La propuesta de AMLO atiende un sentido clamor popular: reducir el costo que representan los partidos, legisladores y procesos electorales. La oposición cierra filas en contra, pero para evitar un «juicio histórico» deberá presentar su propia iniciativa. «El presidente gana aun perdiendo»: Zepeda
Tijeretazo «republicano» a la partitocracia
Coahuila: Adiós a los parásitos
Aunque incompleta y perfectible, la Reforma Político-Electoral que presentó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, abre el camino para comenzar a reparar el obsoleto y oneroso sistema electoral mexicano.
En nombre de la «austeridad republicana», la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atiende uno de los reclamos sociales más sentidos: la reducción del costo que representan los partidos, los legisladores y la burocracia electoral en los tres ámbitos de gobierno.
Para esto, propone limitar el financiamiento público a los partidos —solo para elecciones y no para actividades ordinarias— y reducir la cantidad de diputados federales (de 500 a 300), senadores (de 128 a 96) y de diputados locales (de 1,113 a 654), así como de regidores y concejales.
«El hecho de que las distintas fuerzas políticas asuman que hay un problema y se sientan obligadas a proponer una solución, es ya un avance»
Jorge Zepeda Patterson, escritor y académico
También busca desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales estatales, bajo el válido argumento de que las controversias acaban dirimiéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad administrativa en materia electoral y estaría conformada por un presidente y seis consejeros, electos cada seis años por voto popular. Los magistrados del TEPJF también serían electos por votación y el candidato con mayor cantidad de sufragios sería el presidente.
Por el contrario, tanto diputados como senadores no serían elegidos directamente por los electores, sino que provendrían de listas estatales de candidatos elaboradas por cada partido, según el porcentaje de votos que obtengan en la elección.
«El problema es que cuando mezclas representación proporcional con listas estatales, el resultado puede hacer más desproporcional al sistema»
Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE
Esto, debido a que se eliminarían las diputaciones y senadurías de mayoría relativa (MR) y el Congreso Federal quedaría conformado solo por legisladores de representación proporcional (RP) o plurinominales: 300 diputados (distribuidos según la población de cada estado) y 96 senadores (tres por cada entidad).
Este es uno de los puntos más polémicos, pues según la oposición abre la puerta para que los partidos minoritarios se queden sin representación en el Congreso.
De ahí que los dirigentes nacionales de la Coalición «Va por México» (PRI, PAN y PRD) califiquen la propuesta como «regresiva» y de «dardo envenenado en contra del INE» (El Universal, 01.05.22), dado el enfrentamiento público de AMLO con los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
En este sentido, han anunciado lo obvio: cerrarán filas contra el proyecto, tal como lo hicieron con la Reforma Eléctrica. Sin embargo, se verán obligados a poner sobre la mesa sus propias iniciativas, lo que podría resultar beneficioso para el país.
100% plurinominal
Si bien desde hace años se habla de la necesidad de eliminar las curules plurinominales (RP), la reforma de AMLO propone lo contrario: asignar todos los escaños por mayoría relativa (MR).
En la actualidad, México utiliza un sistema mixto para conformar el Congreso. En el caso de la Cámara Baja, 300 curules se asignan según los votos obtenidos en igual cantidad de distritos (MR), y 200 provienen de una lista presentada por cada partido según los sufragios obtenidos en cinco circunscripciones (RP), las cuales desparecerían.
El principio de MR conlleva que si un candidato gana un distrito se lleva la diputación, independientemente de si los otros candidatos obtienen más votos en conjunto. Es decir, el partido ganador tiene una sobrerrepresentación y los demás una subrepresentación que actualmente se intenta subsanar con plurinominales.
Para que no suceda esto, la reforma plantea que solo se elijan 300 diputaciones plurinominales (RP), repartidas según la población de cada estado y en base a la postulación de 32 listas estatales de candidatos.
El periodista y escritor Eduardo R. Huchim pone como ejemplo un estado al que le tocan 10 diputaciones federales y donde un partido obtiene 60.4% de votos: «Hoy, ese partido podría alzarse con el total de diputaciones MR de esa entidad federativa (…). Con la reforma, se le asignarían seis curules, y a los demás les tocarían cuatro. Es decir, no hay posibilidades de sobrerrepresentación o subrepresentación importantes. Y esto es un relevante cambio» (Reforma, 04.05.22).
Pero los detractores de AMLO acusan que la reforma beneficia a Morena en detrimento de los partidos minoritarios.
«Si hay dos o tres partidos que arrasen con la votación, se quedarán con las diputaciones (…). Los partidos que saquen más del 3% no tendrán oportunidad de tener una curul; cuando lo que se ha buscado es que las minorías no sean eternas ni tampoco las mayorías, como estábamos en los años 70», señala el presidente del Instituto Electoral Estatal de Aguascalientes, Luis Fernando Landeros (Reforma, 30.04.22).
