Coahuila: hacia una sucesión escabrosa; Jiménez y Mejía, los ungidos del poder

Las apuestas son por el continuismo o el cambio en un estado donde la alternancia llamó a las puertas en 2017. Amagos en Torreón por la imposición del exalcalde de Saltillo, irrelevantes. Morena tomará en cuenta trayectorias y lealtades a la hora de nombrar candidato; la decisión, antes del informe de Riquelme

Guillermo Anaya, ¿a la tercera es la vencida?

López Obrador y Riquelme definen posturas para el 23

Las tres últimas sucesiones del gobernador siguieron la misma ruta: señalar al elegido con anticipación y darle manos libres; sofocar cualquier atisbo de competencia interna; y dividir o captar a las oposiciones. En el sexenio de Enrique Martínez, el aparato se volcó con Humberto Moreira, quien, a su vez, impuso a su hermano Rubén. En 2005 hubo resistencias (Javier Guerrero compitió por la candidatura), pero en 2011 no, pues el clan ya tenía al estado en un puño y era dueño de la escena política. Sin embargo, la fórmula se desgastó y en 2017 el continuismo estuvo a punto de irse a pique, cuando las oposiciones superaron por primera vez la votación del PRI. Miguel Riquelme ganó en el último instante.

Los candidatos de la oposición fueron cada uno por su lado y la alternancia se frustró. Guillermo Anaya, de la Alianza Ciudadana por Coahuila (PAN, UDC, Encuentro Social y Primero Coahuila), obtuvo 452 mil votos. De haber sumado los 151 mil de Armando Guadiana (Morena) o los 105 mil de Javier Guerrero (independiente) habría ganado. Riquelme, de la coalición Coahuila Seguro (PRI, Verde, Panal y cuatro satélites locales más ya desaparecidos), recibió 482 mil votos, apenas 30 mil por encima de Anaya. Hoy las condiciones son distintas, Morena es la segunda fuerza electoral en el estado. El PAN solo podría renacer de sus cenizas si la alianza con el PRI y el PRD naufraga.

Manolo Jiménez fue ungido por Riquelme con antelación. Primero lo convirtió en alcalde de Saltillo para un doble periodo (de uno y tres años) y después lo nombró secretario de Desarrollo Social, desde donde ha intensificado su campaña por la gubernatura. Las cosas marchaban de acuerdo al guion. Incluso pudo disuadirse al diputado federal Jericó Abramo —una de las pocas voces discordantes— de abandonar su postura crítica contra la cúpula política y su preferido. Abramo aceptó repentinamente —«en aras de la unidad»— lo que antes rechazaba: legitimar una decisión ya tomada, pues la exposición mediática y los recursos los tiene Jiménez. En el contexto de una elección de alto riesgo, la renuncia del legislador habría puesto al PRI en una situación todavía más comprometida.

En cambio, las dimisiones de los laguneros Jorge Luis Morán y del diputado federal Shamir Fernández, por súbitas, no pudieron conjurarse. Ambos fueron compañeros de Riquelme en la mayor parte de su carrera política y por tanto conocen la estructura electoral del PRI. Ahora forman parte del equipo del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, el aspirante al Gobierno más incómodo para el poder. En el mismo proyecto participa el exlíder priista Noé Garza Flores y empresarios de distintas regiones, antes identificados con el partido gobernante. Las renuncias de Morán y Fernández han tratado de minimizarse, pero harán mella en las urnas.

Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar, los otros pretendientes de Morena, representan un riesgo menor para el PRI e incluso los alienta, pues Jiménez le ganaría a cualquiera. El problema es Mejía, quien hasta hace poco no aparecía en el radar sucesorio. Hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario podría ser la némesis del «moreirato». Su discurso contra la corrupción y la impunidad ha calado y genera simpatía entre el electorado. Morena anunciará a su candidato antes del quinto informe de Miguel Riquelme. Mientras tanto, el ambiente se crispa y la coalición sigue a la deriva. Si el PAN y el PRD deciden excluir al PRI, entonces irían juntos a la elección de gobernador como el año pasado lo hicieron en Chihuahua.

El sueño de la liebre

Donde menos se piensa salta la liebre, y esta vez brincó en Torreón. El alcalde Román A. Cepeda, como antes lo hizo Jericó Abramo, pide equidad en el proceso para nombrar al candidato del PRI a gobernador. La Laguna tardó más de medio siglo en instalar a uno de los suyos en el Palacio Rosa, y el mando podría retomarlo un saltillense en un solo sexenio. Pues el elegido de Miguel Riquelme para sucederle es el exalcalde y secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez. El disgusto entre la clase política de La Laguna es cada vez más evidente. La actitud de Cepeda lo confirma. La incorporación de Jorge Luis Morán y Shamir Fernández a Morena obedece al mismo resquemor.

