Si las estructuras de poder se mantienen inalterables en los estados, donde los ejecutivos lo controlan todo, incluidos los medios de comunicación, el cambio de régimen emprendido por el presidente López Obrador estará condenado al fracaso. Las elecciones del 6 de junio decidirán al ganador
Salgado y la arrogancia presidencial
Los reflectores apuntarán hacia los Moreira Valdés
La declaración de procedencia de la Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos de corrupción, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada; la orden de un juez federal para detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), bajo cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y la investigación de la FGR contra el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, es un mensaje indubitable de la Cuarta Transformación a los ejecutivos locales —en funciones o en retiro—: «pongan sus barbas a remojar».
En el primer caso, porque el Congreso reasume una facultad cedida al presidente de turno, quien la utilizó arbitrariamente para castigar o vengarse de gobernadores contrarios a sus intereses (Carlos Salinas de Gortari separó del cargo a 17). En el segundo, porque abre la posibilidad de encausar a Humberto y Rubén Moreira Valdés, acusados de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada por Armando Guadiana, fundador de Claridad y Transparencia, y el exsenador panista Luis Fernando Salazar. Y en el tercero, porque reabre expedientes cerrados por la Procuraduría General de la República en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto para obstruir la justicia y proteger a dos exlíderes del PRI (Moreira y Beltrones, exgobernadores de Coahuila y Sonora).
La pugna del sindicato de gobernadores (cinco del PAN, dos del PRI, uno del PRD, otro de Movimiento Ciudadano y uno independiente) con el presidente Andrés Manuel López Obrador aparenta ser por mayores presupuestos y en defensa del federalismo, pero su alcance y profundidad son mayores. De un lado, la Cuarta Transformación (4T) se propone romper las estructuras de poder, corrupción e impunidad en los estados, cosa que Vicente Fox no pudo, y Felipe Calderón y Enrique Peña ni siquiera intentaron, por debilidad y falta de legitimidad; y de otro, una minoría de gobernadores busca no solo preservar el «feuderalismo», sino consolidarlo. El modelo ha sido bastante rentable para ellos y sus adláteres, pues les permite mantener el control político, económico y social, designar candidatos para todos los cargos y decidir sus propias sucesiones, pero resulta sumamente ruinoso para las entidades.
El temor de que López Obrador reinstaure la «presidencia imperial» (autoritaria) que le permitió al PRI monopolizar el poder y ejercerlo sin contrapesos, es fundado. Sin embargo, ante la falta de una autoridad superior que los someta, como antes de la alternancia era el presidente, los gobernadores son césares en sus estados. Su miedo consiste en perder privilegios y el control para tener en un puño no solo a los poderes legislativo y judicial, sino también a los medios de comunicación, al sector empresarial y a órganos cuya autonomía solo es nominal, pues quedarían expuestos. Los sistemas estatales anticorrupción protegen el flagelo en vez de combatirlo. La autodenominada Alianza Federalista (AF) trata a toda costa de amurallar cada una de sus islas.
Los comicios del 6 de junio dirán si la 4T avanza su agenda para limitar las gubernaturas imperiales o si estas ganan la partida e imponen condiciones sin sacrificar nada a cambio, lo cual parece poco probable. La permanencia en la Conago de 15 mandatarios del PRI y el PAN, algunos de regiones clave como Estado de México y Querétaro, debilita a la AF y favorece al presidente. Los siete gobernadores de Morena, entre ellos los de Ciudad de México, Veracruz y Puebla, han cerrado filas con López Obrador.
El desdén de 22 gobernadores hacia la AF no es de balde. Morena encabeza la intención de voto y no desean exponerse a ser investigados. Incluso críticos pertinaces y severos de AMLO, como Jorge Suárez-Vélez, Luis Rubio y Sergio Sarmiento (Reforma), aceptan a regañadientes que Morena podría ganar no solo el Congreso, sino la mayoría de las 15 gubernaturas, los 30 congresos y los casi 2 mil ayuntamientos en disputa. El triunfo del partido guinda no solo significaría el fracaso de la AF, sino el eventual enjuiciamiento de algunos de sus integrantes. La lista la encabeza Cabeza de Vaca.
