboral, donde los empleadores estadounidenses, en lugar de los gobiernos, terminen por controlar los estándares laborales.

Si esto sucede, se da paso a que reclutadores abusivos se aprovechen de los trabajadores interesados para cobrarles cuotas a cambio de ingresarlos en el programa. Mujeres y personas mayores, además, tendrían menos oportunidades de ser aceptados que los hombres. Las condiciones de discriminación se acentuarían, los salarios acordados serían irrisorios y, de nueva cuenta —tal cual sucedió con el Programa Bracero original— más temprano que tarde los estadounidenses terminarían por quejarse de que los mexicanos les roban los empleos o abaratan demasiado los salarios.

Pero lo más importante, apunta Peña, «las visas ligan a los trabajadores a su empleo. Si dejan su trabajo, aunque sea por abandonar condiciones abusivas o inseguras, pierden su estatus migratorio y hasta su hogar y acceso a servicios que habitualmente están provistos por el empleador».

A pesar de estos inconvenientes, la historia ha demostrado que las contrataciones de mexicanos en Estados Unidos si no se establecen de manera legal, se dan igualmente de forma irregular. Ello trae como consecuencia un exacerbamiento de la xenofobia alrededor de la frontera, el coyotaje, la trata de personas, la persecución de indocumentados por parte de agentes del orden y grupos extremistas, la separación forzosa de familias, la violación de los derechos humanos de los migrantes y, en no pocas ocasiones, el asesinato de quienes van tras el sueño americano.

Por tanto, es de prever que si ambos gobiernos ponen de su parte y llegan a un arreglo satisfactorio donde México vele por los derechos de la mano de obra que ofrece —en términos de legalidad, contratación, selección de los trabajadores y comunidades involucradas— mientras Estados Unidos apoya los intereses de sus empresarios, ambas naciones pueden verse mutuamente beneficiadas.

Migradólares en acción

La puesta en marcha de visados de trabajo temporal a gran escala reforzaría aún más la entrada de divisas a México por concepto de remesas, una práctica que se ha mantenido al alza durante el último lustro. Los 24 mil 785 millones de pesos que se ingresaron en 2015 por esta vía, ascendieron hasta 40 mil 607 millones al cierre de 2020, según datos del Banco de México (Banxico). Durante el lapso que los ocupa, la inyección financiera recibida por remesas cada nuevo año fue superior al anterior.

Año	Ingresos anuales por remesas (en millones de dólares)
2015	$ 24,785
2016	$ 26,993
2017	$ 30,291
2018	$ 33,667
2019	$ 36,439
2020	$ 40,607

Según el economista para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, este comportamiento se debe a «las generosas transferencias fiscales de apoyo a los salarios-ingresos en Estados Unidos, así como al competitivo diferencial cambiario y la percepción de un deterioro de las condiciones de las familias de origen en México ante la contracción económica y pérdida de empleo» (El Economista, 02.02.2021).

Los efectos negativos de la COVID-19 en el ámbito productivo también jugó un papel significativo pues las variadas políticas de apoyo económico que se implementaron en Estados Unidos para paliar el azote de la pandemia fueron aprovechadas por los migrantes mexicanos que ya cuentan con ciudadanía estadounidense, quienes destinaron parte de los recursos ofrecidos por el gobierno a sus familiares en su país natal.

Una propensión importante resalta el uso de las transferencias electrónicas que ha desplazado casi en su totalidad el envío de efectivo o especies. Datos de Banxico muestran que el 98.9% de las remesas —40 mil 606 millones de pesos— llegaron por vía electrónica, en buena parte debido a la facilidad para realizar la transacción y por el auge del movimiento migratorio en las nuevas generaciones, más familiarizadas con la tecnología.

Recursos y frontera

Antes de que se celebrara el encuentro Obrador-Biden, ya el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, había sondeado el camino en términos de cooperación con su contraparte estadounidense, Antony Blinken, a quien instó a retomar el Plan de Desarrollo Integral, creado hace dos años, y del cual Donald Trump, cuando aún fungía como presidente, poco o nada se ocupó.

En esencia, se trata de una estrategia de trabajo donde participan, además, Guatemala, Honduras, El Salvador y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que tiene como principal objetivo disminuir el flujo de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos aplicando políticas que permitan hacer llegar recursos a las naciones involucradas, ayudándolas a fomentar empleos, combatir la violencia y así disminuir las principales causas de éxodo en la región.

Entre las recomendaciones específicas incluidas en el Plan de Desarrollo Integral se contempla «una fiscalidad progresiva, para priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales, así como un fortalecimiento de la administración tributaria; elevar la inversión total a una meta del 25% del PIB; potenciar las remesas para que sean motores de inclusión productiva y desarrollo local; mayor integración y facilitación del comercio, con énfasis en energía, logística, infraestructura y digitalización regional» (CEPAL, 15.01.20)

Blinken aprovechó el tema para insistir en la necesidad de que los indocumentados —mexicanos, centroamericanos y del Caribe— no intenten ingresar a Estados Unidos de forma irregular porque Washington hará cumplir estrictamente sus leyes migratorias. En una reunión con funcionarios de las ciudades fronterizas, el canciller estadounidense ya había anunciado la adopción de «un nuevo enfoque para la migración regional. Eso incluye trabajar con otros gobiernos de la región, incluidos México y los países de Centroamérica, para abordar las desgarradoras razones por las que las personas están arriesgando sus vidas y seguridad para llegar a Estados Unidos a cualquier costo» (Excélsior, 27.02.21).