Pedir «piso parejo» cuando la candidatura de Jiménez está cantada y firme, pues la postulación de Alejandra del Moral en Estado de México permite cumplir la norma constitucional de paridad de género, parece ingenuo. Sin embargo, puede tener terceras intenciones. La pregunta de Cepeda sobre si la sucesión se corre en terreno llano es retórica. «Ustedes valórenlo», replica a los reporteros. Saber que la ventaja de Jiménez es insuperable explica su amago: «En su tiempo habremos de tomar decisiones (…), la militancia y la ciudadanía nos exigen (…) equilibrios, y que cualquier mecanismo (de selección) que se utilice sea creíble» (El Siglo de Torreón, 03.10.22).

El nieto del gobernador Román Cepeda Flores hace un deslinde confuso para cubrirse las espaldas: «Mi compromiso es con Miguel (Riquelme)». ¿Aceptará la decisión, ya tomada, por Jiménez? ¿O el mensaje es que no tiene ataduras con el virtual candidato? ¿Qué es lo que decidirá «en su tiempo»? Cepeda dice ser «un hombre de lealtades, de compromisos y de instituciones durante 28 años, y 38 como priista, y quiero seguir haciendo lo mismo». ¿Amenaza o bluf? La relación del alcalde con el equipo del gobernador no es cordial. Sin embargo, entre Riquelme y Cepeda parece no haber conflicto a la vista.

La administración de Cepeda no ha cumplido las expectativas y sobre ella se ciernen barruntos de tormenta. La decepción por su desempeño y por algunas decisiones es creciente. La obra pública escasea y los servicios son deficientes. El Metrobús Laguna permanece en el limbo y la infraestructura se deteriora por falta de mantenimiento. El trato con el sector privado dista de ser cordial. El proyecto del Colegio de Ingenieros Civiles para dotar a la ciudad de un drenaje pluvial asequible ha sido ignorado. Comprar mobiliario y «decoración de alta gama» por 1.8 millones de pesos a una supuesta empresa fantasma de Monterrey para remodelar el despacho del alcalde y de la secretaria del Ayuntamiento provocó una catarata de críticas. Cepeda dice que su Gobierno «es transparente».

En una gira por Torreón, el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, replicó los cuestionamientos de Cepeda sobre la equidad del proceso para elegir al candidato del PRI: «El piso lo construye cada quien (…). Los resultados del trabajo, la influencia y penetración entre la ciudadanía son el mejor referente de quienes aspiran a un cargo de elección». El saltillense supera a cualquier otro aspirante de la eventual alianza opositora. En la medición del 12 de octubre, Massive Caller registra por Jiménez una preferencia del 53%. Muy lejos aparecen los panistas Guillermo Anaya (13%) y Alfredo Paredes (8%). Cepeda y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro (PRI) están empatados (7%). La candidatura es de quien la trabaja, pero más de quien cuenta con el voto del gran elector (estatal y federal).

En defensa de la 4T

Morena está por anunciar su candidato para el Gobierno de Coahuila. El favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador salta a los ojos. Ricardo Mejía se promueve como «defensor de la 4T» y única oposición real para terminar con la hegemonía de 93 años del PRI. El senador Armando Guadiana y el exdiputado Luis Fernando Salazar no han dado su brazo a torcer, pero quizá uno de ellos declinará antes de la postulación oficial. En el esprint, los tres buscan mejorar su posición en las encuestas. Mejía lo hace de manera más abierta, pues su desarraigo de 17 años lo alejó de los reflectores del estado. Guadiana tiene dos campañas consecutivas —para gobernador y senador— y Fernández ya ocupó también un escaño en la Cámara Alta.

La guerra de encuestas se intensifica según se acerca el inicio formal del proceso, para lo cual faltan solo dos meses (1 de enero). Los aspirantes a la gubernatura y los partidos manejan las intenciones según su conveniencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Riquelme, jefes de Morena y del PRI, son operadores políticos por antonomasia. Cada uno tiene sus propios escenarios sobre los comicios del 4 de junio de 2023. Las principales fuerzas políticas del estado se encuentran en estos momentos en empate técnico. El horizonte se despejará en las campañas, quizá las ríspidas.

