El agua se utiliza en múltiples actividades que pueden contener sustancias tóxicas, materia orgánica, pesticidas y desechos, entre otros residuos, pero se puede tratar para ser reutilizada de acuerdo a las características y componentes que contenga. El tratamiento de aguas residuales es importante para conservar el ciclo del agua y el medio ambiente, al permitir un mayor acceso al agua potable que evita problemas de salud por la exposición a los componentes de las aguas residuales, reduce costos de energía y los niveles de contaminación. La irresponsabilidad y la omisión han sido el distintivo más visible e importante durante décadas por parte de las autoridades municipales del área conurbada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales.
Las aguas residuales de los tres municipios conurbados que provienen de la red de drenaje y pasan por la Planta Tratadora de Aguas Residuales, son derramadas diariamente por las autoridades municipales al cauce del Arroyo Cárdenas, sin tomar en cuenta su valor económico y el costo millonario que representa su saneamiento; son cerca de 55 millones de litros de agua sanitaria tratada, volumen que al mes equivale a alrededor de mil 700 millones de litros del fluido. Por el tratamiento de aguas negras, los saltillenses desembolsan al año más de 90 millones de pesos, dinero que prácticamente se tira a la basura, porque es mínima el agua «lavada», a esto agréguele el gasto que implica para el erario público la operación de la planta principal, que asciende a unos 16 millones de pesos anuales.
Diversas organizaciones civiles y especialistas en materia de agua urgen a las autoridades para que adopten ya políticas públicas para el aprovechamiento de las aguas residuales urbanas en esta área conurbada, en la que el déficit de agua potable ha alcanzado ya los 21 millones de metros cúbicos anuales, por estar dentro de la tercera entidad del país donde menos llueve, y ahora la sequía se ha prolongado ya por dos años, lo que ha sido el pretexto para que Aguas de Saltillo siga sobre explotando sin autorización algunos pozos de los acuíferos concesionados.
La planta tratadora funciona desde hace 10 años y significó una inversión de 435 millones de pesos, pagados con los impuestos de los saltillenses, incluyendo el proyecto de la Planta del Gran Bosque Urbano, pero sólo se reutiliza el 3.5% de sus aguas saneadas, es decir, cerca de 60 mil metros cúbicos mensuales, que son vendidos a la empresa De Acero, única compradora del agua tratada ¿Por qué? No hay trabajo de promoción de las autoridades municipales y estatales para que las empresas dejen de usar el agua de consumo humano en sus actividades industriales, cuando perfectamente podrían comprar el agua tratada. La apatía de las autoridades desespera.
La famosa Línea Morada, iniciada en 2013 bajo la iniciativa de Administración Municipal de Jericó Abramo Masso, ahora diputado federal, hasta el momento ha sido un artificio, demagogia pura. Casi dos sexenios «trabajado» en un problema de urgencia evidente, ahí se han invertido 55 millones de pesos. El funcionario afirmó hace tres años que el objetivo era terminar la instalación de 84 metros de tubería que hacen falta para completar la primera etapa, el proyecto incluye 14 mil 38 metros lineales de tubería. A ese paso los funcionarios que administran la obra podrían morir o ser suspendidos sin terminarla, ya que implicaría una inversión total de 61.2 millones de pesos, o sea tendría poco más de 6 millones para terminarla. Es de risa, si no fuera dramático para los saltillenses.
Con todo, luego de más de casi 10 años de que la operación de la Línea Morada comenzara, aunque las negociaciones se han quedado varadas a raíz de la pandemia de Covid-19 ¿Será cierto que continuará?
La indignación, ¿se diluyó?
Al comenzar la segunda década del presente siglo surgieron en el mundo un conjunto de movimientos sociales que brotaron desde abajo, de los pueblos, prácticas y teorías que vienen de la izquierda, y que exigían y criticaban al poder, al que sentían separado de sus intereses.
Antes se habían manifestado los globalifóbicos, movimiento iniciado por los zapatistas de Chiapas dialogando con el altermundismo, «Otro mundo es posible», donde se sembró la semilla en contra del neoliberalismo, entonces el Gobierno de Vicente Fox quedó boquiabierto, dando bandazos, sin saber cómo responder.
