Ha correspondido a Joaquín López Dóriga revelar el juego de Alejandro Moreno, líder del PRI: en la eventual salida de su encargo partidario en los próximos meses perfilaría como sucesor al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. El tema es fundamental para el bloque opositor ya que el coordinador de los diputados del PRI es el artífice de la traición en la reforma constitucional para extender las atribuciones del presidente para el uso de las fuerzas armadas regulares en tareas de seguridad pública, así como militarizar a la Guardia Nacional, además del voto de abstenerse en la designación morenista del Comité Técnico que habrá de seleccionar las quintetas para consejeros electorales. Las negociaciones con el régimen a espalda del bloque opositor las ha realizado Moreira.
Queda claro que lo que está de por medio en el PRI no es la disputa por el proyecto de partido, ni siquiera los términos de la relación en con la oposición o con el régimen, de lo que se trata es de apropiarse de las candidaturas a 2024. Se pretende definir candidatos y, especialmente, los términos del acuerdo con Marko Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD y, posteriormente, con quien resulte candidato o candidata presidencial de la coalición opositora.
El empeño es imponer candidatos afines a sus intereses personales que se vuelven competitivos por la coalición que conformarían. De esta manera, tal como lo hiciera el PT y PES con Morena en 2018 y el PVEM y PT en 2021, pretenden ganar distritos y estados que no lo lograrían por sí mismos. Más aún, negociar candidaturas significa obtener concesiones futuras para candidatos triunfantes de otros partidos que conforman la coalición y reproducir un entramado de intereses en las entidades que ganaría el PAN en las elecciones de 2024 como podría ser Yucatán, Morelos, Puebla, Guanajuato y Ciudad de México.
El asunto no se limita a la dinámica del bloque opositor, también convoca a la movilización ciudadana. El impulso democratizador tiene como propósito trascender términos corruptos de la política, lo que requiere transformar a los partidos, no sólo por su inherente autoritarismo y verticalismo, también por la relación indebida entre el dinero, las campañas electorales y los funcionarios electos. Es una perniciosa realidad que debe reconocerse y resolverse. El problema con los actuales dirigentes del PRI es que son la expresión más acabada de la corrupción en la política.
Por su parte el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha deslizado en privado la idea de que estaría dispuesto a reconsiderar la determinación de irse por su propia cuenta en la elección de 2024 si la dupla Moreno-Moreira dejan la dirección nacional del PRI. Este tema no sólo remite a ese partido, sino que son muchos los que han mantenido reserva o distancia del proyecto opositor por la presencia tóxica de los dirigentes del PRI. Como tal, la determinación del INE de rechazar los nuevos estatutos del PRI por los que Alejandro Moreno extendió el término de su mandato para continuar en la dirigencia durante la campaña de 2024 fue tomada con regocijo discreto en el bloque opositor.
En efecto, la renovación de la dirigencia nacional del PRI abre la puerta a una mejor circunstancia de un partido que se encuentra en el peor de sus momentos. De ganar Manolo Jiménez la elección de gobernador en Coahuila, Miguel Riquelme se vuelve opción natural, con la ventaja para la oposición de que es un operador electoral que ha mostrado inclusión, capacidad y eficacia, justo lo que más se requerirá para los comicios de 2024. De hecho, hay quien piensa que su lugar debe ser de coordinador de la campaña presidencial próxima. El resultado en los comicios del Estado de México es de la mayor relevancia. El triunfo de Alejandra del Moral impulsaría a priistas y panistas mexiquenses a un primer lugar en la campaña de 2024, también impactaría la convicción de triunfo en la oposición.
La derrota de los personeros del descaro tricolor bien puede significar la mejor noticia para el movimiento opositor ciudadano y el partidista.
La amenaza mayor a la irrupción ciudadana
El enemigo mayor de la movilización ciudadana no es el presidente Andrés Manuel López Obrador; su grosera hostilidad y agresión calumniosa al movimiento más bien ha servido de incentivo; ocurrió el 13N y se repitió el 26F. Tampoco son los legisladores de Morena y su dirigente Mario Delgado, quien tuvo el empacho de decir que los del domingo salieron a dar la cara por el narcoestado. Ellos son malquerientes y todavía más, desean el fracaso de la movilización, especialmente la que se proyecta en votos. No son sus opositores quienes más pueden afectar la rebelión ciudadana.