Sin embargo, un estudio de la consultora Integralia, basado en la actual composición de la Cámara Baja, proyecta que de aprobarse la reforma, PRI y MC aumentarían su representación en 6 y 3%, respectivamente, mientras que Morena y sus aliados la disminuirían entre 2 y 4.4% (Reforma, 01.05.22). «Y, aun así, hay quienes consideran que la reforma beneficia a Morena, cuando en realidad favorece a la equidad», ataja Huchim.
Listas polémicas
En el caso del Senado, acusa la oposición, la desproporción sería mayor. Actualmente se conforma por 64 senadores electos de manera directa (dos por estado); 32 asignados a la primera minoría (uno por entidad); y 32 plurinominales (provienen de una lista nacional que presenta cada partido, de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en el país).
En total, son 128 senadores, repartidos entre Morena (61), PAN (23), PRI (13), MC (8), PVEM (6), PT (4), PES (4), PRD (3) y sin partido (6). La reforma propone reducir el número total a 96, tres por cada entidad, elegidos por el principio de RP.
«El problema es que cuando mezclas representación proporcional con listas estatales, el resultado puede hacer más desproporcional al sistema o más grande al grandote y más chico al chiquito», señala el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde (Reforma, 28.04.22).
Además, argumentan especialistas, al utilizar el sistema plurinominal, los electores ya no votan por candidatos, si no por el partido, lo que implica que los cargos recaerán sobre quienes la dirigencia ponga en los primeros lugares.
«Morena gobierna, junto con sus aliados, 17 entidades, más las que gane el 5 de junio, entonces las listas estatales estarían dominadas por los gobernadores y Morena. ¿Cuál reconocimiento y cuál representación de toda la pluralidad que significa el país?», cuestiona Marco Baños, exconsejero del INE.
«La propuesta reconoce la crisis de representación política (…) pero en lugar de proponer más democracia interna para los partidos propone que sean éstos los que sigan designando quiénes ocupan los primeros lugares en sus listas (…) con el incentivo de que sean los perfiles más leales», señala el académico Genaro Lozano (Reforma, 03.05.22).
«Los detalles del método de selección se dejan para leyes secundarias, (lo que) concentra mucho menos la atención pública y da más margen de maniobra a la falta de rendición de cuentas. Un buen efecto de la propuesta del presidente es que la oposición ya incluyó la realización obligatoria de primarias partidistas, pero solo para candidaturas presidenciales. Esto debería ser para todas las candidaturas», agrega Lozano.
Las razones de AMLO
Si era sabido que la propuesta sería bloqueada por la oposición, cabe preguntarse por qué AMLO la presentó de todos modos. En su columna «Reforma política: las razones del presidente» (El Informador, 01.05.22), el analista político Jorge Zepeda Patterson señala cuatro argumentos: 1. El juicio histórico (el presidente podrá seguir señalando a la mafia del poder por defender sus privilegios), 2. La agenda post sexenal (obliga a Morena a seguir movilizándose en torno las banderas de la 4T), 3. El desprestigio de la oposición (sus detractores deben posicionarse en contra de un reclamo popular y presentar su propia iniciativa) y 4. Modificar paradigmas (presiona a la clase política a debatir una dilatada transformación del sistema político).
«Eso significa que, incluso si no hay condiciones para generar consensos para una nueva ley (tampoco veo a Morena votando a favor de un proyecto presentado por el PAN o el PRI), el hecho de que las distintas fuerzas políticas asuman que hay un problema y se sientan obligadas a proponer una solución», escribe.
«Muy probablemente los candidatos en campaña y los programas electorales se vean presionados a recoger esta reivindicación y convertirla en propuesta de gobierno. (…) En suma, lo que parece un soberano contrasentido, hacer una propuesta destinada a fracasar en las cámaras, puede ser un triunfo (…) en muchos otros terrenos (…). López Obrador entiende que puede ganar aun perdiendo», concluye. La bola de nieve ya empezó a rodar. E4
Lo que está en juego
| Reforma | Beneficios | Críticas |
|---|---|---|
| Desaparición de OPLES y creación del INEC. | Menor injerencia de los gobernadores en los procesos. | Concentración del poder en una sola autoridad electoral. |
| Reducción de diputados y senadores. | Se aligera la enorme carga económica que representan. | Los candidatos saldrían de listas estatales propuestas por los partidos. |
| Disminución del financiamiento público a partidos. | Ahorro millonario. Se equipara al sistema que utilizan otras democracias más avanzadas. | Riesgo de lavado de dinero. |
| Elección popular de los consejeros y magistrados electorales. | Se eliminan sueldos y prestaciones millonarias. | Los estados pierden facultades en material electoral. Mayor carga de trabajo para el TEPJF. |
| Elección popular de los consejeros y magistrados electorales. | Los tres Poderes de la Unión presentarán sus candidatos, que serán electos por voto popular. | Se viola la garantía de inamovilidad de los jueces. |
Lo que está en juego
Tijeretazo «republicano» a la partitocracia
El número de legisladores en México es desmesurado. Por ejemplo, el Poder Legislativo tiene más miembros (500 diputados y 128 senadores) que el de Estados Unidos (435 representantes y 100 senadores), pese a contar con 200 millones de habitantes menos (130 y 330 millones, respectivamente).
