La desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos y no un mero «ajuste de cuentas» como alegan las autoridades; la impunidad: pilar de este azote social
El 19 de diciembre de 2009 un grupo de familiares de personas desaparecidas anunciaron la creación de FUUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila).Eran familias de diversas partes del país que llegaban a lo largo de ese año a la Diócesis de Saltillo por el apoyo de monseñor Raúl Vera López, para localizar a sus seres queridos. Tenían en común el miedo, la estigmatización y la esperanza de ubicar a sus familiares, cuyo último rastro estaba en Coahuila.
El entonces obispo Vera encargó al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, una de las obras de su pastoral social, atender a estas personas. El fray Juan, como se le conoce, estaba en proceso de refundación y ese mismo año don Raúl había invitado como nueva directora a Blanca Martínez, anterior directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fundado por don Samuel Ruiz en Chiapas, donde tuve el privilegio de participar por cinco años.
Tardaron poco tiempo en darse cuenta de que no eran casos aislados. Había un fenómeno de violencia que amenazaba la paz de todos. Desde entonces el fray Juan se ha dedicado casi exclusivamente a acompañar a FUUNDEC, y a documentar desapariciones.
De esas 25 familias que aquel 19 de diciembre de 2009 anunciaban su decisión de unirse para acompañarse en la búsqueda de sus seres queridos —organización de la esperanza que contagió la escuela de don Samuel Ruiz—, FUUNDEC creció para acoger a más de 125 familias con igual desgracia.
FUUNDEC ha sido una fuerza social que ha obligado al Estado a atender la problemática de las desapariciones, muchas veces en contra de numerosas voluntades. En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU visitó México y Coahuila. Su informe preliminar ya reflejaba lo que el fray Juan señalaba en soledad: «la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos y no un mero “ajuste de cuentas” entre capos».
El arduo trabajo hizo que esa visita fuera parteaguas del modo en que sociedad y Estado aprecian las desapariciones. La sociedad comenzó a escuchar a las víctimas, y los diversos niveles de gobierno, tarde o temprano, se vieron obligados a atender el fenómeno.
La cifra oficial de desaparecidos en México superó los 61 mil, la gran mayoría de 2006 a 2019, solo de Coahuila son más de 3 mil, según recuento de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, de enero de 2020. Es un subregistro, pero el único disponible. Se contabiliza a partir de averiguaciones abiertas en el fuero local y federal, pero al mismo tiempo sabemos de una cifra negra sin denunciar del 93%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi.
Al mismo tiempo, en la mayoría de los estados se han localizado cientos de fosas comunes clandestinas con innumerables cuerpos sin identificar, además de miles de fragmentos óseos humanos, en su mayoría con diversos grados de calcinación, en «campos de exterminio» del crimen organizado.
Armonización legislativa
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU fueron la base para que FUUNDEC demandara al gobierno de Coahuila una política de atención a esa problemática en la entidad. En septiembre de 2012 se firmó el Acuerdo entre el gobernador Rubén Moreira y FUUNDEC para crear el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), con cinco personas: una representación del gobierno de Estado, una de FUUNDEC, una de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una del fray Juan y una del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
Con ese mandato, en junio de 2013 se realizó el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas en México, que arrojó acuerdos como el establecimiento de tres mesas permanentes de trabajo entre gobierno, víctimas y sociedad civil: la de Armonización Legislativa, la de Atención Humanitaria y la de Investigación y Búsqueda, monitoreados en audiencias bimestrales entre familias y gobierno estatal.
Uno de los primeros resultados fue que para diciembre de 2013 se creara el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), para atender los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda y justicia. Más del 80% de los desaparecidos en Coahuila son hombres jóvenes entre 17 y 35 años que dejan a esposas, hijos en edad escolar e hipotecas; se pierde el seguro social y el ingreso fijo familiar merma. La sobrecarga familiar en las esposas de los desaparecidos hace que el movimiento sea fundamentalmente de madres de las víctimas. Además, según estudio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila, en más del 60% de los casos los familiares desarrollan una enfermedad crónica después de la desaparición, como la deficiencia cardiaca o diabetes. El Profade, fue fundamental para tener un antecedente de la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Más aún, en mayo de 2014 se aprobó el paquete de reformas a la Constitución del Estado para enfrentar la desaparición de personas, al Código Penal para la creación del tipo penal de desaparición de acuerdo con la ONU. Aunque las desapariciones forzadas en México existen desde hace 50 años, el delito no existía en los códigos penales locales o no estaba armonizado; en el mejor de los casos se calificaba como secuestro, aunque no hubiese demanda de rescate.
En el mismo paquete de reformas de 2014 se publicó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición para dar acceso al patrimonio y prestaciones sociales y a otros derechos de las familias de los desaparecidos, sin necesidad de un juicio de presunción de muerte. Así, juicio civil de por medio, se puede mantener la seguridad social que proveía el desaparecido, acceder a sus cuentas bancarias o incluso registrar a un recién nacido sin la presencia del padre.
Todo lo anterior fue la base para que a finales de 2017 se publicara la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Búsqueda y justicia
No obstante la importancia de todo este proceso legislativo y de política pública, lo prioritario ha sido y será encontrar a los seres queridos y hacer justicia. Ha habido esfuerzos relevantes, aunque pocos resultados.