Lo que más puede dañar al movimiento es la confianza y el no avanzar en fórmulas de organización que les permita lograr sus objetivos legales y políticos, así como hacer de las voluntades acciones concretas, organizadas y orientadas a propósitos específicos como puede ser la observación y vigilancia de la elección y que la energía social impulse triunfos electorales para un auténtico proyecto ciudadano ulterior. Parece un contrasentido, pero los ciudadanos necesitan de la política y en una democracia esto fatalmente se traslada al terreno electoral y, consecuentemente, al partidista.
Desde luego que hoy lo más relevante es defender a la institución que da certeza al sufragio efectivo, lucha que habrá de darse no en la plaza pública, tampoco en los espacios editoriales de medios convencionales o digitales. Esta disputa es de carácter judicial y habrá de procesarse de conformidad a sus reglas y razones, su sitio es el pleno de la Suprema Corte de Justicia. La tarea de los ciudadanos en lo judicial no puede llegar más allá, como lo hiciera José Ramón Cossío el domingo 26 de febrero, que es expresar confianza en los ministros en su responsabilidad de hacer valer la Constitución sin presión de nadie, incluso de la misma sociedad movilizada o de la prensa crítica o independiente.
El problema mayor para el despertar ciudadano es la fragilidad de los partidos; su desprestigio histórico y la deficiente calidad de sus dirigentes. El PRI con Alejandro Moreno y Rubén Moreira no podría estar más próximo a lo que los ciudadanos rechazan: trampa, lodo, corrupción y doble juego. Lo mejor que pudiera suceder al tricolor es que prosperara en el Tribunal Electoral la determinación del INE de renovar dirigencia en los meses siguientes. Es un tema legal, pero con evidentes consecuencias políticas y una singular oportunidad para la renovación del PRI. Opciones no faltan y para ese entonces la de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila sería inobjetable, especialmente si en los comicios en curso Manolo Jiménez prevalece de manera contundente, como parece ser el caso.
El PAN administra su crisis y para ello tiene una dirigencia muy por debajo de la media de su propia organización. Hay dos asuntos recientes en los que Marko Cortés muestra una torpeza mayor: la abstención en el voto de los diputados para constituir el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes de consejeros del INE y la respuesta tardía y desafortunada por la sentencia contra Genaro García Luna. El PRD tiene buena y experimentada dirigencia, pero el partido no recupera el saldo de la fractura derivada del surgimiento de Morena. MC en su afán diferenciador se vuelve funcional al régimen al fragmentar a la oposición.
Sin embargo, el despertar ciudadano requiere de los partidos políticos. La relación es difícil porque los partidos son organizaciones estructuradas, la sociedad movilizada no. En ésta hay múltiples voces, contradictorias en algunos temas y en otros un tanto apartadas de la realidad política. Los partidos estarán en la boleta y una buena medida de la falta de compromiso con la renovación fue la manera como seleccionaron a sus candidatos en las elecciones de 2021. Esto debiera llevar a una exigencia inamovible, la selección democrática de los candidatos a cargos ejecutivos mayores y, desde luego, al de presidente de la República.
En breve, el enemigo más pernicioso de la irrupción ciudadana es la confianza que resulta del mismo éxito de la movilización pública y de la engañosa convicción de que el triunfo político habrá de materializarse en el proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia, lo que requiere del voto de ocho ministros para invalidar una norma del Congreso. De antemano ya se sabe que las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votarían con el oficialismo. De la misma forma, es ingenuidad mayor asumir que la indiscutible convocatoria de las organizaciones civiles por sí misma hará que los partidos modifiquen sus inercias autoritarias, excluyentes y verticales. Nada hay que garantice que las dirigencias actúen en consecuencia y eso sí representa para el aliento democratizador ciudadano una amenaza mayor.
