El eventual retorno de los caudales confiscados a Javier Villarreal en EE. UU. crea una coyuntura favorable para atender demandas sociales postergadas. La nueva administración debe replantear los términos y exigir a los acreedores una reducción por su complicidad en el atraco a los coahuilenses
Moreirazo y reestructuras, el cuento de nunca acabar
Como resultado del atraco a por las finanzas públicas de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, el Gobierno perdió el 90% de su capacidad de inversión, limitando seriamente sus posibilidades reales para cumplir las obligaciones que le son conferidas en las constituciones federal y estatal.
En la mañanera del 12 de abril del pasado año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá a México poco más de 246 millones de dólares (cerca de 5 mil millones de pesos), incautados a Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante la administración de Humberto Moreira (2005-2011). Ese mismo día, el ejecutivo federal pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, destinar esos dineros a la campaña para prevenir la drogadicción (Reforma, 12.04.23).
«La Fiscalía (General de la República) debe entregar ese dinero (incautado a Villarreal) al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se tiene que hacer un plan, de cómo se le devuelve al pueblo de Coahuila».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
La misma fuente publicó la reacción del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien manifestó que esos recursos deben regresar al Gobierno de la entidad e informó que existen tres procesos penales, una solicitud de extradición y también de recuperación de bienes por parte del estado de Coahuila.
«La recuperación de este patrimonio (confiscado en EE. UU.), en caso de darse, son bienes que tendrían que regresar a Coahuila, porque el delito, si es que se cometió, se cometió en Coahuila».
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila
En pocos meses, habrá de concretarse el relevo de la administración pública estatal. El gobernador electo, Manolo Jiménez, debe exigir que los fondos confiscados a exfuncionarios de Coahuila en EE. UU. y en otros lugares, se regresen al estado. Y debe asegurarse de que tengan el mejor destino, para ayudar a resolver la crisis de sobreendeudamiento que paraliza la acción gubernamental.
Antes de hilar sobre este telar, conviene dimensionar el problema del cual hablamos.
«El Gobierno de Coahuila ha sido la única autoridad en solicitar la reclamación de los bienes y también la única entidad que cuenta con tres procesos penales activos en contra de Villarreal, y ha solicitado su extradición».
Manolo Jiménez, gobernador electo de Coahuila
El lastre del Moreirazo
Empecemos por el saldo de la deuda pública directa de Gobierno de Coahuila. Entre el 31 de diciembre de 2011 y el 30 de junio del 2023, pasó de 35 mil 551.8 a 37 mil 100.1 millones de pesos, registrando un aumento nominal de mil 548.2 millones. Esto ocurrió a pesar de que, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2021, el Gobierno de Coahuila pagó a sus acreedores una cantidad acumulada de 46 mil 247.9 millones (1.3 veces el saldo inicial), a los cuales habría que añadir los pagos realizados en el 2022 y en el primer semestre del 2023 (entre 8 y 9 mil millones adicionales).
¿Cómo afecta la deuda estatal la capacidad de inversión pública? Veamos un indicador que mide la magnitud del financiamiento propio del gasto de inversión como porcentaje de los egresos totales del Gobierno (gráfica 1). Analicemos su evolución entre el 2003 y el 2021: Se aprecian dos periodos claramente diferenciados (2003-2009 y 2012-2021) y un cataclismo (2010-2011).
Entre el 2003 y el 2009, el estado pudo financiar, con sus propios medios, proyectos de inversión pública equivalentes al 13.4% de sus egresos totales. Ese porcentaje se desplomó al 1.6% entre el 2012 y el 2021, lo cual refleja una caída en la capacidad de financiamiento propio de la inversión pública de una magnitud cercana al 90%.
También se entiende por qué, a pesar de realizar pagos multimillonarios a sus acreedores, el Gobierno se ve obligado a incrementar su deuda neta para poder fondear algunas inversiones adicionales.
Causas y efectos
La hecatombe de 2010-2011, demuestra que, a pesar de la manipulación de la información que se realizó durante el proceso de «legalización y reestructuración» de la deuda de Coahuila, a lo largo el segundo semestre del 2011, el endeudamiento del estado no se destinó a financiar inversión pública en Coahuila.