Desde enero de 2015, la Mesa de Investigación y Búsqueda incluyó en su Plan Estatal de Búsqueda un capítulo forense. El estado de Coahuila contaba 458 cuerpos sin identificar en fosas comunes en panteones municipales y era importante identificarlos.
Con la asesoría de la delegación en México del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en noviembre de 2015 se presentó una propuesta de intervención forense para la búsqueda de desaparecidos en Coahuila, para fortalecer las capacidades de las instancias del gobierno del Estado y de la sociedad civil, mientras se exhumaban e identificaban cuerpos.
En su primera etapa se abocó a 458 cuerpos inhumados en distintos cementerios. Se consideran cuatro momentos: 1) Análisis y gestión de información; 2) Procesamiento forense; 3) Obtención de información de los desaparecidos ante mortem, y; 4) Comparación de información post mortem. Además de la creación de convenios para el cruce de información genética con Centroamérica, Estados Unidos y otros estados del país.
La Propuesta de Intervención Forense que se realizó con el CICR, derivó en la promulgación, el 20 de diciembre de 2016, de la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila, que permite exigir a la autoridad, que se siga el trabajo de exhumación e identificación de personas y fragmentos humanos.
El programa forense cambió en las etapas propuestas por dos factores: conforme se abrieron fosas la cifra rebasó muy pronto los mil cuerpos en menos de la mitad de cementerios previstos; lo que amplió la incertidumbre. La segunda es la falta de capacidades institucionales para procesar ágil y profesionalmente la identificación de cuerpos. Se calculaba que en 10 años se podrían procesar los cuerpos localizados, sin contar nuevos casos.
Judicialización
En materia de investigación penal, la deuda es mayor. De 63 averiguaciones que acompaña el fray Juan, sólo en tres hay un procesado, sólo dos vinculados a la desaparición per se y siempre policías municipales de la más baja jerarquía. No sobra decir que la desaparición forzada sigue en el país gracias a la impunidad.
FUUNDEC y el fray Juan de Larios buscaron, con el apoyo de Open Society Justice Initiative, asesoría internacional para dictaminar la falta de resultados de la procuraduría. El diagnóstico arrojó que a pesar de la armonización legislativa, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Coahuila no tenía las herramientas más elementales, vehículos y gasolina, acceso a internet, papel para imprimir y tinta para copiadoras; que había privilegios, sueldos y bonos diferenciados entre el personal debido al amiguismo, que desalientan el trabajo; falta de preparación y desinterés institucional por capacitar cuadros; que los policías tenían asignadas tareas distintas a las de su labor, como guardaespaldas de políticos, prácticas de corrupción, tortura y colusión con grupos criminales. Las recomendaciones generadas no se aplican.
Paralelamente el propio fray Juan se abocó a investigar con apoyo de organizaciones y universidades, y se supo que las desapariciones resultan del lucro inescrupuloso de redes criminales constituidas por cárteles de droga, políticos y empresarios; que tienen como fin la explotación y trata de quienes están vivos, y es castigo y amedrentamiento para familias y comunidades que pretendan oponerse al régimen de terror por el cobro de piso, despojo, trata y control de rutas de droga hacia el extranjero; que la impunidad permite reproducir ese mercado del horror; y que la podredumbre del aparato de justicia hará imposible encontrar una salida en el ámbito interno.
La atención atrajo el interés de diversos actores que a su vez publicaron sendos informes, quizá más que en cualquier otro lugar del país, para explicar el fenómeno: «Control… sobre todo el estado de Coahuila», «Informe especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», «Impunidad que mata», «Anatomía de una masacre», «En el desamparo», «El yugo Zeta», «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», «Captura del Estado, macro criminalidad y derechos humanos».
En julio de 2017, a sabiendas de la profunda corrupción detrás del sufrimiento y de la incapacidad de las instituciones para detener el problema, el obispo Raúl Vera y quien esto escribe, en representación del fray Juan, acudimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, para presentar una comunicación sobre las desapariciones en Coahuila. Solicitamos una investigación de esa fiscalía y la intervención de la Corte Penal Internacional. Por esta denuncia monseñor Vera sufrió persecución del poder político.
Sujetos de cambio
Puedo resumir en tres los objetivos del acompañamiento pastoral: contribuir a eliminar la práctica de la desaparición en México, realizar todos lo posible para encontrar a los desaparecidos, y coadyuvar a la transformación de víctimas en sujetos de cambio.
Este tercer objetivo se centra en la base del trabajo cotidiano con las madres y familiares que se retroalimentan y planean, y reflexionan sobre su fe en medio de la tragedia.
La angustia y la desesperación han hecho estragos en su salud. Han cobrado la vida de muchas de ellas sumidas en una gran tristeza. FUUNDEC es de los colectivos de víctimas más viejos del país, a diez años de su caminar la transformación de las mamás es notable y esperanzadora.
Como señala monseñor Raúl Vera, «las madres de los desaparecidos ya no son víctimas: se han convertido en sujetos de la historia y de la transformación social. En ellas encontramos hoy al Cristo crucificado y resucitado; en ellas reside hoy la esperanza de una nueva ciudadanía y un futuro de esperanza y paz para México». E4
