La muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León desnudó un sistema fallido de investigación y procuración de justicia en el estado del norte del país más poderoso a nivel económico, y como consecuencia dejó a los ciudadanos la posibilidad de un juicio sumario que abonará sin duda a la falta de credibilidad y confianza de las personas en las instituciones de Gobierno.
Durante más de 10 días de búsqueda, la Fiscalía de Nuevo León cometió todos los errores posibles de información y comunicación, que se repitieron posterior al hallazgo del cadáver, situación que deja muchas dudas y sobre todo la percepción ciudadana de que a la jovencita le quitaron la vida y la sembraron en las cisternas de un hotel que ya había sido revisado por las autoridades.
El padre de la joven, Mario Escobar, logró desde un principio atraer la atención de los medios de comunicación, que con la cobertura de la desaparición provocaron que se generara una presión social para encontrar a Debanhi y después para aclarar su muerte.
El nobel gobernador del estado vecino vivió muy pronto su noviciado como autoridad estatal y su respuesta junto a la Fiscalía fue débil, estéril y sin efecto mediático, tanto que su nivel de aceptación ciudadana se desplomó dramáticamente.
Las cifras y estadísticas oficiales mostraron que Nuevo León es uno de los tres estados del país con mayor cantidad de reportes de mujeres desaparecidas, de feminicidios y de abusos contra el género femenino.
En nuestro país, una constante en este tipo de sucesos, es que cuando existen vacíos de información oficial, se llenan con versiones urbanas que se alimentan de los testimonios de protagonistas directos e indirectos, y cuando el Estado presenta resultados de investigaciones (aunque sean verídicos y reales) pierden credibilidad ante la opinión pública, porque justamente los vacíos generaron desconfianza y se puede creer en versiones fabricadas, incluso en fantasías y testimonios inventados.
La realidad en Nuevo León, como en muchos estados del país, es que la violencia contra la mujer aumenta radicalmente y se expresa en decenas de denuncias no solo de desaparecidos, sino de violencia contra ellas desde el seno familiar, el ámbito laboral y ahora en las calles de municipios considerados como altamente peligrosos por las mismas autoridades.
El Caso Debanhi se convirtió en un juicio sumario para la ciudadanía, no por los testimonios de la familia de la jovencita, sino por la falta de efectividad de la Fiscalía, en donde, al menos, se tomó la decisión de separar del cargo a dos funcionarios directamente relacionados con las fallas en la investigación.
La pregunta ahora para muchos es por qué la Fiscalía de Nuevo León incurrió en una serie de errores y omisiones, ¿fue una estrategia?, ¿se pretende ocultar algo o proteger a alguien?, o simplemente ¿se equivocaron y no hicieron bien su trabajo? Todos estos cuestionamientos ahora son parte de la percepción ciudadana que hoy existe no sólo en el vecino estado sino en todo el país.
El fenómeno de desconfianza e incredulidad de la opinión pública afectó a todos los órdenes de Gobierno y el caso solo sirvió, en apariencia, para que familias de otros desparecidos y desaparecidas pidan el mismo nivel de atención a la búsqueda e investigación sobre sus familiares que no aparecen.
La lección ciudadana por el momento para muchas familias es cuidar aún más a las mujeres y evitar situaciones de peligro en un estado que se encuentra sumido en una crisis de seguridad, de credibilidad y de confianza.
