Desdén e incompetencia gubernamental; periodistas, en el umbral de la muerte

Ni la alternancia en el poder —federal y en los estados—, ni la creación de mecanismos de protección, ni las protestas del gremio en demanda de garantías para ejercer su trabajo han frenado el asesinato de cuatro periodistas y agresiones contra una actividad sin la cual la libertad, la democracia y la justicia no tendrían sustento

Generación Z se suma a la lucha

Los periodistas en México continúan siendo blanco de ataques y la impunidad campea por sus fueros. No importa si la orden provino del crimen organizado o el poder político. Los crímenes contra el gremio no se pagan. Si acaso pisan la cárcel chivos expiatorios o matones a sueldo. La apatía de los tres órdenes de Gobierno se maquilla con organismos desarticulados e ineficientes como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que no han podido contener las agresiones contra el gremio.

Año tras año, la cifra de periodistas asesinados va en aumento y así crece también la frustración y el coraje de una sociedad harta de ver cómo las vidas se sustituyen por números. La muerte de un comunicador no afecta solo a la prensa, hiere la esencia misma de la democracia que encuentra en ellos los primeros defensores de la libertad de expresión y los garantes de la verdad que los poderes fácticos pretenden ocultar. Un Gobierno progresista como el que presume el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la obligación de tomar las riendas del asunto y garantizar a toda costa que la labor informativa deje de ser, ya mismo, un ejercicio mortal.

Nunca, en lo que va de siglo, México había alcanzado la cifra de cuatro periodistas asesinados en el primer mes del año. Con ellos, ya suman 29 en la administración morenista. De mantenerse esta tendencia, el sexenio actual terminará por convertirse en el de mayor número de comunicadores muertos desde el año 2000. La relación entre impunidad y corrupción en diferentes niveles de Gobierno, de la mano de los ataques perpetrados por el crimen organizado, conforma un contexto complejo de vulnerabilidad hacia quienes ejercen la libertad de expresión en el país y exige la implementación de medidas urgentes.

«2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo mexicano. […] Estos asesinatos, cometidos en menos de un mes, hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en el país. Sin embargo, esta violencia que se ceba con los periodistas y la impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera fatalidad».

Emmanuel Colombié, director de la oficina de RSF en América Latina

Los atentados contra reporteros en México ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca cuanto antes sus mecanismos institucionales de protección a los profesionales de la información y añada nuevas políticas de seguridad tanto a nivel federal, como en los estados y sus municipios.

Según estadísticas de Artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 149 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor informativa —137 hombres y 12 mujeres—. De estos, 48 corresponden al sexenio de Felipe Calderón, 47 a la administración de Enrique Peña Nieto y 29 al Gobierno de López Obrador, que apenas inicia su segunda mitad.

En ese mismo lapso, Veracruz ha sido el estado más afectado, con 31. En buena medida a causa del fatídico paso de Javier Duarte por la gubernatura —de 2010 a 2016— cuando se contabilizaron 18 periodistas asesinados. En Coahuila suman cinco: José Valdés, 2006; Valentín Valdés Espinosa, 2010; Daniel Martínez Bazaldúa, 2013; Juan Nelcio Espinoza, 2020; y Saúl Tijerina Rentería, 2021.

No se trata solo de homicidios. Las agresiones también incluyen secuestros, desapariciones, agresiones físicas, amenazas, bloqueos informativos, estigmatización y campañas de desprestigio. En cualquiera de sus variantes el mensaje para los perpetradores siempre es el mismo: mientras exista impunidad, en México se puede agredir a un periodista sin pagar las consecuencias.

Cuatro en un mes

El año 2021 cerró con los homicidios de siete comunicadores. El 2020, en su primer mes, abre con más de la mitad de ese total. Los ataques mortales en contra de José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero; de Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero; de Lourdes Maldonado, el 23 de enero; y de Roberto Toledo, el 31 de enero, volvieron a hacer sonar las alarmas sobre el ambiente de inseguridad en que trabajan los periodistas y la impunidad de que gozan sus agresores.

Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, fue apuñalado en el puerto de Veracruz y permaneció internado cuatro días hasta que se confirmó su identidad y se notificó a su familia, después de su fallecimiento. Durante ese periodo, sus allegados habían denunciado su desaparición. Poco antes de sufrir el ataque, Gamboa Arenas había denunciado casos de inseguridad y corrupción vinculados al municipio de Veracruz. A partir de este hecho la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) solicitó a la Fiscalía General del Estado que se implemente el Protocolo de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en temas de seguridad, fue asesinado a balazos en su domicilio en la colonia Camino Verde, en Tijuana. Versiones extraoficiales aseguran que se escuchó una discusión, tres disparos y el motor de un vehículo, aunque no se reportaron testigos del suceso. Menos de un mes atrás, Martínez Esquivel tuvo un altercado verbal con una persona que aseguró ser periodista —y resultó ser expolicía— que le hizo diversas acusaciones. Por ese motivo, Martínez Esquivel solicitó su inclusión en el protocolo de protección a periodistas de Baja California y estaba en análisis su incorporación al mismo esquema de la Secretaría de Gobernación federal. De nada sirvió.

Lourdes Maldonado cubría temas policiales, de corrupción y de política local en el estado de Baja California desde hacía más de 20 años. En marzo de 2019 la periodista acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador para denunciar que temía por su vida y solicitar «apoyo, ayuda y justicia laboral» en relación con un litigio laboral con la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, medio en el cual ella había trabajado. Dos años después, Maldonado fue blanco de atentados intimidatorios, como el presunto ataque con disparos y golpes a su automóvil en marzo y abril. Aunque contaba con rondas de vigilancia y un botón de pánico, sus custodios no pudieron evitar que le dispararan justo a las afueras de su vivienda.

Roberto Toledo, comunicador social que prestaba sus servicios en el portal Monitor Michoacán, fue sorprendido por hombres que abrieron fuego en su contra en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Armando Linares, director del medio noticioso digital, señaló que desde hace meses su equipo de trabajo ha estado bajo constantes amenazas de muerte. «Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde», dijo.

En relación a los tres primeros crímenes, el presidente López Obrador comentó en su conferencia matutina del 26 de enero que todos iban a ser investigados, al tiempo que pedía no politizar el tema. «Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando. […] Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio».

Protección insuficiente

Tras 10 años de su puesta en marcha, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sigue quedando a deber. Sus resultados son insuficientes a pesar de que en los tres primeros años de la administración morenista se invirtieron en el mismo más de mil 200 millones de pesos y para el 2022 se aprobó un presupuesto de 388 millones de pesos, el más alto desde que se pusiera en marcha esta iniciativa, según especificó Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable de este esquema de seguridad.

Creado en 2012, por instrucción presidencial, para proteger a las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor, «el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión» (www.gob.mx).

Palazuelos explicó que al inicio del sexenio se contaba con 758 personas adscritas a este protocolo. Al último informe del 26 de enero de 2022, hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres).

Asimismo, detalló que entre 40 y 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales. El resto lo representan ataques y amenazas orquestadas por el crimen organizado.

A juicio de Palazuelos, el mecanismo —que surgió como un ejercicio extraordinario— actualmente representa la única ventanilla de atención para defender el tema y no da abasto.

Por tal motivo, subrayó la necesidad de que se lleve a cabo una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado que establezca la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de Gobierno. Actualmente se impulsa este proyecto desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia y el Congreso.

Peor que Afganistán

Con los siete periodistas asesinados en 2021, México mantuvo por tercer año consecutivo su liderazgo como el país más peligroso del mundo para la prensa. Así lo consignó Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su más reciente «Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos», publicado el 15 de diciembre.

Según el organismo internacional en México «en cuanto se interesan demasiado por asuntos molestos o por el crimen organizado, especialmente en el ámbito local, los periodistas se arriesgan a ser ejecutados a sangre fría. […] Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca».

Ni siquiera Afganistán —ocupante del segundo lugar— que se encuentra en medio de un conflicto bélico y cuya capital, Kabul, fue tomada en agosto por los talibanes, alcanzó a México en el número de comunicadores asesinados el año pasado.

Cierran la lista de las cinco naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, India y Yemen, con cuatro muertos cada una, y Pakistán, con tres.

RSF también calificó de «baño de sangre» el comienzo del actual año para la prensa. En palabras del director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, «2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo mexicano. […] Estos asesinatos, cometidos en menos de un mes, hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en el país. Sin embargo, esta violencia que se ceba con los periodistas y la impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera fatalidad. Las autoridades federales y la policía de Veracruz y Baja California tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para identificar y detener a los autores de estas ejecuciones cobardes. Los mecanismos de protección también deben reforzarse» (rsf.org. 24.01.22).