Mientras Morena presenta a su candidato, en el PRI el aparato está volcado con Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo Social y delfín del gobernador Miguel Riquelme. Muñidores del «moreirato», como David Aguillón, exlíder del PRI y exdirector de Comunicación Social, «refuerzan» el proyecto. Los pretendientes de Morena y sus equipos centran su atención en las encuestas, pero ese no será el único factor y acaso tampoco el decisivo. En el ánimo del presidente López Obrador, la honestidad y la lealtad están por encima de otras cualidades y aptitudes.

En una escala del 1 al 10, las encuestas valdrían tres puntos; la trayectoria política y personal de los aspirantes, cuatro; y la identificación con el presidente y su movimiento, tres. Bajo ese criterio, quien acumule mayor puntaje obtendría la candidatura. Ricardo Mejía renunció al PRI en 1997 y acompaña a AMLO desde su primera campaña presidencial. Armando Guadiana fue priista hasta 2012, cuando se sumó a López Obrador. Luis Fernando Salazar dimitió al PAN el 18 de octubre de 2018. Entonces AMLO ya era presidente electo.

El talón de Aquiles de Mejía es su desempeño como subsecretario de Seguridad Pública, pues la violencia y los homicidios no han disminuido en el país, sin embargo, por ahora no ha sido señalado por algún delito. Residir fuera de Coahuila no lo inhabilita, como fue el caso de candidatos del PRI ungidos por el presidente de turno. A Guadiana y Fernández se les involucra en supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias. El senador aparece en los Papeles de Pandora junto con otros políticos y empresarios. La filtración de alrededor de 11.9 millones de documentos «revela cómo algunos personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos de las autoridades fiscales» (El País, 03.08.21). Socarrón, Guadiana le resta importancia a las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas.

Fernández es vinculado con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ambos fueron senadores cuando se negoció la reforma energética de Peña Nieto. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el político lagunero vendió en 11 millones de pesos una casa a la empresa de un funcionario estatal. (Sin Embargo, 25.06.22). Parte de los recursos se habrían invertido para promover su candidatura en redes sociales. E4

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Guillermo Anaya, ¿a la tercera es la vencida?

En el contexto de una elección polarizada, el PAN podría atraer a los disconformes e indecisos, como pasó en Nuevo León con Movimiento Ciudadano en 2021

En la disyuntiva de regresar al PRI o votar por Morena en las elecciones para gobernador de 2021, Nuevo León apoyó a Movimiento Ciudadano. Las encuestas realizadas entre enero y marzo daban como favorita a Clara Luz Flores (Morena), seguida de Adrián de la Garza (PRI). Samuel García (MC) aventajaba solo en una. La tendencia cambió en abril a favor del priista, pero en mayo García le dio vuelta a la tortilla. Así, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó al tercer lugar y el movimiento naranja obtuvo su segunda gubernatura.

El PAN podría repetir en Coahuila la estrategia de MC en Nuevo León: dejar que la competencia entre el PRI y Morena se polarice. El siguiente paso consistiría en atraer a los indecisos, los inconformes con el Gobierno de AMLO y los agraviados por la dirigencia y los legisladores del partido tricolor por su sociedad con Morena la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. La alternativa la sopesa el CEN. La alianza con el PRI y el PRD aún no está muerta, pero dentro de Acción Nacional hay voces que prefieren un candidato propio. La intención de voto en el estado por el partido de Dante Delgado es mínima (2.8%), de acuerdo con Massive Caller.

Guillermo Anaya, candidato en las elecciones de 2011 y 2017, es hoy por hoy la figura principal del PAN y la segunda más conocida después de Manolo Jiménez (PRI), por parte de las oposiciones. No de balde, pues el exalcalde de Torreón acumula tres campañas estatales (una para senador y dos para gobernador en las cuales afrontó a Rubén Moreira y a Miguel Riquelme). En los comicios del 17 estuvo a punto de obtener el triunfo, pero el presidente Peña Nieto, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo impidieron.

Anaya, quien es visto en algunos sectores como víctima del sistema, se mantiene activo, pero lejos del escenario mediático. En las últimas semanas ha conversado con el líder del PAN, Marko Cortés, sobre su eventual candidatura. El exsenador es el panista que más cerca ha estado de ser gobernador. En las elecciones de 2017 captó 452 mil votos (36.4%) contra 482 mil de Miguel Riquelme (38.9%). Anaya ganó el proceso poselectoral. La movilización del 6 de junio contra el presunto fraude movilizó a decenas de miles de personas en Saltillo y en Torreón, pero el TEPJF le dio la victoria a Riquelme.

