Crimen organizado y COVID-19 dejan larga estela de huérfanos

México es el segundo país con más niños en situación de orfandad a causa de la pandemia. La guerra contra el narco y un sistema de justicia que «favorece» la inclusión de menores en el crimen organizado agravan el problema

Menores migrantes indefensos en México y EE. UU.

Con 192 mil 500 huérfanos, México ocupa el segundo lugar entre los países con más huérfanos a causa de la COVID-19, de acuerdo con el análisis de 20 naciones desarrollado por la revista especializada The Lancet Child & Adolescent Health. El primer lugar lo ocupa India, con un millón 917 mil 100 casos. La nación asiática ha sido de las más afectadas desde el inicio de la pandemia, pero a diferencia de las potencias desarrolladas, le faltan recursos para enfrentar la enfermedad.

En el tercer puesto de orfandad se ubica Brasil, con 169 mil 900 casos. De cerca le sigue Estados Unidos —149 mil 300—, y cierra la lista de los cinco primeros Sudáfrica —134 mil 500—.

El estudio «La pandemia oculta de COVID-19 en Estados Unidos: los niños huérfanos», publicado en julio de 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta que la muerte de uno de los padres se encuentra entre las experiencias adversas en la infancia que pueden derivar en baja autoestima, menor tiempo en la escuela, conductas sexuales de riesgo, uso de estupefacientes, intentos de suicidio y abusos físicos.

«Todos nosotros, especialmente nuestros niños, sentiremos el grave impacto inmediato y a largo plazo de este problema en generaciones futuras».

Susan Hillis, investigadora de los CDC

En términos psicológicos, las derivaciones son igual de perturbadoras. César Galicia, psicólogo y sexólogo, lo explica: «Desde una perspectiva de salud mental, como sociedad estás creando a un montón de niños y niñas que no adquieren las herramientas emocionales suficientes para la autorregulación, tranquilidad, buenas relaciones, etcétera, lo que facilita que deriven en cuestiones de violencia de pareja, de género, alcoholismo, consumo compulsivo de sustancias e incluso en factores de salud física, como consecuencia de ese estado constante de estrés. Es un caldo de cultivo para mantener a toda esta gente en la miseria y en la violencia».

El grado de vulnerabilidad depende también de otros factores, como el acceso a redes de apoyo que se hagan cargo cuando los padres no puedan. Desafortunadamente, es común que niños y adolescentes se vean obligados a trabajar y asumir responsabilidades de manutención dentro de los grupos familiares tras la pérdida de su mamá o papá.

«Todos nosotros, especialmente nuestros niños, sentiremos el grave impacto inmediato y a largo plazo de este problema en generaciones futuras. Abordar las pérdidas que han sufrido —y continúan sufriendo— estos niños, debe ser una de nuestras principales prioridades, y esa atención debe incorporarse a cada aspecto de nuestra respuesta de emergencia, tanto ahora como en el futuro pospandemia», dijo Susan Hillis, investigadora de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y autora principal del estudio.

En este punto, Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora en la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, hace hincapié en la necesaria intervención del Estado para contrarrestar las consecuencias desafortunadas que pueden padecer los infantes en estado de orfandad, mediante el uso de políticas públicas que los ayuden a salir adelante.

En la LXIV Legislatura se presentaron alrededor de 15 proposiciones con puntos de acuerdo relacionados con el auxilio a los huérfanos. Las mismas exhortan a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, a la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública, a implementar medidas que garanticen la entrega de apoyos y becas; al Gobierno Federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, se integre un registro nacional de menores en situación de orfandad y para que se implemente un programa nacional de atención integral que les asegure una adecuada alimentación, protección social, atención médica, económica, psicológica y educativa.

La realidad, sostiene Gómez Macfarland, es que «al mes de septiembre de 2021, en nuestro país por cada 100 fallecimientos por COVID-19 alrededor de 90 menores de 18 años habían perdido a algún cuidador primario o secundario, y la cifra va en aumento. Los apoyos que brinda el Gobierno a los menores de edad en condición de orfandad actualmente son insuficientes» («La orfandad ocasionada por la pandemia», septiembre 2021).

Carne de cañón

En México podría haber entre 78 mil y 315 mil huérfanos como consecuencia del combate al narcotráfico, según estimaciones de las periodistas Georgina Jiménez y Tania Briseño, en su trabajo «Un país sin papás: la orfandad que podemos atribuirle a la violencia» (Nexos, 12.05.21), y tanto su presente como su futuro dependen de ellos mismos.

«Si bien México cuenta con un sistema dedicado a proteger los derechos de niñas y niños, no hay muchos indicios de que se estén llevando a cabo suficientes acciones para atender a quienes han perdido a sus padres por la violencia», se lee en el documento.