Justicia, no caza de brujas
El papel de los gobernadores en la primera alternancia lo desempeñan hoy los medios de comunicación, pues la Conago funcionó con presidentes débiles (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto). Mientras a escala federal un amplio sector de los mass media es adverso a Andrés Manuel López Obrador, quien los descalifica y confronta en sus ruedas de prensa matutinas, la relación prensa-gobierno en los estados está a partir de un piñón.
Fox y Calderón nunca tuvieron mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores ni en los estados. Para aprobar reformas, leyes de ingresos y presupuestos, dependían del PRI. Los gobernadores de esas siglas aprovecharon el momento, no solo para conseguir ventajas económicas, políticas e impunidad, sino también para sentar a uno de los suyos en la «silla del águila» (Enrique Peña Nieto). Eso les permitió a los ejecutivos de todos los partidos acumular mayor poder y ejercerlo a su arbitrio.
El bloque de gobernadores del PRI nunca desafió a Fox como lo hizo con Calderón. La legitimidad del primero y el aura de haber vencido al «ogro filantrópico» que sometió al país durante 71 años, los contuvo. Pero a medida que Fox dilapidaba su capital político y exhibía sus limitaciones, los jefes políticos de los estados reproducían en sus feudos el viejo modelo presidencial. El cambio de partido en Los Pinos los liberó de todo tipo de ataduras y controles.
El desencanto con la alternancia PRI-PAN se manifiesto en las urnas. El viraje hacia la izquierda, acicateado por el fracaso del neoliberalismo frente a la pobreza, la inseguridad y la corrupción, parecía inminente en 2006. Empero, el cambio lo frustró el supuesto fraude para imponer a Felipe Calderón. La diferencia de medio punto porcentual entre el primero y el segundo lugar y las denuncias del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, dieron por resultado uno de los gobiernos más débiles y condicionados.
Calderón asumió el poder políticamente endeudado con algunos gobernadores —entre ellos Peña Nieto, de Estado de México— y caciques sindicales como Elba Esther Gordillo (SNTE). Sin mayoría en el Congreso, con el fantasma del fraude electoral sobre sus espaldas y la recesión económica de 2008-2009, aunada a la epidemia de gripe A(H1N1), el segundo presidente emanado del PAN resultó presa fácil para los gobernadores del PRI. La táctica del desgaste, en este caso, funcionó: Calderón fue acusado del baño de sangre de la guerra contra la delincuencia organizada, cuando los gobiernos locales son los responsables de la seguridad pública y la mayoría de los asesinatos corresponden al fueron común (estatal). Aun así, el panista terminó con una aprobación del 49%, de acuerdo con una encuesta de BGC-Excélsior. Peña Nieto cerró con el 24% (Mitofsky).
No es casual que el gobernador más agresivo contra Calderón haya sido el de Coahuila, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto premió con la presidencia nacional del PRI. Menos de un año después lo defenestró por el escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. Todavía prevalece la idea de que una parte de los fondos fue desviado a la campaña peñista, cuyo costo rondó los cinco mil millones cuando el tope legal era de 350 millones. Con Peña en Los Pinos y un PAN adosado al PRI, los gobernadores hicieron su agosto. La 4T empieza a abrir las cloacas en los estados. No es una caza de brujas, como acusa el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino un acto de justicia largamente pospuesto. Por el mismo rasero deberá medirse también a los gobernadores de Morena.
Relación prensa-gobierno
La influencia de los gobiernos estatales en los medios de comunicación proviene de la publicidad. «Cada administración tiene sus preferidos», dice Jorge Espejel, de «Red es Poder». Las empresas con mayor grado de independencia y compromiso social —cada vez menos— dependen menos de ese influjo. A escala federal sucedía lo mismo. Desde la presidencia de la República se orquestaban boicots contra medios «incómodos» e «irreverentes» como el periódico Excélsior de Julio Scherer, depuesto de la dirección por Luis Echeverría.