Después de lograr su votación máxima, Acción Nacional cayó al tercer lugar arrastrado por la ola de Morena. Perdió asientos en el Congreso local, no tiene ninguno en la legislatura federal ni pudo conservar las alcaldías de Torreón, San Pedro y otros municipios. No es la primera crisis que afronta. Sin embargo, para recuperar su base electoral necesita dar señales de vida, volver a ser oposición y deslindarse del Gobierno. Reactivar el Frente por un Coahuila Digno le permitiría sumar a las corrientes sociales y políticas que han votado por la alternancia.

La coalición con el PRI aún no está cancelada, pero el rechazo al tándem de Alejandro Moreno y Rubén Moreira por haber violado la moratoria legislativa y propuesto la extensión del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028 —aprobada en ambas cámaras con los votos de Morena y sus aliados, incluido el PRI—, hace pensar al PAN en la postulación de un candidato de sus propias filas. En ese escenario, el elegido sería Anaya. Las elecciones se acercan y la moneda sigue en el aire. E4

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López Obrador y Riquelme definen posturas para el 23

Quien cometa delito electoral irá a la cárcel, advierte el presidente. El gobernador «empeña cuerpo y alma para que el PRI gane» la gubernatura

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Riquelme se refirieron a los comicios para renovar los poderes ejecutivo y legislativo del estado, con una diferencia de 12 días. «Pienso que van a ser elecciones limpias, libres y además existe autoridad. Ya es delito grave el fraude electoral. ¿Qué es delito grave? Que puede ir a la cárcel quien cometan un delito electoral y no tiene derecho a fianza», declaró AMLO en la rueda de prensa del 3 de octubre. El mismo mensaje es para Estado de México donde el 4 de junio próximo se nombrará al sucesor de Alfredo del Mazo. Son las únicas entidades donde el PRI gobierna desde hace 93 años.

«Pienso que van a ser elecciones limpias, libres y además existe autoridad. Ya es delito grave el fraude electoral».

Presidente Andrés Manuel López Obrador  (03.10.22)

Riquelme declaró ante funcionarios y exfuncionarios estar empeñado en cuerpo y alma «para que gane el PRI». Para el gobernador, la institucionalidad y el contacto con la sociedad son inseparables. Mientras los Gobiernos del PRI afrontan los problemas sociales, «los de Morena optan por renunciar, alejarse y buscar refugio». Tangencialmente cuestionó la voluntad del presidente por una elecciones apegadas a derecho. Los aspirantes de otros partidos —dijo— «vulneran la legalidad de la próxima contienda y sin empacho alguno llenan las vías públicas y las plataformas digitales con actos anticipados de campaña» (Zócalo Saltillo, 14.10.22).

En su declaración previa, AMLO dio por hecho que «Las elecciones en el Estado de México y Coahuila se van a celebrar con legalidad, con transparencia. No va a haber fraude». Incluyó en el compromiso a los tres órdenes de Gobierno, «sea un presidente municipal, gobernador, presidente de la república». Por tanto, pidió no utilizar recursos públicos para favorecer a algún partido o candidato. Antes «no estaba tipificado el fraude electoral como delito, pero ahora sí, entonces (a) presentar todas las denuncias».

«(Los aspirantes de otros partidos) vulneran la legalidad de la próxima contienda (…) con actos anticipados de campaña».

Gobernador Miguel Riquelme  (14.10.22)

Riquelme dio por sentada la coalición de su partido con el PAN y el PRD. «El PRI con sus aliados afrontará la batalla, saldrá victorioso una vez más. Coahuila confirmará que tiene al mejor PRI de México». El gobernador presidió la ceremonia junto con su delfín Manolo Jiménez. En su discurso, Riquelme se refirió a las últimas incursiones del crimen organizado en la frontera. —Venían a desestabilizar a Coahuila porque el año próximo habrá proceso electoral —acusó (Zócalo Saltillo).

El presidente López Obrador puso como ejemplo de legalidad las elecciones para gobernador en Tamaulipas, celebradas el 5 de junio pasado. El expriista Américo Villarreal (Morena) derrotó a César Verástegui, candidato de la coalición (PAN-PRI-PRD) por un margen de 88 mil votos. La rispidez entre Villarreal y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca caracterizó el proceso de principio a fin. El exgobernador trató de impedir a toda costa el triunfo de Villarreal, incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 7 de octubre, ante el presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, anunció que un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca «por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita». El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para evitar la fuga del exgobernador, quien, al parecer, se encuentra en Texas. El 14 de octubre, un juez de distrito de Tamaulipas concedió una suspensión provisional al político del PAN a quien se considera prófugo. E4