La realidad es que mientras ese «nuevo enfoque» se materializa, el gobierno de Biden ya envió más agentes para controlar el flujo de migrantes al área del Valle del Río Grande, en Texas. En esta zona se ha detectado un aumento significativo en la cantidad de familias y niños no acompañados que buscan cruzar la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se negó a ofrecer el número exacto o la ubicación de los elementos que se han desplegando para cubrir los 88 mil kilómetros cuadrados que abarca este sector «por la sensibilidad de la información».

Según datos proporcionados por la propia CBP en su sitio web oficial U. S. Customs and Border Protection, la cifra mensual de personas detenidas en la frontera de Estados Unidos se disparó 28% en febrero, cuando se reportó el aseguramiento de 100 mil 441 migrantes, de ellos 44 mil 099 mexicanos. El director interino de la CBP, Troy Miller, adjudicó esta súbita afluencia a «la inestabilidad económica en América Central, la pandemia, un huracán, la violencia persistente y el desempleo […] Si se ponen todos estos asuntos juntos uno entiende que la gente busque una vida mejor», advirtió.

Vale agregar también que la política de blindaje fronterizo promovida por Donald Trump durante los últimos cuatro años representó una barrera casi infranqueable para las aspiraciones migratorias de mucha gente que ahora, tras asumir Biden la presidencia, considera abiertas las puertas del país más poderoso del mundo. Y eso es un error. Para demostrarlo basta señalar que de los 100 mil 441 migrantes señalados por la CBP en febrero, apenas 3 mil 467 —3.5% aproximadamente— recibieron autorización para ingresar a territorio estadounidense, mientras que 96 mil 974 fueron expulsados. E4

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Trump echa pestes contra la política migratoria de Biden

Donald Trump volvió a hacer de las suyas y no perdió tiempo para criticar los primeros días de administración de su sucesor, Joe Biden, por el manejo que ha hecho de la pandemia y su política en materia de migración. Asimismo, dejó entreabierta la posibilidad de un regreso suyo a la próxima contienda por la presidencia de Estados Unidos, a celebrarse en 2024.

En su reaparición, el 28 de febrero, en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Orlando, el expresidente republicano insistió en que fue víctima de un robo durante los pasados comicios —otra vez, sin presentar pruebas— y calificó de «desastroso» el inicio de Joe Biden en la Casa Blanca, quien se ha dedicado a revocar buena parte de los dictámenes promovidos por su antecesor. «El primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna», aseveró Trump con respecto al trabajo del demócrata e hizo hincapié en los presuntos riesgos que corre Estados Unidos de aprobarse el plan de reforma migratoria que Biden presentó en el Congreso pues, a su juicio, abre las puertas del país a «delincuentes y miembros de los cárteles de droga».

«Estamos en medio de una lucha histórica por el futuro de Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos, las fronteras y los principios más preciados».

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos

Tampoco tuvo reparos en señalar las deficiencias que el actual gobierno supuestamente padece por la forma en que enfrenta la crisis sanitaria, al no permitir la reincorporación de los alumnos a clases presenciales. «La administración de Biden está afectando a la educación de nuestros niños americanos, al mantener las escuelas cerradas. No tienen la educación que merecen. Ellos no van a regresar a la escuela de inmediato», indicó.

Respecto a su propia agenda política, Trump dijo que «nuestro movimiento de patriotas estadounidenses orgullosos y trabajadores recién está comenzando, y al final ganaremos» y, aunque sin confirmarlo, no descarta la posibilidad de volver a contender por la presidencia. «Quién sabe, quién sabe. Podría incluso decidir vencerlos por tercera vez», dijo en referencia a la posibilidad de presentarse en las elecciones presidenciales de 2024. Algo que no pinta fácil luego de los desastrosos acontecimientos que tuvieron lugar en Washington al término de su gobierno. El asalto a la sede del Congreso, el 6 de enero de 2021, costó la vida de cinco personas y todavía se discute hasta qué punto el discurso incendiario de Trump, horas antes, alentó estos actos de violencia. Además, haberse convertido en el único mandatario estadounidense con dos impeachments sobre sus espaldas, limita bastante sus posibilidades de optar nuevamente por otro período presidencial.

A pesar de ello se mantendrá activo dentro del Partido Republicano y confía en que uno de sus integrantes ganará en los próximos comicios presidenciales. «Un presidente republicano regresará a la Casa Blanca», aseveró frente a una multitud que, con vítores y aplausos, evidenció su simpatía por el excéntrico magnate neoyorkino. Sin embargo, en un sondeo informal que se llevó a cabo entre esos mismos asistentes, poco antes de iniciar el discurso, solo el 55% afirmó que votaría por Trump si se presentaba en 2024. Aun así, la cifra lo separa bastante del 21% que le otorgaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ocupó el segundo lugar en las preferencias.

Lo único que sí dejó en claro el expresidente es que no piensa crear ninguna otra facción política, como ya se rumoraba. «No estamos comenzando nuevos partidos. Tenemos el Partido Republicano. Va a estar unido y será más fuerte que nunca. No voy a comenzar un nuevo partido», sentenció al respecto. E4