Clamor de «bote a los Moreira» resuena frente a la residencia de López Obrador

El exgobernador Jorge Torres López, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, es el eslabón que conecta con los autores de la megadeuda. Rodolfo Walss pide investigar el destino de 16 mil millones de pesos. El delegado federal Reyes Flores demanda a la Fiscalía General de la República indagar red de sobornos

La política mexicana, como nido de capos

A diez años de la reunión donde el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, desveló ante empresarios laguneros que la deuda de Coahuila rebasaba los 30 mil millones de pesos —en parte producto de un desfalco—, la sentencia, en Estados Unidos, contra Jorge Torres López, uno de los involucrados, por lavado de dinero, ha puesto en la picota a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, protagonistas de la trama.

El diputado local Rodolfo Walss Aurioles (PAN) se plantó este 6 de julio frente a Palacio Nacional donde Andrés Manuel López Obrador, antes de ser jefe de Gobierno de Ciudad de México y presidente, denunció fraudes electorales y la corrupción del sistema. El legislador lagunero desplegó una lona con siete palabras que resumen el clamor ciudadano ignorado por más de una década: «Coahuila quiere darle  bote a los Moreira». Walss presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una denuncia contra los Moreira por riqueza inexplicable.

«Estoy afuera de Palacio Nacional de la Ciudad de México. Vengo en nombre de miles y miles de coahuilenses a exigir que de una vez por todas le den bote a los Moreira. Voy a presentar una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera para que los investiguen por su riqueza inexplicable derivada de la megadeuda».

Rodolfo Walss, diputado local (PAN)

La denuncia fue recibida y sellada por la Oficialía de Partes. «Espero que la UIF haga una investigación seria y profesional, como creo que es lo que hacen», dijo el diputado en entrevista telefónica con Espacio 4.

Entre otros temas, pide seguir el «movimiento irregular del dinero (…) de la deuda de 36 mil millones de pesos que dejó Humberto hay cuando menos 16 mil millones que el Gobierno de Coahuila no ha explicado en qué se usaron. La propia Auditoría Superior del Estado (ASEC) declaró: “No tengo manera de comprobar a dónde se fue ese dinero”. Yo pido que se investigue».

Por otro lado, «si hace 10 años debíamos 36 mil millones, y en esta década hemos pagado 30 mil millones, ¿cómo es posible que al día de hoy debamos 43 mil millones? No tiene sentido lógico ni jurídico ni financiero. Ahí también existe un tema de fraude más reciente sobre el cual esta es la primera denuncia que se presenta».

«Durante su etapa como gobernador de Coahuila se facturaron 14 mil millones de pesos, de los cuales al menos 600 millones fueron para Unipolares y Publicidad del Norte, empresa del  propio exmandatario (Humberto Moreira) a la cual se le “inflaban” las facturas».

Javier Villarreal, testigo colaborador

La Ley de Extinción de Dominio no prescribe para casos de delitos graves, advierte, y la corrupción es uno de ellos. «Entonces el dinero y bienes generados a raíz de fondeos de cualquier empresa o proyecto desarrollado con dinero derivado de la megadeuda siempre serán embargables. (…) todos sabemos que los funcionarios de esa época, incluyendo a los dos exgobernadores (Humberto y Rubén Moreira), presumen ampliamente sus bienes».

»Después de cuatro años en funciones del actual gobernador, Miguel Riquelme, nos queda claro que no tiene los pantalones o la capacidad o la inteligencia suficiente para actuar en contra de los Moreira. No se atreve a tocarlos, y no lo hace porque realmente es un simple gerente impuesto para administrar el Estado en nombre de ellos, que son quienes siguen gobernando».

Otro asunto de fondo es «que la UIF investigue cómo Humberto Moreira ha podido convertirse en el empresario diversificado que ahora es, con empresas de comunicaciones y hasta constructor de fraccionamientos residenciales. ¿Con qué dinero, si toda su vida no se había dedicado a otra cosa más que a la política? “Follow the money”, como dicen los americanos».