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año fiscal 2022 le asigna 4 mil 438 millones de pesos al Senado y 8 mil 45 millones a la Cámara de Diputados, lo que ubica al Congreso mexicano como el más caro de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil (Bloomberg, 10.02.22).
¿Cuánto ganan los legisladores? Este año, los senadores se llevarán 2.2 millones de pesos y los diputados 1.5 millones, aproximadamente (El Economista, 20.09.21).
El costo de las elecciones también es elevado. Por ejemplo, el PEF 2021 asignó al INE 26 mil 819 millones de pesos, de los cuales 7 mil 895 millones de pesos se asignaron a la organización de las elecciones federales y 7 mil 226 millones a los partidos. Es decir, el 56% del presupuesto se destina a elecciones y partidos (Animal Político, 04.06.21).
Este año, al INE se le asignaron 19 mil 593 millones de pesos (de los 24 mil millones que solicitaba), de los cuales mil 275 millones se canalizaron a la revocación de mandato, mientras que 885.9 millones se destinarán a la organización de procesos electorales.
En este sentido, propone «prescindir de los OPLES para que sea el INE quien desarrolle las actividades de aquellos». Si bien el INE, bajo el nombre de INEC, absorbería los recursos de los OPLES, la reforma plantea reducir de 11 a 7 el número de consejeros (incluidos los presidentes), los cuales serían elegidos por voto popular a partir de un listado propuesto por los tres Poderes de la Unión (20 cada uno).
Lo mismo ocurriría con el Tribunal Electoral Federal, que al desaparecer los tribunales estatales se convertiría en el único órgano de justicia electoral. Si bien el TEPJF mantendría su estructura, sus magistrados de la Sala Superior (7) y de las Salas Regionales (3 por sala) serían electos igual que los consejeros del INEC (de una lista de 10 por cada Poder) y el candidato de mayor votación sería su presidente.
La primera elección sería en febrero de 2023, por única vez, y después en agosto del año previo a cada elección presidencial.
Si bien este año el INE tuvo que ajustar el presupuesto destinado a sus gastos operativos y a la organización de elecciones, mantuvo el que tenía planeado otorgar a los partidos: 5 mil 821 millones de pesos.
Bajo el argumento de que son unas de las instituciones más desacreditadas (INEGI, 2020), el proyecto de decreto de AMLO propone «eliminar el financiamiento público a los partidos respecto de sus actividades ordinarias, y plantea que cubran dichos gastos mediante (…) sus simpatizantes y militantes».
El objetivo, señala, es «obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles (…). El financiamiento público se mantendría solo para los gastos de campaña durante la contienda electoral», esto significaría una reducción del 66%, detalla.
Para disminuir el costo de las elecciones, también propone impulsar el voto electrónico, como ya sucede en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Jalisco.
En total, según señaló López Obrador en conferencia de prensa (28.04.22), la reforma ahorraría al erario unos 24 mil millones de pesos. E4
Coahuila: Adiós a los parásitos
De aprobarse la Reforma Electoral del presidente López Obrador, los coahuilenses se liberarían de varios «parásitos». Entre ellos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), un apéndice del PRI, que en 2021 le costó a los contribuyentes poco más de 311 millones de pesos.
Son malas noticias para las 53 personas que en marzo pasado se inscribieron como aspirantes a ocupar la presidencia del órgano coahuilense, la cual dejará vacante Gabriela de León Farías el próximo 2 de noviembre. El sueldo de este cargo asciende a poco más 140 mil pesos mensuales.
Además, sin financiamiento para actividades ordinarias, es probable que los dirigentes de los partidos locales que perdieron el registro en las elecciones de 2021 (Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México) no tengan incentivo para volver a componer fuerzas políticas.
Este año, los cinco partidos con registro en Coahuila (PRI, Morena, PAN, UDC y PVEM) obtuvieron un presupuesto de 34.7 millones de pesos, de los cuales 18% se debe asignar a actividades ordinarias (unos 6 millones de pesos en total).
Si bien bajo el régimen de reparto que propone la iniciativa de AMLO Coahuila ganaría una diputación federal, el Congreso local se reduciría en seis curules, pasando de 25 a 19 diputaciones.
De ahí que no sorprenda que el gobernador Miguel Riquelme haya tildado la reforma de AMLO como «incongruente y una falta de respeto para la sociedad» (Milenio, 29.04.22)
El diputado Álvaro Moreira coincide, aunque confunde qué tipo de diputados desaparecerían: «La Reforma Electoral que se está proponiendo a nivel federal pues está totalmente alejada de la realidad. Imagínate, ¡desaparecen los plurinominales! Son las que le dan voz a las minorías (…). Si hiciéramos eso aquí en Coahuila, ahorita habría puros diputados del PRI» (Capital, 09.05.22).
Por lo pronto, el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, anunció que el Estado irá por su propia Reforma Electoral, la cual buscará ser aprobada este mismo año. Esto es justamente lo que busca evitar la Reforma Electoral de AMLO, pues plantea que haya una sola Ley Electoral y que los estados no pueden elaborar reglas propias. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.