López Portillo también arremetió contra el semanario Proceso, fundado y dirigido por Scherer, premio María Moors Cabot (1971): «No pago para que me peguen», amagó en la «celebración» del Día de la Libertad de Prensa de 1982 a sus críticos. La revista se vació de publicidad oficial y privada, pero subsistió gracias a los anunciantes fieles —incluidos algunos gobiernos estatales— y al ejercicio de un periodismo libre y plural. López Portillo figura entre los presidentes más repudiados, junto con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quien gastó 60 mil 237 millones de pesos en propaganda (Artículo 19), a pesar de lo cual su imagen terminó por el suelo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador recortó drásticamente el gasto en prensa, radio y televisión. El gobierno y otros sectores atribuyen los embates de los medios de comunicación, columnistas e incluso intelectuales, a la cancelación de contratos. AMLO es de los jefes de Estado mexicano más denostados. La sección editorial de los diarios de Grupo Reforma parece estar dedicada al líder de la 4T. Sin embargo, existen bases suficientes para la crítica, pues no ha cumplido las expectativas. No solo eso: AMLO reta casi a diario a los mass media y a los periodistas y escritores antagónicos, cuyos pagos —durante la administración de Peña Nieto— ventiló en una conferencia mañanera.
Los gobernadores, en cambio, tienen buena prensa. Esta situación les permite contrastar sus gestiones con la del presidente y salir bien librados. El «villano» es siempre AMLO, a quien se culpa de todos los problemas, incluso de los que competen a las autoridades locales. El fenómeno lo acentúan la pandemia de COVID-19 y las elecciones del 6 de junio en las cuales se nombrará nuevo Congreso, 15 gobernadores, más de mil 900 alcaldías y 30 legislaturas locales.
En los sexenios de Humberto y Rubén Moreira (Coahuila) la relación con la prensa tomó otro giro. Como la sola influencia en la línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación no bastaba, por temporal y tener demasiados trapos sucios que esconder, se pasó a la compra de estaciones, canales y publicaciones. Cadenas de radio y televisión, así como periódicos nacionales y extranjeros —basados en confesiones de empresarios mediáticos, juzgados en Texas— han señalado a exfuncionarios estatales que desviaron recursos del erario para adueñarse de negocios y concesiones en complicidad con gente del medio y a través de prestanombres. Las operaciones no estuvieron exentas de conflictos y demandas. Incluso la habitación de pánico de uno de los exsocios del «moreirato» fue allanada por la PGR, en el gobierno de Peña Nieto.
Entre las debilidades del presidente López Obrador destaca su mala relación con la prensa, en la cual estriba, paradójicamente, la principal fortaleza de los gobernadores. La explicación es que una parte significativa de los medios de comunicación regionales dejó de pertenecer a sus dueños originales para pasar al control de políticos y mercenarios, quienes los utilizan para presionar, proteger intereses y permanecer impunes. El cambio de régimen emprendido por AMLO fracasará si no modifica las estructuras de poder en los estados. E4
Salgado y la arrogancia presidencial
Si el candidato de Morena es favorito para ganar la gubernatura de Guerrero, también se debe al PRI, PRD y PAN, por no ser oposición
La soberbia del presidente Andrés Manuel López Obrador terminó por imponer a Félix Salgado Macedonio como futuro gobernador de Guerrero. El triunfo del candidato de Morena y exalcalde de Acapulco, quien dice «tener la conciencia tranquila» y al cual precede una cauda de escándalos, dos denuncias de acoso sexual y tres de violación, puede darse por descontado cuando aún faltan dos meses para las elecciones del 6 de junio. Las razones son variadas, poderosas y en algunos casos irrefutables:
1. La falta de una oposición real y la cobardía e incapacidad del PRI, PAN y PRD para plantar cara al presidente López Obrador, derivadas, entre otros factores, de la corrupción y su rendición a Peña Nieto en el Pacto por México. Las cúpulas partidarias, cuyas bancadas en el Congreso aceptaron sobornos para aprobar un paquete de reformas —desmantelado parcialmente por AMLO—, aprovecharon el acuerdo para medrar.
2. Las hondas diferencias sociales, políticas, económicas y culturales entre los estados del norte (Nuevo León, Coahuila, Chihuahua) y algunos del centro y el Bajío (Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato) con los del sur y la costa (Oaxaca, Chiapas, Guerrero). A pesar de que casi todos han tenido gobiernos de distinto signo partidista, en la mayoría prevalecen los vicios del sistema autoritario y venal previos a la alternancia. Los congresos, tribunales de justicia, órganos supuestamente autónomos e incluso medios de comunicación, están sometidos al gobernador de turno.
