Colusión entre Gobierno y delincuencia neutralizan mecanismos de protección

Impunidad, aumento de las organizaciones criminales, omisión de responsabilidades de las autoridades locales y falta de concienciación sobre el trabajo periodístico son las causas de la violencia contra el gremio de comunicadores

México lidera por tres años consecutivos la lista de países más peligrosos para el periodismo. El diseño de instrumentos y acuerdos nacionales e internacionales para proteger a los informadores y promover el respeto de los derechos humanos —como la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas o el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— han servido de muy poco para combatir el flagelo.

En el estudio «Bajo Riesgo: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras y México)», publicado en febrero pasado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se adentra en detalles del divorcio entre las disposiciones legales y su aplicación, el cual, a la postre, ha servido como catalizador de 153 asesinatos de reporteros desde el año 2000.

«Hay que hacer conciencia de que estamos en un país federal y que hay otros dos órdenes de Gobierno que tienen que asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos».

Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El documento desglosa cuatro causales para la generación y proliferación de la violencia contra los periodistas:

• La impunidad que marca los ataques a periodistas.
• Aumento del número de las organizaciones criminales y su complicidad con las autoridades.
• Incumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades locales.
• Falta de concienciación sobre el trabajo periodístico, tanto en la sociedad como en los distintos niveles de Gobierno.

«Mientras las fiscalías no generen condiciones para hacer justicia, se envía un mensaje muy claro a los perpetradores, de hoy y de mañana, de que no pasará nada. Es un mensaje muy potente», señala Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Juez y parte

RSF advierte que «integrantes de diversas entidades públicas, responsables de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la población, figuran entre los mayores sospechosos de crímenes contra la libertad de expresión. Entre ellos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), están la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías de los estados de Veracruz y Oaxaca, dos de los más violentos del país».

Artículo 19 confirma esta condición en su «Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia COVID-19 en México y CA». En promedio, el 69% de los ataques contra la prensa que cubrió la contingencia sanitaria en 2020 fue perpetrado por agentes del Estado, asegura la organización. Las agresiones más comunes recogían bloqueos o alteración de información (27.8%), intimidación y hostigamiento (22.2%), privación de la libertad (19.4%), uso ilegítimo del poder público (16.7%) y ataques físicos (13.9%).

El informe «Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas: Análisis de investigaciones sobre delitos contra la Libre Expresión», elaborado por la misma organización en 2019, asegura que de las mil 140 investigaciones que inició la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre 2010 y 2018, solo el 16.3% terminó en procesos o juicios, y de las diez sentencias obtenidas con base en las investigaciones, seis tenían al menos un servidor público involucrado.

Mecanismo ineficiente

A la periodista Lourdes Maldonado no le sirvió de mucho formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras Derechos Humanos y Periodistas. Su asesinato, el 23 de enero pasado, a manos de un sicario, puso en tela de juicio la efectividad de esta iniciativa federal.

Igual suerte había corrido antes el editor del portal de noticias La policiaca, Gustavo Sánchez Cabrera, quien solicitó su incorporación al sistema en enero de 2021. Las autoridades validaron el dispositivo en mayo, el cual consiste en establecer vigilancia frente a su domicilio, escoltas para sus viajes y chaleco antibalas. Sin embargo, las medidas nunca se aplicaron. Sánchez se encontraba con su hijo a bordo de una motocicleta cuando fue atropellado por sujetos desconocidos que después le dispararon a la cabeza y se dieron a la fuga.

«Salvaguardar la vida, libertad e integridad de todas aquellas personas que, con motivo de la labor de defensa de derechos humanos o el ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran en riesgo» —como detalla el sitio web del Mecanismo— se dificulta por la falta de recursos y el aparato burocrático que impide activar una respuesta expedita ante la situación de riesgo de un periodista.

En junio de 2021, mil 459 personas estaban inscritas en este instrumento, incluidos 989 defensores de derechos humanos y 470 periodistas. La mayoría de los comunicadores cubrían temas de política y seguridad en estados con altos índices de violencia como Guerrero y Tamaulipas. No obstante, apunta RSF, el poco personal disponible para hacer funcionar el Mecanismo, en comparación con el número de beneficiarios atendidos, hace imposible la tarea de monitoreo semanal establecida en su algoritmo de protección.

Súmese a ello que, para aprobar la solicitud de inscripción emitida por un periodista en situación de riesgo, esta debe atravesar un sinfín de canales que retrasan su puesta en marcha. Primero ha de contar con el visto bueno del equipo de trabajo en la Unidad de Recepción, luego se establece contacto y una posterior entrevista con el solicitante. Algunos casos son sometidos a votación para determinar si se procede o rechaza la solicitud. Con base en este resultado y los niveles de riesgo, se propone un plan con medidas preventivas para que, finalmente, el grupo de la Unidad de Seguimiento notifique a las autoridades y a la empresa contratada para su implementación, lo que debe ocurrir en un plazo de hasta 30 días. Demasiado tiempo cuando se trata de poner a salvo una vida.

Los presupuestos asignados tampoco resultan suficientes. Para este año se aprobaron 388 millones de pesos, el más alto desde que se puso en marcha esta iniciativa. Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, advierte que de ese monto 150 millones ya estaban comprometidos para pagar un adeudo del ejercicio de 2021. «Esto quiere decir que para 2022 el recurso destinado para proteger a personas defensoras es completamente insuficiente», lamentó (El Economista, 24.10.21).

De Federal a General

Tras un encuentro con diputados el 7 de marzo, Irazoque Palazuelos anunció, a través de la Secretaría Gobernación, que el Gobierno federal alista una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso emita una Ley General de protección, y no una Federal, en materia de protección a periodistas. De esta forma se establece una corresponsabilidad entre estados y municipios.

«Hay que hacer conciencia de que estamos en un país federal y que hay otros dos órdenes de gobierno que tienen que asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos», expuso el funcionario (Expansión, 25.03.22).

El objetivo es crear un Sistema Nacional de prevención y protección de agresiones hacia defensores de derechos humanos y periodistas, emitir un Plan Nacional de prevención y generar un Protocolo de actuación de todas las autoridades. E4