Más que palabras

El analista político, Carlos Bravo Regidor, advierte en su columna «Cuando matan periodistas» que las agresiones contra el gremio se mantendrán. En parte por la inoperancia de las autoridades encargadas de prevenir y castigar los ataques, pero también por la indolencia con que la sociedad y las propias agencias de información tratan el fenómeno.

«No van a dejar de matar periodistas en México. Las autoridades no hacen casi nada para prevenir esos crímenes y, cuando se cometen, tampoco hacen casi nada para resolverlos. La mayoría de los medios de comunicación da la noticia como parte de la grotesca normalidad del día a día, integrada en la rutina del ciclo informativo, sin realmente actuar en consecuencia con el hecho de que una agresión contra une representa una agresión contra todos. Buena parte de la sociedad, fatigada de tanta nota roja y ya muy curtida en la indolencia y la resignación, tampoco se da por agredida, más bien parece asumir que el asunto solo afecta a les periodistas, no a la libertad de expresión ni al derecho a saber de toda la ciudadanía» (Reforma, 27.01.22).

Es nota recurrente que organismos nacionales e internacionales alcen la voz clamando justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Artículo 19 y RSF suelen acompañar los reclamos y las marchas de solidaridad.

Sin embargo, apunta Bravo Regidor, «el gremio reacciona como ha reaccionado siempre: dolido, se lamenta, demanda, se enfurece, protesta… Pero al final todo acaba desembocando, otra vez, en lo mismo. Y nada cambia, los asesinatos de periodistas se siguen acumulando en la soberana impunidad».

La realidad es que México requiere implementar otras opciones de mayor calado para garantizar la seguridad de sus comunicadores. La inefectividad de la FEADLE, de la Procuraduría General de la República (PGR), y la incapacidad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para cubrir a todos los representantes del gremio, obliga a buscar nuevas opciones que involucren a los tres niveles de Gobierno. E4

149 Total de reporteros asesinados desde 2000

Número de víctimas por presidencia

Vicente Fox	22
Felipe Calderón	48
Enrique Peña Nieto	47
Andrés Manuel López Obrador	29

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Generación Z se suma a la lucha

Natalia Sobrino-Saeb, estudiante mexicana de la Leiden University College, en La Haya, Países Bajos, dejó en claro que las nuevas generaciones no hacen oídos sordos sobre la problemática que sufren los periodistas en el país.

Con su ensayo «Peligros para la prensa y la sociedad», Sobrino-Saeb no solo ganó el premio del Programa de Becas «Ignitor» que convoca el Centro Nobel de la Paz, sino que compartió las preocupaciones de la más fresca hornada de mexicanos en torno a las amenazas que rodean a la libertad de expresión y el correcto desempeño de la prensa.

Con 21 años, Sobrino-Saeb, pertenece a la Generación Z, a la cual se le identifica por su lucha contra el cambio climático gracias al trabajo de la joven activista medioambiental sueca, Greta Thunberg. Sin embargo, apunta la mexicana en su ensayo, «existe un desafío mayor al que se enfrentan muchas de nuestras sociedades y del que no hablamos a menudo, que es la puesta en peligro de nuestra libertad de expresión y la protección de los periodistas».

«Debemos tomar conciencia de las situaciones que enfrentan los periodistas y exigir que nuestros líderes rindan cuentas para defender la libertad de prensa».

Natalia Sobrino-Saeb, ganadora del Programa de Becas «Ignitor»

Tampoco pasa inadvertido para Sobrino-Saeb el estrecho vínculo que se establece entre una prensa saludable y la democracia. Atentar contra la primera es también agredir a la segunda.

«El estado del periodismo en nuestras respectivas sociedades es un reflejo de nuestros sistemas democráticos. Las democracias se caracterizan por oportunidades iguales y efectivas para conocer las alternativas y las consecuencias de las decisiones políticas. Una prensa libre se convierte en símbolo de la democracia cuando puede proporcionar la información necesaria para que los ciudadanos establezcamos debates y formemos opiniones», detalla.

A la pregunta de qué hacen los jóvenes que se sienten abrumados por la falta de protección contra los comunicadores, responde la estudiante universitaria: «Debemos tomar conciencia de las situaciones que enfrentan los periodistas y exigir que nuestros líderes rindan cuentas para defender la libertad de prensa».

El Programa de Becas «Ignitor» busca honrar a los jóvenes que están comprometidos con la promoción de la democracia y el diálogo. Gracias a su ensayo, Sobrino-Saeb tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2021 y convivir con los galardonados, los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitri Muratov, de Rusia. E4