Se cree que el país vivió tiempos de gloria cuando defendió a Cuba por su exclusión de la OEA a iniciativa de EE.UU. Es una idea fija en muchos políticos, más en quienes tienen origen priista y ahora militan en la izquierda. Son pasajes que alivian culpa por una adhesión política ahora indeseable, por vergüenza en algunos casos y por oportunismo en muchos más. Lo cierto es que el presidente López Obrador considera que estar del lado de Cuba en estos momentos es honroso y dignifica a la política exterior, más si se trata de contrariar al país vecino al norte. El argumento es un supuesto humanismo incluyente, justo lo que no se practica en casa.
La realidad de aquel entonces es radicalmente diferente a la de hoy día. Cuba no ha cambiado, pero México sí. También el mundo y las relaciones internacionales. La cuestión es que López Obrador tiene ideas fijas. Con más soberbia que inteligencia, resolvió no ir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países enemigos de las libertades y de la democracia, no sólo para Estados Unidos, también para buena parte del mundo democrático.
El presidente piensa distinto y está decidido a no asistir a la Cumbre. Los dados están echados, Estados Unidos no los invitará y, en respuesta, México no será representado con su Jefe de Estado, quien se encuentra en condición de ventaja respecto al norteamericano. Los dos están motivados por objetivos electorales, siendo para Biden el tema migratorio su mayor dificultad, y para ello requiere de la colaboración de su par mexicano. Éste, por tal razón ha adoptado una actitud de recurrente desafío, como fue la postura que asumió ante la invasión de Rusia a Ucrania.
Para López Obrador la política exterior no constituye un ejercicio de Estado que debe entenderse con perspectiva histórica y en función de los múltiples intereses que convergen en las relaciones internacionales, especialmente la que se tiene con EE.UU. Para él, la política exterior es un recurso más para sus objetivos políticos domésticos; es un tema sujeto a su decisión personal, a sus prejuicios, fijaciones e intereses. No comprende que ser Jefe de Estado es ver por el conjunto nacional, que le inhibe de una postura ideológica, porque los intereses del país importan y están por encima de su forma de ver y concebir al mundo.
A muchos preocupa una posible represalia del país vecino. Difícilmente ocurriría, aunque sí habrá de continuar el desprestigio del país y el daño a su diplomacia y a la relación bilateral. México se muestra como un país sometido al poder discrecional de quien lo gobierna, con desplantes infantiles e inútiles que, en perspectiva, serán más de vergüenza que expresión de dignidad.
Al presidente le debe preocupar poco que México sea visto como un país poco confiable, sin seriedad ni perspectiva respecto a su lugar en el mundo y desentendido de la relación con sus países más próximos. El México democrático es muy distante a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El problema es que no entiende que la política exterior es tema de Estado, no de un régimen, causa o ideología.
El pasado es aleccionador. Cuba se quedó en el camino porque la revolución que el régimen generó involucionó en dictadura. Afortunadamente no es el caso de México, a pesar de las fijaciones históricas del presidente y de sus inclinaciones tan alejadas de las libertades y de la democracia. En su postura respecto a Cuba, López Mateos contó con el respaldo de lo mejor del país, López Obrador no. Tal vez, en el fondo, su decisión era no asistir a un escenario no controlado, en el que él fuera uno de tantos. No es la primera vez que se excluye y ahora encontró un pretexto que, en su imaginario, le dignifica y le da prestigio.
La peor crisis de la favorita
Propio de una buena conducción de la sucesión es impedir el descarte de cualquiera, por razón cualquiera. La política es incierta; nadie hubiera pensado que la señora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tuviera que encarar una crisis de tal magnitud por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro. Un accidente no es un incidente. Hay responsabilidad; no fue un error humano, la estructura colapsó provocando la muerte de 26 personas y decenas de accidentados.
Para la justicia, la importancia radica en determinar la responsabilidad de quién o quiénes, por acción u omisión, dieron lugar a que el desplome ocurriera. Adicionalmente, dos géneros de daños habría por compensar, los de las personas fallecidas o heridas, y los derivados de la suspensión y rehabilitación de la obra.
Desde el inicio se definieron tres planos de posible responsabilidad: el diseño, la obra y el mantenimiento. En términos de Gobierno, los dos primeros implican a Marcelo Ebrard; en el mantenimiento concurren la gestión de Miguel Mancera y la de Claudia Sheinbaum. Muy tempranamente trascendió que la empresa subcontratada por Grupo Carso había sido negligente al fijar las estructuras, los ya conocidos pernos nelson. El presidente participó para atender con prontitud y un sentido de cuidado para que el deslinde de responsabilidades por las mismas autoridades de la Ciudad no tuviera sesgo contra Marcelo Ebrard ni la constructora del Grupo Carso.
Claudia Sheinbaum hizo bien al seleccionar perito que ofreciera un estudio sobre las causas del desastre. Una firma internacional con excelente historial e incuestionable prestigio. De esa empresa, ella dijo: «DNV es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864; es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla, y en certificación y servicios de prueba». DNV presentó dos reportes preliminares previos. Con la información disponible todo perfilaba a una responsabilidad en el diseño y ejecución de la obra.
El tercer informe fue proporcionado en febrero. Con motivo del aniversario de la tragedia y ante cuestionamiento de varias fuentes, la jefa de Gobierno informó que demandaría por la vía civil y posiblemente penal a DNV por un reporte inaceptable que no se apegó a la metodología acordada. También los acusó de falta de integridad al ser parte de una cadena que involucra al PAN y a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para configurar un dictamen con tintes políticos.
Los cargos de Sheinbaum contra DNV son inverosímiles. Difícilmente una empresa de tal prestigio en un caso tan delicado actuaría con negligencia y todavía menos se prestaría a un juego político, ni existe razón alguna para ello. Más probable parece que las conclusiones definitivas refieren a la tesis de un deficiente mantenimiento durante este gobierno y, consecuentemente, colaboradores próximos a la jefa de Gobierno figuren como responsables.
Por salud pública, el informe debe darse a conocer. Ella cometió un error grave por la responsabilidad que ahora adquiere impedir se conozcan los resultados de una empresa que ella misma seleccionó y pagó. La responsabilidad derivada de la falta de mantenimiento no la afectaría directamente, quizás políticamente sí, pero no en la esfera administrativa y menos penalmente, salvo que sus instrucciones hubieran sido de no realizar el mantenimiento recomendado, asunto ajeno al reporte de DNV.
La cancelación del contrato no deja las cosas en reserva; llegaría a tribunales y el elemento de defensa es el propio estudio que provocó el diferendo que, inevitablemente, deberá ser del conocimiento público y podría desahogarse no solo en tribunales nacionales. Sin duda es la peor crisis que Sheinbaum enfrenta; peor aún, podría seguirla a lo largo del tiempo y el documento se conocería en el momento más inconveniente para ella. Campo minado en el camino a la sucesión presidencial.