¿La caída en la capacidad de inversión se explica por menores ingresos en las arcas del estado? La gráfica 2 nos permite observar que no es así. Dejando de lado el asalto a las arcas públicas del 2009-2011, los ingresos estatales como proporción del producto interno bruto de la entidad promediaron el 6.7% en el periodo de 2003 a 2008 y el 6.8% de 2012 a 2021. También nos permite apreciar que la fiebre por los créditos empezó en el 2008 y se desbocó sin control alguno en 2010-2011.
El grueso de los financiamientos otorgados por los bancos al Gobierno de Coahuila durante la segunda mitad de 2010 y el primer semestre de 2011, fueron ilegales, toda vez que no se autorizaron previamente por el Congreso estatal, ni se registraron en las leyes de ingresos. Tampoco se contemplaron en los presupuestos de egresos de esos años, tal como lo establecía el marco legal vigente en esa época.
¿Quiénes los autorizaron? ¿Qué garantías recibieron? ¿Cómo se violaron las normas hacendarias y bancarias?
Estamos frente a una situación en la cual los acreedores son corresponsables del daño moral y patrimonial causado al Gobierno y al pueblo de Coahuila.
A doce años de esos acontecimientos, como lo muestran claramente las cifras mencionadas arriba, resulta evidente la incapacidad de pago del capital de esa deuda en los términos actuales.
Un nuevo diálogo
También es palpable que las consecuencias de ese quebranto se han concentrado en la población coahuilense, que resiente las secuelas de la incapacidad financiera de su Gobierno para realizar la inversión pública indispensable para su desarrollo.
Ha llegado el momento de replantear los términos de su pago y la recuperación parcial de algunos de los fondos esquilmados a la hacienda estatal, proporcionan una coyuntura favorable.
Si los pasivos se le endilgaron al Gobierno de Coahuila, es claro que los dineros confiscados deben emplearse en la cancelación de los pasivos que los originaron, es decir en abonar a la reducción del principal de la deuda.
Asimismo es oportuno sentar previamente a los acreedores en la mesa de negociaciones y demandar su responsabilidad en el fraude endosado a los coahuilenses. Una excelente forma de hacerlo es que, por cada peso abonado por el deudor al pago del capital, se cancelen dos del saldo de la deuda.
Así, la recuperación de los casi 5 mil millones confiscados a Villarreal podrían producir una reducción de una cuarta parte del principal, permitiendo al Gobierno disponer de algunos recursos adicionales para financiar proyectos públicos indispensables para su población. E4
Moreirazo y reestructuras, el cuento de nunca acabar
El gobernador contrata créditos a 20 años y pone de garantía ante los bancos el 90% de las participaciones federales
«No llevo prisa con la reestructura, lo que hemos hecho es preparar si nos ponemos de acuerdo el Gobierno entrante y su servidor, si se requiere una reestructura por el tema de las tasas de interés, pero es algo que sería inobjetable por cualquier analista financiero como fue mi primer reestructura», dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en conferencia de prensa el pasado 10 de julio.
El lagunero se refería a la autorización del Congreso del 20 de junio para reestructurar la totalidad de los 36 mil 269 millones de pesos de la deuda estatal, disponiendo del 100% de las participaciones federales (Espacio 4, 721).
El pasado 25 de septiembre, a dos meses de entregar la administración estatal al gobernador electo Manolo Jiménez, cumplió su palabra. La Secretaría de Finanzas (Sefin) emitió el fallo de su licitación para reestructurar la deuda de Coahuila a través de nueve contratos por 36 mil 269.3 millones de pesos con cuatro bancos.
Según el fallo publicado en la página web de la dependencia, el Gobierno de Coahuila comprometió el 90% de las participaciones federales que recibe el estado como garantía para el pago de los nueve créditos a 20 años, es decir, hasta 2043. En la anterior reestructuración por 37 mil millones de pesos, aprobada en octubre de 2018, el Gobierno de Riquelme había contratado créditos por hasta 30 años (2048).
