Las elecciones para diputados locales de 2020 dejaron grandes lecciones que debemos tomar en cuenta para las de junio de este año de alcaldes y diputados federales.
En primer lugar, fuimos testigos de una voltereta que nos llevó hacia el pasado, hasta el siglo XX con elecciones plagadas de mecanismos fraudulentos que aseguraban el carro completo del priismo, comicios mediante los cuales el PRI masacró, explotó y exprimió a nuestro país por más de 80 años y ahora, sin el menor pudor ni decencia el gobierno estatal revive las prácticas electorales promiscuas, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, meros espectadores de la violación del voto libre y secreto a través de una estrategia demagógica que asegura la presencia del partido que, «cuando no gana arrebata» en los puestos de la administraciones pública.
Los «mapaches» resucitaron o en realidad nunca se fueron, ellos son los ejecutantes que se encargan de toda la logística para que la operación electoral funcione integralmente a favor del PRI y, a su vez, hay una coordinación con otros «mapaches» situados en la mesa de votación. En realidad, aquí son en su mayoría «mapachas» personificadas en las lideresas, ellas definen el voto, pero ¿cuántas alcanzan puestos importantes en la administración pública? Migajas es lo que el gobierno les avienta.
En la elección de 2020, cuando Riquelme lloriqueaba por los «recortes» presupuestales federales, echó mano del presupuesto de Sedesol (mil 113 millones de pesos) para la compra de despensas y pagar sus estipendios a las ahora gestoras sociales, a eso súmele además las prerrogativas del PRI que solo para esa elección ascendieron a 54 millones 132 mil 269 pesos, ¡bara pal pueblo!
Las gestoras sociales tenían tan sólo en Saltillo, una flotilla de mil 500 taxis y autos particulares, para mover «a su gente», el acarreo en toda su plenitud, ¿quién pagó? Usted y yo estimado lector, pero no se altere, ahora tenemos un Congreso local unánime, exactamente lo contrario a lo justamente democrático, un panorama cabalmente surrealista, por tres años el control sin cortapisas del Ejecutivo estatal, funcionamos otra vez bajo un solo poder, el Ejecutivo, henchidos de promiscuidad política.
El papel que juegan las lideresas en las elecciones es denigrante, el gobierno «las usa», puede decirse, como delincuentes electorales, que violan el derecho al voto libre y secreto, es voto comprado e inducido y su trabajo se ejerce en los sectores económicamente más vulnerables de la población, de manera que éstos también son vilipendiados, ofendidos por el gobierno y discriminados por ser inducidos a renunciar a su derecho de elegir libremente y en secreto a sus dirigentes públicos.
El proceso está en marcha con la tarjeta la Mera-Mera, la entrega de despensas y quizá hasta la entrega de material de construcción, como siempre ha sido.
El gobierno del estado no se anda por las ramas, la planeación de la compra e inducción del voto es minuciosa, no hay resquicios. Los candidatos del partido oficial son los beneficiarios de esta práctica delincuencial de la que el PRI se llevó en 2020 (elección de diputados locales) 415 mil 691 votos, un 49.31% del total.
Pero déjeme le cuento que recientemente el señor Riquelme, sin el más mínimo pudor afirmó que votará por el PRI y señaló la línea que seguirá su partido en estas elecciones: «aquí no cabe la prudencia ni la sana distancia, es de frente y con convicción», léase compra e inducción del voto e intervencionismo absoluto.
La Coalición regresa
El siglo XXI en Coahuila ha sido el de una batalla sin freno de los trabajadores de la educación de la Sección 38 del SNTE, los de la UAdeC y la UAAAN para rescatar y preservar sus derechos a la seguridad social (pensión y servicio médico) establecido en la Constitución (art.123) el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, porque es
un derecho humano, por ello es, irrenunciable, inalienable e imprescriptible, (no pierde vigencia ni validez). Las leyes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (1960) y la Ley de Pensiones (1961) están protegidos y adscritos al régimen de seguridad social.
Los trabajadores de la educación se unieron en coalición cuando el gobierno del estado (2011) a cargo de Rubén Moreira Valdés envió al Congreso local una iniciativa de ley en la que se aprobaba un Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación y su Seguridad Social que resultaba lesivo a sus derechos a la salud, la Legislatura aprobó esa ley, pero gracias a la lucha de los trabajadores fue abrogada, aunque en 2012 los trabajadores iniciaron de nuevo una batalla para exigir calidad en el servicio médico de las Clínicas del Magisterio y en septiembre de 2015 Moreira II, volvió a presentar al Congreso oootra iniciativa, igualmente ultrajante para los derechos de los trabajadores, por lo que ellos han presentado sus propias propuestas de ley, que por supuesto, fueron desatendidas.
En febrero de 2016 la CNDH interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del gobernador de Coahuila y del Congreso local, demanda que fue ganada por la coalición, pero además en mayo 2020 la SCJN declaró inconstitucionales los cobros extras a los maestros.
En abril de 2016 la Coalición decidió instalarse en un plantón permanente en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón, los plantones se extendieron durante 70 días, el ahora exgobernador accedió a firmar compromisos que no cumplió.
Por todos estos agravios, esta semana los miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, realizaron una protesta pública a fin de exigir que se atiendan los problemas que se presentan en la Clínicas del Magisterio, en la Dirección de Pensiones, en el Fondo de la Vivienda, en el pago de las pólizas de Seguro y Retiro, además de la falta de pago del fondo de defunción a los beneficiarios de fallecidos.
Hasta la fecha los reclamos han sido imparables a fin de escabullirse de las garras de los esbirros priistas, que mediante leyes abusivas y espurias han pretendido controlarlos y exculparse de sus obligaciones legales.
Las desviaciones de pagos son reiteradas y los recursos de las diversas cuentas son orientadas a otras áreas, lo peor es el deplorable servicio en las Clínicas del Magisterio, que ya ni son clínicas ni son del magisterio, pero las cuotas a los derechohabientes se cobran sin falta y sin pausa.
Esta es la gobernanza del PRI, todos los dirigentes de los servicios de seguridad social del magisterio de la Sección 38 son priístas, servidores del gobierno estatal y en particular de Miguel Ángel Riquelme, como antes lo fueron de los Moreira.
Colegas y trabajadores de la Sección 38, estamos en tiempo de elecciones y un servidor del Moreirato pretende ser alcalde de Saltillo, él es José María Fraustro Siller en manos de quién estuvo la aprobación de una nociva reforma a la Ley del Servicio Médico y de Pensiones detenida por la Coalición; ¿votarán por quien ha sido el verdugo del magisterio de la Sección 38, de los de la UAdeC y la UAAAN? Ni un voto al PRI.
Rosa Esther Beltrán
Licenciada en sociología por la UANE, Saltillo. Ha cursado estudios de Maestría en sociología, con especialidad en ciencia política, UNAM. Posee varios diplomados, entre los que destacan Análisis Político, en la UIA; El debate nacional, en UANL; Formación de educadores para la democracia, en el IFE; Psicología de género y procuración de justicia. Colabora en Espacio 4, Vanguardia y en otros medios de comunicación.