El combate a las lacras que pudren la democracia

El grueso de los recursos que se destinan en México para la intermediación política con frecuencia viola la legalidad. Los efectos son devastadores para la de por sí enteca democracia que tenemos, al mandar a paseo dos de sus principios torales como son la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y el de la pluralidad de ideas y alternativas para los electores. El efecto también es grave para los políticos que llegados al cargo traicionan la confianza de sus votantes, y se convierten en «vividores de la política», como lo apuntó José María Aznar, hace ya algunos años.

Los abusos de privilegios son deleznables, es un asunto más inmoral que legal. Y esto lo subrayo porque el margen de ilegalidad en muchos casos, los barnizan partidas presupuestarias que los protegen. En cuanto a ilícitos penalmente sancionados por el dinero contaminado del que se hacen estos crápulas, tenemos el tráfico de influencias, abuso de funciones públicas que se traducen en un beneficio indebido per se o por interpósita persona, soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, blanqueo, promesa u ofrecimiento de concesiones a quien se preste a dar testimonios falsos, por ejemplo, y uso de información privilegiada. Toda esta basura impacta a la democracia. Pero en México ocurre todo lo contrario, entre más trompudo sea el cochino, llega más alto, es más popular, más querido por la población y permanece pegado a la ubre del erario per secula seculorum.

Y estos individuos pintan lo que son desde que andan tras el hueso… perdón, la postulación de la candidatura. Gastan a borbotones, desde antes de las precampañas siquiera. ¿Cuándo se imaginan ustedes que van a «cobrar» lo «invertido»? Por supuesto que cuando lleguen al cargo. Desde antes ya pintaron los sinvergüenzas que son, su falta absoluta de escrúpulos, su orfandad de principios y de valores, su desvinculación con la ética. ¿Por qué votan por ellos? ¿Por qué son los que ganan elecciones? Su conducta está cantada de antemano. ¿Qué les pasa a millones de mexicanos que se vuelcan en las urnas a sufragar a favor de ellos? Que gusto por la inmundicia. Y eso es exactamente lo que se está transmitiendo a los niños y a los jóvenes de este país y sin prurito alguno. A la gente más pobre y a los haraganes los compran con programas sociales, con asistencialismo electorero, a los ricos con concesiones y «arreglos sustanciosos» por debajo de la mesa, y a la clase media se le llevan por delante, pero tampoco hace gran cosa para quitárselos de encima… ah y me faltan los que los que no votan… según sus cánones es la mejor manera de protestar. Madre de Dios, si los hacen más fuertes.

En el papel el principio constitucional de equidad electoral está diseñado y sustentando en la igualdad de condiciones que deben gozar todas las personas que contienden a un cargo público, pero nomás ahí.

Entre las inequidades que más se dan en los procesos electorales, está el posicionamiento de forma anticipada a las etapas electorales de los aspirantes a cargos de elección popular. Es decir, los actos anticipados de campaña, que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para restarles simpatías. Por eso la denuncia cabe en cualquier momento. Se trata de infracciones flagrantes a la ley, con ellas se vulnera la equidad y se violenta el período establecido por mandato de ley para solicitar el voto ciudadano.

Al Tribuna hay que darle certeza con la presentación de pruebas para que califique y sancione.

Los criterios son muy claros y expresos: 1) el personal, que la conducta sea cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos; 2) el temporal, que se den antes del inicio formal de las campañas; y 3) el subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacionado con el llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

La jurisprudencia ha aportado mucho a darle claridad a las denuncias por actos anticipados de campaña, estableciendo que los partidos políticos deben procurar mensajes informativos claros que no generen ambigüedad para evitar presunciones de posibles fraudes a la legislación.

Asimismo, definió una línea interpretativa en el sentido que no existe limitación expresa para que los partidos políticos utilicen en su propaganda político-electoral la imagen de sus militantes, dirigentes, líderes, o simpatizantes, siempre y cuando, respeten las restricciones constitucional y legalmente establecidas. También que para evitar una simulación o fraude a la ley, se consideró que los mensajes deben analizarse en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de éstos, y su relación con un proceso electoral. Con estas resoluciones, se integró la Jurisprudencia de rubro «uso indebido de pautas». Elementos para identificar la posible sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, militantes o voceros de partidos políticos en radio y televisión. Estos criterios tuvieron el propósito también de potenciar la libertad de expresión, ya que los partidos políticos pueden definir internamente en su estrategia de comunicación política que sus dirigentes, voceros o representantes electos, como figuras públicas, puedan aparecer en los promocionales para expresar las ideas políticas de su instituto político.

Por cuanto al elemento subjetivo, para evitar ambigüedades y calificaciones que pudieran considerarse solamente apreciaciones estrictamente personales, la Sala Superior en la sentencia del expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados, estableció que las autoridades electorales deben cerciorarse si el mensaje denunciado de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, llama al voto en favor o en contra de una persona o partido político; publicita plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura; y que estas expresiones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía. Así, se requiere analizar si el mensaje se apoya en alguna de las palabras o expresiones sin ambigüedades, tales como «vota por», «elige a», «apoya a», «emite tu voto por», «a tal cargo», «vota en contra de», «rechaza a».

Así, junto con los precedentes SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-159/2017 se estableció en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro «actos anticipados de precampaña o campaña». Para acreditar el elemento subjetivo se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral.

Finalmente, en la sentencia del expediente SUP-JRC-97/2018, en la que se analiza la trascendencia hacia la ciudadanía, se precisó que se deben analizar las variables tales como el tipo de audiencia al que va dirigido el mensaje, el lugar y las modalidades de su difusión (discurso en un mitin, promocional de radio o televisión, o publicación en un medio masivo, por ejemplo).

Los criterios jurisprudenciales coadyuvan a clarificar conductas que constituyen actos anticipados de campaña, con la finalidad de que las autoridades electores sanciones efectivamente e inhiban conductas que vulneren la equidad de la contienda, y se eviten sanciones equivocadas sobre actos que constituyan promoción política electoral en el marco de la libertad de expresión.

Hago votos —porque mi esperanza es reacia a claudicar— para que el electorado mexicano le cobre con creces a los partidos y sus aspirantes que desde ya están haciendo campaña para el 2024, y también en Coahuila y en Estado de México, para que no sufraguen por ellos en las urnas ni en 2023 ni el 2 de junio de 2024. No son dignos de la confianza de los electores. Gente de su ralea han convertido a México en un mercado persa, en una parodia insana de remates al mejor postor. El voto no se vende por parte de los electores ni se compra por parte de los partidos políticos. Mexicanos tengamos dignidad y respeto por nosotros mismos.