Las cuatro instituciones bancarias beneficiadas en el nuevo refinanciamiento son:
- Banobras: cuatro créditos por 22 mil millones de pesos.
- Banorte: tres créditos por 8 mil 269 millones, 382 mil 225.43 pesos.
- BBVA: un crédito por 4 mil millones de pesos.
- Santander: un crédito por 2 mil millones de pesos.
El 10 de octubre fue la fecha límite que la Sefin puso como fecha límite para la firma de los contratos con los bancos seleccionados, por lo que ya habrían sido formados.
A pesar de que durante su mandato Riquelme pagó más de 18 mil millones de pesos en servicio de deuda, la deuda que reestructurará es apenas 981 millones de pesos menor a los 37 mil 250 millones que debía Coahuila al inicio de la administración, en diciembre de 2017.
En este sentido, Riquelme reconoció el impacto del lastre financiero heredado de la administración de Humberto Moreira (2005-2011). «Lo he dicho en reiteradas ocasiones: si se hubiera podido, hubiera abonado más al capital, pero realmente se hizo un equilibrio para que, con recurso propio, pagar el servicio de la deuda y cubrir las necesidades del estado», dijo.
También reconoció que de los casi 10 mil millones de pesos de ingresos propios en promedio, 4 mil millones se destinaron al pago de pasivos, debido a la «presión» de los acreedores.
Si bien ha sido cauto al opinar sobre el tema, el gobernador electo Manolo Jiménez (por la coalición PRI-PAN-PRD), también reconoce la estrangulación de la finanzas estatales por el pago de la deuda, por lo que, dijo, las mesas de diagnóstico que se integraron como parte del proceso de transición están evaluando como «atender y encauzar» los recursos destinados al pago de pasivos.
Y aunque considera que la renegociación aprobada por el Congreso es positiva, advierte que su administración priorizará la disciplina y la austeridad, «cerrando llaves donde sea posible, sin afectar el desarrollo de la entidad, atendiendo los programas y obras que se requieren» (El Siglo de Torreón, 03.07.23).
Además, señaló que espera contar con el apoyo de la sociedad civil a través de la creación de un Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera, el cual fue una de sus propuestas de campañas enfocadas hacia la rendición de cuentas.
Pero entre dimes y diretes, lo cierto es que el Gobierno de Coahuila ha pagado por «servicio de la deuda» la friolera de 57 mil 168 millones 90 mil 139.79 pesos desde 2011 hasta 2022. Esto incluye los pagos de capital, intereses, comisiones y otros gastos derivados de los créditos solicitados a largo plazo.
Según los datos de la Cuenta Pública de 2022, al cierre del año pasado, el monto del pasivo era de 36 mil 285 millones 681 pesos, más de los 35 mil 746 millones 25 mil 837 que se debían en 2011, pese al pago de 57 mil millones de pesos en 12 años.
Es decir, el estado ha pagado la deuda entera más 21 mil 422 millones 64 mil 302.79 pesos de lo que se debía en 2011, último año de la administración del exgobernador Humberto Moreira. El sexenio lo concluyó Jorge Torres López, quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2019, acusado de cuatro cargos relacionados con lavado de dinero.
El 18 de junio de 2020, el exgobernador interino se declaró culpable de los delitos que se le imputaban y un año después, el 23 de junio de 2021, la Corte Sur de Texas lo sentenció a 36 meses de prisión. En septiembre de ese año, fue puesto en libertad condicional y regresó a Coahuila, donde no ha sido procesado penalmente pese a que en la causa texana reconoció haber realizado transacciones bancarias en Estados Unidos para lavar el dinero de los sobornos que recibió a cambio de entregar contratos de construcción en Coahuila.
En esta línea, una reestructura de la deuda sin llamar a cuentas a los responsables de la contratación ilegal —funcionarios y banqueros— es una afrenta a los coahuilenses. Como parte de la coalición que ganó las elecciones el pasado 4 de junio, el PAN tiene la obligación de exigir justicia y castigo a los responsables de desfalcar al estado. E4
Alejandro Dávila Flores
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (1994-1997). Investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.