Un paquete de siete acciones generales se presentó el 30 de abril de 2019 en la Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) como fórmula para la solución del problema. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticó de inmediato que se limitara a un mecanismo de asistencia económica, mientras las bases para la reformulación del combate a las drogas y el respeto a los derechos humanos fueran genéricas, en lugar de incorporar una perspectiva de derechos de menores de edad.

«En la medida en que entendamos hasta dónde nos ha dañado la violencia, podremos entender su complejidad y la necesidad de diseñar políticas públicas igual de complejas que nos permitan salir de este infierno», señalan Jiménez y Briseño.

Mas no se trata solo de familiares que pierden la vida. Otro fenómeno que lacera a la sociedad es la captación de jóvenes por parte del crimen organizado. En el estudio «Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo», publicado en dos partes —septiembre y diciembre de 2021— por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano, se advierte el aumento de la violencia contra los menores en el país.

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021 700 homicidios dolosos de personas entre 0 a 17 años (103 mujeres y 597 hombres) se habían registrado en México. Durante el mismo periodo ocurrieron en promedio ocho feminicidios al mes de menores de edad, 65 en total.

Redim indica que entre 30 y 35 mil niños y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales, quienes además de participar en sus operaciones, realizan tareas que repercuten seriamente en su bienestar emocional y ponen en riesgo su vida.

Sus ocupaciones varían según las características y habilidades del menor: Pueden ser usados como mensajeros, para «halconeo» (vigilantes), empaquetado, distribución al menudeo, «gatillero» o «sicario» (asesinos), contabilidad, jefe de plaza, recaudación de rescates en secuestros, extorsiones y cobro de piso.

Detalla el estudio los principales motivos de los jóvenes para acceder a formar parte de las bandas criminales. Entre los más comunes se encuentran la constante necesidad de querer pertenecer a un grupo que les brinde protección —el sustituto o equivalente a una familia—, y la constante disposición al peligro, al sentir adrenalina y el poder, las drogas, las armas, autos y otros lujos.

Desde el punto de vista de los grupos delictivos, el involucramiento de niños y adolescentes es una «excelente inversión», en buena medida gracias a algunas características que presenta el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes que, en caso de la detención de un menor:

• Se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada.
• Los delitos prescriben prontamente.
• Las sentencias tienen una duración máxima de cinco años.
• No existe una vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el Sistema Justicia para Adultos.
• Quienes, entre los 12 y 18 años, cometen un ilícito son sentenciados por un mínimo de tiempo.

Redim solicitó el 9 de febrero a los diputados federales que tipifiquen como delito el «Reclutamiento de menores de edad». También se pidió garantizar el acceso a la justicia y a una compensación para los menores reclutados, quienes deben ser reconocidos como víctimas, sin que esto los exima de responsabilidad penal. «El reclutamiento constituye una de las formas más graves de violencia contra la infancia, además de ir en contra del interés superior de la niñez», señaló Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim.

Ese mismo mes, legisladores de Acción Nacional presentaron al Senado una iniciativa que prevé modificar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños para incluir como delito de corrupción contra menores el reclutamiento de éstos; aplicar penas de prisión de entre 10 y 20 años y de mil a 20 mil días de multa para quien incurra en el ilícito, y sancionar como miembros de la delincuencia organizada a quienes elaboren un plan para el delito de corrupción de menores, entre otros cambios.

Asimismo, añade una reforma a la Ley General de Víctimas para identificar con este carácter a los menores que hayan sido reclutados, en aras de garantizarles protección y un plan de reintegración y desmovilización del menor. «Las fiscalías generales de Justicia de las entidades y de la Federación deberán crear y adoptar protocolos de actuación aplicables a detenciones de adolescentes puestos a su disposición por delitos relacionados con las actividades de delincuencia organizada», puntualiza la propuesta. E4

Propuestas de cambios al Código Penal Federal

• Tipificar el delito de «Reclutamiento de menores para que participen en actividades del narcotráfico».
• Incluir como delito de «Corrupción contra menores» el reclutamiento de estos.
• Aplicar penas de prisión de entre 10 y 20 años, y de mil a 20 mil días de multa, para quien incurra en el ilícito.
• Sancionar como «miembros de la delincuencia organizada» a quienes elaboren un plan para el delito de corrupción de menores.
• Que las fiscalías generales de Justicia de las entidades y de la Federación creen protocolos de actuación aplicables a la detención de adolescentes puestos a su disposición por delitos relacionados con el crimen organizado.
• Considerar la reincorporación de los menores a su entorno si no representan un riesgo para ellos ni para la sociedad.

Fuente: Iniciativa presentada por el PAN al Senado.