«Hoy que Torres López ha sido sentenciado en una corte de Texas, creo que tenemos la responsabilidad de este lado mexicano de que se investigue a fondo».

Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno Federal en Coahuila

El mensaje de la denuncia es: «¿Por qué esperar a que estas cosas se resuelvan en Estados Unidos? La sentencia de tres años de cárcel a Jorge Torres es decepcionante, así que ya no debemos estar esperanzados a que sea la justicia estadounidense la que atienda estos casos, con todo y lo respetable que es su sistema y sus procedimientos de justicia».

Sobre el mismo tema, Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno federal en Coahuila, anunció en un video: «Con motivo de la confesión del exgobernador Jorge Torres, en Estados Unidos, de recibir sobornos mientras estuvo en funciones, he presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el asunto». Apuntó que falta conocer quiénes fueron los copartícipes de los sobornos, y quiénes más se beneficiaron de ese esquema.

Rastro olvidado

El exgobernador interino Jorge Torres López confesó ante fiscales de Estados Unidos haber recibido sobornos por contratos de obras viales y pavimentación, pero podría no ser el único que participó en actos de cohecho. En 2008-2009, mientras Daimler Trucks inauguraba (27.02.09) su planta de tractocamiones en Derramadero, en Estados Unidos era acusada de sobornar a gobiernos de 22 países para dar prioridad a sus proyectos de inversión, lo cual ponía en desventaja a otras compañías interesadas en invertir en la misma zona. En 2010, Daimler se declaró culpable y aceptó pagar una multa por 185 millones de dólares.

«Había violado la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas (FCPA, por sus siglas en inglés) entre 1998 y finales de 2008. Esa ley prohíbe que las empresas sobornen a funcionarios de gobiernos para conseguir contratos o un trato preferencial para sus operaciones» (Expansión, 02.04.10).

Daimler era la multinacional que el exgobernador Humberto Moreira se jactaba de «haber conseguido» para mejorar el nivel de empleo de la región. No obstante, en esos mismos años, otra compañía que negociaba la posibilidad de asentarse en Saltillo era Bombardier, la canadiense del sector aerospacial que no solo ofrecía mejorar el nivel de empleo, sino algo más trascendente: diversificar la industrialización regional al desarrollar un clúster de línea diferente a la automotriz.

Entre sus requisitos estaba la solicitud de que el aeropuerto de Ramos Arizpe, como infraestructura trascendente para sus operaciones, fuera liberado de las manos del Gobierno estatal, y que pasara a iniciativa privada, entre otras cosas, para evitarse posibles dificultades con sindicalismo oficial. Tras el rechazo de Humberto Moreira a esa oferta, Bombardier optó por Querétaro, donde su clúster diversificó y disparó la calidad de empleo y nivel salarial.

Presuntos implicados

El 13 de diciembre de 2016, en Texas, frente al fiscal Rusell Leachman y el fiscal anticorrupción español Juan José Rosa —según se describe en un informe de El País (16.11.18) que cita documentos de ese interrogatorio—, el exsecretario de Finanzas de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández —bajo proceso en EE.UU. por lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado, de lo cual se declaró culpable y aún espera sentencia—, declaró que en el periodo de 2005 a 2010 él se encargó de la gestión económica de Humberto Moreira al margen de su función pública: mantenimiento de casa, viajes, coches, todo lo que necesitara su jefe, y que en ese ámbito era consciente de que «Humberto Moreira se apropiaba de dinero público y malversaba dinero».

De acuerdo con el periódico español, Villarreal añadió que él realizaba distintos pagos a empresas de obras públicas, de comunicaciones o publicidad. Si requerían licitar, con acreditar tres empresas como mero trámite bastaba, pero apunta que en ese tipo de licitaciones «incluso el propio Humberto Moreira participa con empresas suyas».

En ese sexenio (2006-2011), indica Villarreal, se facturaron 14 mil millones de pesos, de los cuales al menos 600 millones fueron para Unipolares y Publicidad del Norte, empresa del exmandatario a la que se le «inflaban» las facturas. «Si el servicio era por 100, se emitía factura y pago por 130», ejemplificó.

