El «Plan B» de reforma electoral en México se convirtió en un triángulo de poder político, de Gobierno y ahora ciudadano con el establecimiento de dos bandos claros a favor y en contra, pero además con un tercero, para quien recae todo el peso de la decisión histórica de rechazar o aprobar una ley que para muchos atenta contra el Instituto Nacional Electoral y por consecuencia la democracia.
La iniciativa podría ser de las últimas oportunidades para el actual grupo de poder en el Gobierno federal de preservar su presencia sin mayores problemas durante el próximo sexenio y por eso llama la atención su obstinación para modificar la ley a su aparente conveniencia.
Las explicaciones respecto a la insistencia de cambiar las leyes electorales, giran en torno a la última derrota electoral que, al parecer, dejan entrever temor de que los resultados de las elecciones del 2024 no beneficien totalmente al régimen en el poder federal.
Incluso uno de los líderes morales y políticos del nuevo movimiento pidió a sus correligionarios no subestimar a la oposición porque el resultado de los comicios del próximo año podría llegar a los tribunales por lo cerrado de las votaciones finales.
Después de la reciente convocatoria ciudadana a un movimiento de rechazo a la iniciativa presidencial y de las reacciones generadas, sí se observa molestia y enojo que se traduce en descalificación y crítica para quienes no coinciden nuevamente con el pensamiento federal.
La oposición no termina de encontrar la oportunidad para consolidar su papel, salvo que en la gran mayoría de los recursos de inconstitucionalidad y de amparos a la nueva ley, fueron promovidos por ellos mismos, pero que aún falta, al menos comunicación política para fundamentar la solicitud de anulación de la nueva ley.
En el caso del INE se une a los procesos de inconformidad ante la Suprema Corte y busca una última posibilidad de evitar más recortes presupuestales que generen la cancelación de actividades propias para la organización del proceso del próximo año y con ello se arriesgue el resultado del mismo.
Para los magistrados del máximo tribunal de justicia en el país la tarea no es fácil, porque durante el actual sexenio fueron blanco constante del escarnio, la crítica y la publicidad negativa por parte de la actual administración del Gobierno federal.
Seguramente también vivirán momentos de presión con chantajes e intentos de extorsión para influir en su decisión y convenir a los intereses y propósitos de los promotores de la reforma.
El plazo perentorio se acota antes del 2 de junio para cumplir con los tiempos legales y constitucionales para que la nueva reforma pueda aplicarse en el proceso electoral del 2024 que iniciará el próximo año.
Además, el tiempo será fundamental porque el tema continuará en las agenda políticas y sociales del país lo que podría aumentar la presión para la Suprema Corte que deberá, invariablemente, aplicar las leyes y fundamentar su decisión en la misma constitución y sus artículos.