Huérfanos por COVID-19
India	1.9 millones
México	192,500
Brasil	169,900
EE. UU.	149,300
Sudáfrica	134,500

---

Menores migrantes indefensos en México y EE. UU.

La entrada en vigor del Título 42 en marzo de 2020, en la administración del presidente Donald Trump, que permite a las autoridades migratorias deportar a cualquier indocumentado de manera inmediata bajo el pretexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, puso de manifiesto la especial vulnerabilidad de los niños, muchos de los cuales quedaron separados de sus familias al ser retenidos en los centros de detención para migrantes en Estados Unidos, donde sobreviven en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Otros fueron deportados a México bajo el marco de los Protocolos de Protección al Migrante, conocidos como el programa «Quédate en México», que los deja expuestos a los malos tratos, el mercadeo de personas, la explotación infantil y los abusos de los carteles criminales o de las autoridades mexicanas. Muchos de estos menores ni siquiera pueden mantenerse a sí mismos ni acceder a servicios básicos como alojamiento, comida, agua, transporte seguro o atención sanitaria.

«Con los esfuerzos para contabilizar y procesar a esos niños, niñas y sus familias en suspensión indefinida, el Gobierno de Biden ha dejado varados y en condiciones vulnerables a los solicitantes de asilo y debería dar marcha atrás inmediatamente».

Ari Sawyer, investigadora en Human Rights Watch

Aunque el Gobierno de Joe Biden anunció que el 23 de mayo cancelará el Título 42, el daño ya está hecho. Human Rights Watch estima que EE.UU. envió al menos a 21 mil 300 niños solicitantes de asilo a ciudades fronterizas mexicanas en espera de que se resuelva su estatus. Acorde a la información entregada a la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales por los tribunales de inmigración de EE.UU., esa cantidad constituye el 30% de los solicitantes de asilo colocados en el programa.

«Los datos muestran la cantidad de niños y niñas que el Gobierno de Trump envió indebidamente a condiciones peligrosas en México, muchos de los cuales siguen allí un año después de que el presidente Joe Biden llegara al cargo», dijo Ari Sawyer, investigadora fronteriza de EE.UU. en Human Rights Watch. «Con los esfuerzos para contabilizar y procesar a esos niños, niñas y sus familias en suspensión indefinida, el Gobierno de Biden ha dejado varados y en condiciones vulnerables a los solicitantes de asilo» (Human Rights Watch, 04.02.22).

México, por su parte, se acopla a los intereses de su vecino del norte y ha fortalecido sus sistemas de vigilancia y control sobre los migrantes que intentan cruzar a la tierra prometida. Las redadas son cada vez más frecuentes, y entre los indocumentados no faltan los menores.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las detenciones de niños migrantes aumentaron 402.5% interanual en 2021. De enero a octubre de ese año fueron aprehendidos 48 mil 707 menores, mientras que en el mismo lapso del año anterior la cifra fue de 9 mil 692.

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, el número de jóvenes de 19 años o menos que viven en un país distinto a aquel en el que nacieron se incrementó por más de 10 millones en las últimas tres décadas. Mientras en 1990 se contaban 29 millones, para 2020 ya sumaban 40.9 millones. Ese mismo año, los niños migrantes representaban el 14.6% de la población migrante y el 1.6% de los niños en el mundo.

CDC salvan a Biden

Las tentativas de la administración de Joe Biden por eximir a los menores no acompañados de las expulsiones fast track sustentadas por el Título 42 se han visto anuladas por el sistema judicial que se ha interpuesto, una y otra vez, a su ejecución.

El más reciente fiasco tuvo lugar 4 de marzo, cuando el juez Mark Pittman, del Distrito Norte de Texas, falló en contra de la propuesta del presidente estadounidense para aplicar la controvertida medida sanitaria solo a los mayores de edad o aquellos menores que se encontraban junto a sus padres. El magistrado respondía así a una querella legal encabezada por Texas contra la decisión de la Casa Blanca de acoger a los niños migrantes que viajan solos.

Sin embargo, apenas una semana después —el 11 de marzo— y horas antes de que el Gobierno de Biden se viera obligado a ejercer la deportación a cualquier indocumentado, sin importar edad o situación migratoria, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. eliminaron la norma que expulsaba a los menores migrantes no acompañados que llegaban a la frontera, pues ya no tenía razón de ser una medida extraordinaria que pretendía proteger a los estad unidenses durante la pandemia.

«La expulsión de menores no ciudadanos y no acompañados no se justifica como medida de protección de la salud pública», indicaron los CDC en su comunicado.

La administración Biden, en cambio, sí mantendrá —hasta el 23 de mayo— la aplicación del Título 42 para la expulsión de los adultos que lleguen a la frontera y los menores acompañados por sus familias. E4