Añade que todo se realizaba sin que las empresas de Humberto tuvieran en realidad infraestructura para prestar los servicios que se le facturaban, pues por lo general los subcontrataba a compañías de otros funcionarios de Coahuila, como David Aguillón, exsecretario de Gobierno 2011-2012 y expresidente del PRI estatal.

Sobre la relación de Moreira con los hermanos Rolando y Roberto Casimiro González Treviño (RCG), dueños de medios de comunicación en el estado, el testigo dice que los conocía porque él les pagaba sus servicios de publicidad en radio, televisión y espectaculares. Especifica que, durante el sexenio, «se pagaron de 25 a 30 millones mensuales» a Casimiro González. «También se emitían pagos del Gobierno por trabajos no reales, y al final el dinero iba a empresas del propio Humberto. El compromiso de los González Treviño era “que le fuera bien, ensalzar su imagen, que lo apoyaran al principio y después de ser gobernador”».

En otros detalles expuestos por Villarreal, se explica que Diamante y Construcciones Chavana eran empresas a las que también se les adjudicaban contratos con facturación «inflada». Los administradores, María Elena Chavana Martínez y Marco Martínez «recibían una comisión del 8% y, entre otros fines, ese dinero servía para pagar publicidad de gobernadores o candidatos de gobierno de otros estados para que lo apoyaran cuando se postulara al cargo de presidente del PRI».

En su recuento, Villarreal apunta que Moreira se apropió de 3 mil millones de pesos, de los cuales tomó una parte y otra la destinó a campañas del partido. «Hasta 800 millones de pesos podían gastarse en el día de votaciones».

Con base en estas declaraciones, los fiscales españoles José Grinda y Juan José Rosa pidieron al juez Santiago Pedraz la reapertura del caso contra Humberto Moreira, quien estuvo detenido en España a principios de 2016 bajo la acusación de blanqueo de capitales y colaboración con Los Zetas, caso que se desestimó por considerar insuficientes los elementos acusatorios disponibles.

Javier Villarreal afirma que, si bien Humberto Moreira puede deslindarse de muchos fondos porque «nunca ponía nada a su nombre», ante los fiscales aseguró que conserva facturas y fotografías de lo que comenta. También dice contar con documentos que acreditan «cómo se sacaba el dinero». En noviembre de 2018, el juez Santiago Pedraz acordó reabrir la causa de la Justicia española contra Humberto Moreira.

Complicidad consanguínea

El arribo de Rubén Moreira, hermano de Humberto, al Gobierno de Coahuila derivó de inmediato en mecanismos de encubrimiento y exoneración. Durante su mandato, «la Procuraduría General de Justicia de Coahuila determinó que en la administración de Humberto no hubo desvío de recursos ni daño al erario», según aseguró el entonces subprocurador ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Norberto Ontiveros Leza (Expansión, 02.08.16); y aunque aceptó que las investigaciones únicamente acreditaron la contratación ilegal de 2 mil millones de pesos de deuda a través de decretos irregulares, reiteró que no había pruebas que evidenciaran desvíos.

Al final, con Rubén Moreira como la mano que mece la cuna, el no ejercicio de la acción penal contra su hermano «fue dictado por el entonces procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, mismo que antes había sido secretario de Gobierno del propio Humberto» (Reforma, 19.04.17).

Durante su mandato, Rubén fue acusado por senadores del PAN e integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila de cometer un desfalco de 400 millones de pesos que correspondían a sus pensiones, y también denunciaron un faltante de 229 millones de pesos por adeudos del servicio médico a proveedores.

Otro testigo protegido en EE.UU., Adolfo Efrén Tavira, exmiembro de Los Zetas, declaró que «esa organización criminal le entregó una camioneta llena de dinero a Rubén Moreira en 2012». Ante una corte federal en San Antonio, Texas, añadió que Los Zetas contribuyeron a la campaña de Rubén por la gubernatura. El exmandatario lo niega.

