Sin alternancia en Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, los exgobernadores César Duarte, Jaime Rodríguez, Roberto Borge y Javier Duarte, no estarían hoy entre rejas. Armando Reynoso (Aguascalientes), Narciso Agúndez (Baja California Sur) y Guillermo Padrés (Sonora) tampoco habrían pasado por ese trance. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira quizá no andarían por la vida como si tal cosa si en Coahuila gobernara un partido distinto al PRI. En enero de 2016, Moreira I pasó una semana en el penal madrileño de Soto del Real, de donde lo rescató el presidente Peña Nieto. La estadía de Rodrigo Medina (Nuevo León) en el penal de Topo Chico, en enero de 2017, no duró ni un día, pues la mano de Peña también lo libró de la cárcel, pero no salvó a ninguno del escarnio.
La vinculación a proceso de Jaime Rodríguez, el Bronco, primer gobernador independiente del país, es, en principio, por delitos regularmente impunes en nuestro país: los de carácter electoral. Distraer personal y recursos públicos —en el caso de Rodríguez para recabar firmas y poder participar en la carrera presidencial de 2018— es una práctica común en todos los Gobiernos, al margen de siglas políticas. En Coahuila se denunciaron descuentos salariales a empleados estatales y municipales para financiar campañas y se descubrieron despensas y enseres almacenados para repartirse antes de comicios locales, cuando, en teoría, debieron haberse entregado a familias víctimas de algún desastre. Sin embargo, nada pasó.
En Coahuila y Estado de México las elecciones para gobernador de 2017 debieron anularse por haber excedido los gastos de campaña y por el margen de menos del tres por ciento entre el primero y el segundo lugar. La intervención del presidente Peña Nieto indujo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a validar los resultados. Desde esa perspectiva, el proceso contra Rodríguez sienta un buen precedente, a condición de que se aplique como regla, no por excepción, y no sea flor de un día. Venganza no es, pues tanto el Instituto Nacional Electoral como el TEPJF confirmaron la recolección irregular de firmas para Jaime Rodríguez. Empero, el Congreso local, caciqueado por el PRI y el PAN, hizo la vista gorda en vez de destituirlo.
La aversión al PRI y al PAN en las elecciones de 2015 en Nuevo León prefiguró de alguna manera la debacle del bipartidismo en las presidenciales de 2018. Rodríguez rebasó el millón de votos, más de los obtenidos por la priista Ivonne Álvarez y el panista Felipe Cantú juntos. El primer Gobierno independiente devino en fiasco. El Bronco nunca estuvo a la altura de un estado líder y menos aún tenía talla de estadista para dirigir al país. Vuelvo a Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Ministros de Italia siete veces: «El poder desgasta sobre todo cuando no se tiene».
Samuel García denunció las irregularidades de Rodríguez cuando era senador, y como gobernador les dio seguimiento. Ese es su mérito, mas no debe olvidar, ese fue uno de los errores del Bronco, el aforismo de Octavio Paz según el cual «Ningún pueblo cree en su Gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados». En Coahuila, el empresario Armando Guadiana acusó a los Moreira por la deuda ilegal y otros delitos, y cuando ingresó al Senado le echó tierra al asunto. La alternancia política no es la panacea universal, pero sirve para sentar en el banquillo a los corruptos y evitar que se salgan siempre con la suya.
