La pesquisa llevada a cabo por las autoridades de Nuevo León omitió al menos la mitad de los 19 estándares de la Metodología de Investigaciones de Feminicidios de Naciones Unidas
Comisión Nacional de Derechos Humanos pide investigar feminicidio de Luz Raquel
La imagen de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa abandonada en la carretera, se ha convertido en un símbolo que pone en evidencia la negligencia e incapacidad de las autoridades de Nuevo León para investigar una desaparición y, luego, un feminicidio.
La joven de 18 años desapareció el 9 de abril, 12 días después fue localizada sin vida. Desde el momento en que se le vio por última vez, no se dejó de especular sobre su forma de vivir y ser; incluso después de su muerte, las autoridades y los medios de comunicación se dedicaron a revictimizarla constantemente.
En un primer momento, el fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, afirmó que Debanhi Escobar había fallecido ahogada tras caer «accidentalmente» a una cisterna en desuso ubicada al interior del Motel Nueva Castilla. Esta versión no convenció a la familia de la joven, por lo que ordenaron una segunda autopsia, la cual terminó por contradecir diversos puntos del primer análisis forense.
«[Cuando las autoridades demuestran ineficacia frente a casos de violencia contra las mujeres y niñas] se propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno».
Corte IDH
Ante esto, se decidió violentar nuevamente el cuerpo de Debanhi Susana a través de una exhumación, que arrojó que la joven falleció como consecuencia de una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios; es decir, no fue por sumersión, como en un principio indicó la Fiscalía de Nuevo León.
Así han actuado las autoridades del estado durante los últimos meses: con muestras de evidentes contradicciones a su primera versión y sin perspectiva de género en sus investigaciones.
Ignoran estándares internacionales
La falta de perspectiva de género ha sido protagonista en el caso de Debanhi Escobar, aun cuando diversos mecanismos internacionales han dictaminado que el estado debe investigar sin omisiones ni negligencias las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Tal es el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la que destaca que los estados están obligados a actuar con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que cuando las autoridades demuestran ineficacia frente a casos de violencia contra las mujeres y niñas, «se propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno».
Para analizar a profundidad las fallas de las autoridades de Nuevo León, es pertinente recurrir a la Metodología de Análisis de Investigaciones de Feminicidios y Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, publicada por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (NU-DH), en la que se establece que las autoridades deben partir de 19 criterios al investigar un feminicidio. De éstos, la Fiscalía estatal incumplió al menos la mitad.
Uno de los criterios que se describe en la metodología diseñada por NU-DH es la debida diligencia en el lugar de la investigación. Es decir, en el caso de Debanhi Escobar, las autoridades debieron haber verificado la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran contener material útil. Sin embargo, días después de que la joven de 18 años fue localizada sin vida, surgieron videos que la Fiscalía no había ubicado previamente.
«Debida diligencia en la identificación y el análisis del cuerpo sin vida» es otro aspecto que tampoco se cumplió en la investigación por el feminicidio de Debanhi Susana. Desde un inicio, las autoridades «no pudieron» determinar la fecha exacta de su muerte ni su causa.
Otro criterio para analizar es si en el cuerpo de la víctima hay o no signos de violencia sexual. La Fiscalía y la autopsia independiente que se realizó al cuerpo de Debanhi no coincidieron en este punto, lo que dejó abierta la puerta a una posible agresión contra la joven.
La incomunicación es un aspecto que también debe tomarse en cuenta al investigar un acto violento perpetrado contra una mujer. En ese sentido, ONU-DH desglosa la importancia de conocer el tiempo en que la víctima estuvo desaparecida; sin embargo, en el caso de Debanhi Escobar esta información no pudo ser corroborada desde el inicio por las autoridades, sino hasta que la exhumación del cuerpo fue realizada.
Fue así como se supo que la joven permaneció con vida entre siete y nueve días antes de que fuera localizada en la cisterna del Motel Nueva Castilla. E4
(Artículo publicado en el portal de CIMAC N-oticias. 25-07-22)
Comisión Nacional de Derechos Humanos pide investigar feminicidio de Luz Raquel
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) condenan las violencias cometidas en contra de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, las cuales no solo acabaron con su vida, sino que dejaron en desprotección a su hijo, quien dependía completamente de sus cuidados, al ser un niño con autismo.
De igual forma, ambas Comisiones llaman a las autoridades responsables de la procuración de justicia del estado de Jalisco a actuar con diligencia en la investigación de este lamentable caso hasta esclarecer los hechos, sin dejar fuera ninguna línea de investigación y actuando bajo perspectiva de género y de derechos humanos en todo momento.
El 19 de julio se dio a conocer por medios de comunicación y redes sociales el caso de Luz Raquel a nivel nacional, informando que el 16 de julio fue rociada con un líquido solvente y le prendieron fuego en un parque del municipio de Zapopan, Jalisco, produciéndole quemaduras que le costaron la vida.