Las injusticias sociales padecidas por los pueblos, se diversificaron: desregulación laboral, desigualdades profundas, contaminación y globalización. Así, se gestaron movimientos como el «Occupy Wall Street», en contra de la crisis financiera de 2008 y, claramente, en contra de la inequidad económica y social. Aparecieron en España «Los indignados», exigiendo democracia participativa. En Latinoamérica abundaron las protestas. El hilo conductor de las protestas se sintetizó en contra de la corrupción, una mayor democracia participativa y contra las injusticias sociales.
En los últimos seis años, en Estados Unidos han surgido movimientos en contra de la igualdad, y no de la desigualdad. Donald Trump propagó el discurso y leyes en contra de los migrantes. El reclamo era recuperar la hegemonía para los blancos, que se vislumbraba a ser encaminada a una minoría frente a una posible mayoría de los latinos. El propósito era recuperar los privilegios de las élites, la supremacía del hombre blanco y encontraron en Trump a un megalómano, un psicópata dispuesto a todo para ayudar a la ultraderecha promoviendo el anarquismo, el enemigo es el Estado, al que hay que combatir porque lleva a los pueblos al comunismo, al socialismo; promover el miedo es la estrategia del supremacismo y del odio racial.
Conviene aclarar que el supremacismo blanco es la creencia de superioridad natural de los humanos con piel más clara o «blancas» sobre otros grupos raciales. Actualmente el término supremacista blanco se ha utilizado para describir algunos grupos que apoyan a ultranacionalistas, doctrinas racistas o fascistas. Los grupos de supremacistas blancos a menudo se han basado en la violencia para lograr sus objetivos.
Lo que se puede apreciar sin mayor esfuerzo intelectual es que hay una presencia, una voltereta del discurso y la lucha prodemocrática hacia la ultraderecha. Recientemente el presidente estadounidense Joe Biden, ante a los crímenes de 10 personas afroamericanas en el que otras tres personas resultaron heridas, declaró airadamente que «el acto de violencia en el supermercado es un hecho de terrorismo nacional».
El mandatario aseguró que EE. UU. tiene un «problema de terror doméstico». Violencia infligida al servicio del odio y de una viciosa sed de poder, que define a un grupo de personas como intrínsecamente inferior a cualquier otro grupo. Odio que a través de los medios de comunicación, la política e internet se ha radicalizado, alienado, perdido y aislado a los individuos, en la falsa creencia de que serán reemplazados», expresó con gran fervor el presidente estadounidense.
Wayne Jone, madre de Celestine Chaney, una de las 10 víctimas mortales de la masacre, dijo que apreciaba que el mandatario de su país se tomará el tiempo para reunirse con las familias, pero no se mostró optimista de una pronta solución, debido a la división partidista que atraviesa el país.
Lo evidente es que mientras en Latinoamérica la izquierda avanza en algunos de los países del sur y en México, en EE.UU. la derecha se abre paso a través del odio del supremacismo blanco.
El aumento
Le tomaron la medida a Chema, contra los intereses económicos de la población usuaria del pésimo transporte público: los concesionarios impusieron el aumento de 2 pesos. Es una injusticia más del Gobierno priista… síganle dando votos.
En efecto, el Cabildo del Ayuntamiento de Saltillo acordó aumentar de 13 a 15 pesos la tarifa del transporte público, y la de prepago de 11 a 13 pesos, los únicos que reclamaron y votaron en contra fueron los regidores del partido Morena.
De nada valieron los reclamos de los ciudadanos saltillenses. El Gobierno Municipal priista se ha abstenido de presentar un plan de mejora para el transporte público, y tampoco para la modernización de ese servicio.
Llama la atención que recientemente en Ciudad de México ese Gobierno rechazó el aumento a la tarifa de transporte público, y es que allá sí hay conciencia, sensibilidad social para comprender la situación difícil de la mayoría de las familias mexicanas y el compromiso con quienes menos tienen. Lo evidente es que la población debe tomar conciencia de que al PRI se le debe cobrar la factura a la hora de emitir el voto el próximo año, 2023, en la elección para gobernador.
Rosa Esther Beltrán
Licenciada en sociología por la UANE, Saltillo. Ha cursado estudios de Maestría en sociología, con especialidad en ciencia política, UNAM. Posee varios diplomados, entre los que destacan Análisis Político, en la UIA; El debate nacional, en UANL; Formación de educadores para la democracia, en el IFE; Psicología de género y procuración de justicia. Colabora en Espacio 4, Vanguardia y en otros medios de comunicación.