3. El movimiento femenil contra el «pacto patriarcal» tiene más eco en las metrópolis y en los estados considerados «ricos». Incluso las protestas del 8 de marzo en Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tuvieron menos participación que otros años. La violencia frente a Palacio Nacional —donde el fuego alcanzó a mujeres policías— envió al país un mensaje equivocado. La agresión no borró la afrenta por las vallas para resguardar la sede el poder ejecutivo, pero en cierta medida le dio la razón a las autoridades federales y capitalinas.
4. Para un líder como López Obrador, formado en la escuela del PRI autoritario, «el presidente siempre tiene la razón; y si se equivoca, vuelve a mandar». Cambiar de candidato en Guerrero pudo haber subido los bonos de AMLO en sectores donde tiene pocas simpatías y escasos votos. Pero ceder habría significado una muestra de «debilidad», como Carlos Salinas de Gortari la tuvo cuando defenestró al gobernador de Tabasco, Salvador Neme (PRI), para aplacar al «Éxodo por la Democracia» encabezado por el candidato que denunció fraude electoral: López Obrador. Bajo esa lógica, si el líder de la 4T sacrificaba hoy a Salgado, mañana, bajo presión, debería cambiar a cualquier candidato o funcionario.
La presunción de inocencia es una garantía universal, pero los antecedentes de Salgado bastaban para no postularlo. Ahora corresponde a los guerrerenses resolver su futuro. En el editorial «¿Superioridad moral?», nuestro periódico plantea: «cabría esperar que el castigo no dictado por los tribunales lo impongan las urnas, pero las maquinarias electorales, como la justicia, están del lado del poder, no de las víctimas. El mensaje al país, y en particular a los jóvenes, es terrible. La respuesta de los gobiernos federal y estatales a la espiral de violencia contra las mujeres es el desdén, cuando no la descalificación». E4
Los reflectores apuntarán hacia los Moreira Valdés
El clan ha evadido la justicia, pero su suerte podría terminar pronto. Crímenes de lesa humanidad, denunciados ante la CPI, los persiguen
La orden de captura contra Cuauhtémoc Martínez, expresidente del PRI en Ciudad de México, por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, así como de publicidad falaz y asociación delictuosa, hizo pensar que el siguiente paso sería cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, en atención a las mujeres y para demostrar que la justicia se aplica sin distingo de partido.
Sin embargo, el golpe de efecto fue al revés: Morena ratificó al senador con licencia. Según algunas notas de prensa, el movimiento para nombrar otro candidato, de preferencia mujer, secundado por diputadas federales y otros sectores del partido guinda, aumentó la «popularidad» de Salgado, a quien AMLO ha defendido a capa y espada, y cuyo triunfo el 6 de junio parece inevitable. Las posibilidades de Mario Moreno, de la coalición PRI-PRD, y de Irma Lilia Garzón, candidata del PAN, son mínimas.
Pero mientras la atención mediática se reparte entre Salgado; el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), en proceso de ser desaforado por cargos de corrupción y defraduación fiscal, fincados por la Fiscalía General de la República; el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada; y Cuauhtémoc Martínez, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló cuentas y pronto será también buscado por la Interpol, escándalos más graves y de alcance internacional, entre cuyas víctimas hubo hombres, mujeres y niños, son ignorados olímpicamente.
Humberto y Rubén Moreira Valdés no solo permanecen fuera de los reflectores de la prensa, sino que el segundo es candidato del PRI a diputado federal plurinominal, junto con su esposa Carolina Viggiano. Gobernadores de Coahuila entre 2005 y 2017, los hermanos fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) «por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil, con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos» (Proceso, 08-07-17).
La Academia Interamericana de Derechos Humanos ha guardado un ominoso silencio sobre las matanzas en Allende y Piedras Negras, acaso por deber su creación y patrocinio al exgobernador Rubén Moreira, quien la usó de parapeto y para desviar la atención y salvar las apariencias. Además de involucrar a «altos funcionarios» de la administración de los Moreira, los testimonios de exintegrantes de Los Zetas en Texas, también «revelaron (…) que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad».
En julio de 2017, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, el subdirector del Centro Diocesano de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Michael Chamberlain; Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Ariana García del Bosque, del colectivo Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, viajaron a La Haya, Países Bajos, para presentar ante la CPI la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad». El expediente se apoya en el informe «Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas».
Una oportunidad de oro para el fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero más para el presidenciable canciller Marcelo Ebrard, pues la embajadora mexicana Socorro Flores Liera acaba de rendir protesta como jueza de la CPI para el periodo 2021-2030. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.