Pese a todo lo ventilado, la opacidad sobre el tema persiste en Coahuila. Juan Alberto Cedillo, de la revista Proceso, comenta que la respuesta del gobierno de Miguel Ángel Riquelme a una petición de información sobre facturación del Gobierno estatal a las empresas de Moreira, vía Ley de Transparencia, para cotejar la presunta sobrefacturación, le ha sido negada con la respuesta: «No se tiene en los archivos contratos del gobierno con esas empresas».

Extremo de la madeja

Según datos de la Corte Federal del Distrito Oeste División San Antonio citados por Proceso (17.07.16), hay fiscales estadounidenses que rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero tomado del erario estatal, lo que revela una investigación en la que todo conduce hacia Humberto Moreira.

Sumar testigos que firmen acuerdos de reducción de condena a cambio de rendir testimonio contra otros implicados es práctica recurrente de la fiscalía estadounidense. Bajo ese esquema, Rolando González Treviño afirma haber sido intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados de las arcas coahuilenses. Su confesión, asentada en el documento de la Corte 2:13-CV-294, señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió con Humberto Moreira en el lujoso Club de Golf Sonterra en San Antonio, Tx., junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, y que estos últimos realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de Brownsville, Tx., y en operaciones offshore (Proceso, 17.07.16).

Otro testigo, Rodrigo Uribe Tapia, contador de Los Zetas, confesó que el cartel entregó 4 millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira —dos millones a Vicente Chaires Yáñez, secretario particular de Humberto, y otros dos a Jesús Torres Charles, exfiscal del Estado—, para garantizar protección a la organización criminal. La indagatoria enfatiza que ,con esos testimonios, ya se tienen pruebas para formular acusación contra Humberto Moreira. E4

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La política mexicana, como nido de capos

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y responsable de la lucha contra el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón, enfrenta juicio en Nueva York. Se le acusa de tres cargos de narcotráfico y falsedad de declaraciones. El hecho refiere una realidad que se «normaliza» en México: la justicia se ejecuta en Estados Unidos.

Mucho se critica que el sistema de justicia estadunidense recurre constantemente a testigos protegidos y a esquemas de negociación con criminales, pero la información que proveen difícilmente se obtendría por otros medios.

Ese mecanismo es el que permitió llegar a García Luna, quien se ha vuelto uno más de los funcionarios mexicanos procesados en Estados Unidos en una larga lista en la que Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, fue de los primeros.

Otros exgobernadores son Tomás Yarrington, acusado por la DEA de lavado de dinero, narcotráfico y de recibir financiamiento de cárteles para evitar su persecución en Tamaulipas. Su sucesor en el gobierno, Eugenio Hernández, también fue acusado por los mismos delitos.

Igualmente aquí se inserta la sentencia de tres años de cárcel a Jorge Torres López, la cual deriva de acusaciones de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Más aún, otros procesos llevados a cabo en Estados Unidos contra integrantes del crimen organizado, han desvelado esquemas de macrocriminalidad y violaciones a los derechos humanos en México, como muestra la investigación de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas con el título Control… Sobre todo el estado de Coahuila, al analizar testimonios de miembros de Los Zetas en las cortes de San Antonio, Austin y Del Río, Texas. El estudio expone el pago de sobornos millonarios de Los Zetas a los ex gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera, y de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, lo que les brindó el control total de los estados y facilitó abusos a derechos humanos como desapariciones y ejecuciones.

El documento explica que la proliferación de las bandas criminales en México se debe en parte a políticos que otorgan protección y poder, y coluden instituciones para que la impunidad prevalezca. Atrapar a los eslabones débiles en esa cadena es la forma en que Estados Unidos consigue llevar ante la ley a los grandes capos.

Dinero mal habido

¿El dinero de funcionarios delincuentes en México es recuperable? Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que sí. Para eso existe la Ley de Extinción de Dominio, cuya posibilidad de acción nunca prescribe frente a dinero y bienes producto de delitos graves. En comparecencia en la Cámara de Diputados (25.02.20) apuntó que también las autoridades locales deben actuar, «pero las dependencias estatales no abren casos cuando la defraudación la realizan redes de funcionarios coaligados». E4