Se ha dado a conocer que Luz Raquel previamente había sido amenazada de muerte y agredida el 17 de mayo por vecinos que se quejaban del ruido generado por su hijo durante sus crisis por autismo, hechos que denunció ante la Fiscalía del estado, y a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan, solicitando protección del dispositivo electrónico de geolocalización, denominado «Pulso de vida», sin que le fuera asignado y sin que se emitieran órdenes de protección para ella y su hijo.
El caso de Luz Raquel nos obliga a exigir a las autoridades de procuración de justicia y del ámbito de la seguridad pública, a que respondan conforme al marco normativo vigente y los protocolos para la debida diligencia reforzada en el marco de la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres, para proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad, a la seguridad personal, a la vida y al acceso a la justicia de las mujeres. Pero, además de ello, nos obliga como autoridades a mirar desde un lente multifocal que permita entender que la violencia de género se interrelaciona con otras formas de discriminación, y éstas posibilitan que las violencias se vivan de forma más profunda. Luz Raquel era mujer, madre, cuidadora de tiempo completo de una persona con discapacidad y activista por los derechos de las personas dependientes y cuidadoras.
Tanto la CNDH como la CEDHJ reiteran su preocupación frente a la omisión en la actuación integral de las autoridades de Jalisco para proporcionar protección, pero más preocupante es aún la indiferencia y falta de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género y de derechos humanos de quienes atienden los casos de violencia, que en este caso dio por resultado la muerte de una mujer que se pudo evitar y que deja en la orfandad a un hijo que dependía completamente de ella.
Es importante resaltar que, desde noviembre de 2018, se encuentra activada la Alerta de Violencia de Género en la entidad, en la que está incluido el municipio de Zapopan, por lo que reitera la necesidad de priorizar en la agenda política la prevención, atención, investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres, y en específico para el caso de Luz Raquel Padilla, se realicen todas las investigaciones con la debida diligencia, perspectiva de género y de derechos humanos, y se sancione a las personas responsables, evitando a toda costa que su feminicidio quede impune. De igual modo, hace un llamado para que las autoridades del estado atiendan de manera oportuna e integral a las víctimas indirectas, especialmente a su hijo.
Asimismo, ambas Comisiones piden a las autoridades del estado atender de manera efectiva las diversas acciones señaladas en la Alerta de Violencia de Género y destinar los recursos humanos y materiales para su implementación. Crear mecanismos efectivos de prevención y atención de las violencias de género, haciendo especial énfasis en las mujeres desde una mirada interseccional, entendiendo que el feminicidio de Luz Raquel no es solo una muerte en razón de género, sino el resultado de un sistema patriarcal y una ausencia total de políticas de cuidados que desde un enfoque de derechos humanos pongan al centro a las personas que dependen de cuidados, pero también a quienes cuidan, y que logre permear en una sociedad empática y consciente de las necesidades de las personas que viven con alguna discapacidad. La información que ha sido pública hasta el momento da cuenta de una serie de amenazas mortales, escritas en las paredes del edificio donde Luz vivía, ello nos habla también de una apatía total por parte de quienes habitan este espacio y de quienes a través de sus redes sociales tuvieron conocimiento de las amenazas y de las agresiones físicas previas que vivió y sobre las cuales no se hizo nada.
Resulta imperioso incorporar en el Código Penal del Estado de Jalisco la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio. De igual manera, se hace un llamado a regular los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las mujeres, y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la Federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias en la erradicación de la violencia contra las mujeres, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019[1] y 43/2020[2] emitidas por la CNDH y las emitidas por el organismo defensor de derechos humanos en Jalisco.
Desde ambos organismos se exhorta a la Fiscalía para que mejore las capacidades del personal que atiende e investiga los casos de violencia contra las mujeres en el CJM y en las agencias especializadas; que se publique el protocolo de órdenes de protección que inició su creación después del feminicidio de Vanessa y del cual se desconoce su estatus. También se exhorta a la Comisaría de Zapopan y de los demás municipios del estado de Jalisco a que, junto con la Fiscalía y la SISEMH, generen un instrumento de análisis de riesgo eficiente que permita dar cuenta de la situación de cada sobreviviente de la violencia; que atienda su contexto y a las distintas situaciones y desigualdades que las transversan; que jamás le sea negada protección a una mujer, y que los mecanismos digitales y de inteligencia que sean creados para su protección realmente garanticen su seguridad y la de sus hijas e hijos.
Por otra parte, insistimos en la aprobación del Sistema Nacional y Estatal de Cuidados que se encuentran pendientes, que deban poner en el centro a las personas que dependen de los cuidados y a las personas cuidadoras. Es evidente que el feminicidio de Luz Raquel nos debe hacer reflexionar como instituciones y como sociedad en general, sobre la necesidad de ser empáticos y no ser cómplices de actos tan atroces. Hoy, Luz Raquel dejó un hijo en orfandad a consecuencia del odio, de la omisión de instituciones y de una sociedad poco empática con las personas cuidadoras y las personas que viven con alguna discapacidad. E4
(Artículo publicado en el portal de CIMAC Noticias. 21-07-22)
