Encuestas y democracia

En las elecciones presidenciales de 2012 y 2018 la mayoría de las encuestas predijeron el triunfo de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Hoy las preferencias se inclinan por Claudia Sheinbaum, de la alianza Morena-Verde-PT. El margen de 20 puntos sobre Xóchitl Gálvez, del frente PAN-PRI-PRD, es demasiado holgado como para esperar sorpresas en los días previos al 2 de junio.

Las campañas iniciaron con una intención de voto del 60% por Sheinbaum y del 35% por Gálvez, de acuerdo con El País (15.03.24). En la medición del 23 de abril, la candidata del oficialismo mantuvo el mismo nivel de preferencia efectiva; la del bloque opositor retrocedió tres puntos; y la de Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), subió del cinco al siete por ciento.

Antes de la alternancia el papel de las encuestas era secundario, pues el PRI, aunque perdiera ganaba, por algo era «invencible». Sin embargo, con el pluripartidismo los estudios de opinión se convirtieron en un elemento imprescindible para conocer el sentir de los votantes. Durante el proceso algunas firmas se consolidaron por la calidad de sus investigaciones y otras tomaron el camino fácil, pero lucrativo, de maquillar las cifras al gusto del cliente. El Instituto Federal Electoral (desde 2014 INE) empezó a regularlas en 1994, después de las elecciones fraudulentas de 1988, pero todavía las hay dedicadas a engañar a ciudadanos y candidatos incautos.

Las encuestas publicadas por los medios de comunicación y las empresas especializadas no son las únicas. La presidencia de la república, las cúpulas partidistas, los Gobiernos estatales, las embajadas, los bancos y las multinacionales tienen las propias. Medir el pulso electoral del país les permite evitar riesgos y tomar decisiones según sus intereses. Los partidos y sus candidatos las usan para ajustar estrategias. Desde esa perspectiva, pueden prever resultados. A estas alturas de las campañas y con preferencias claramente marcadas, la elección no tiene vuelta de hoja. La oposición y su candidata dicen tener «otros datos», pero las encuestas y la percepción en favor de Sheinbaum los refutan.

En la sucesión presidencial de 2018, las tendencias por López Obrador mostraron siempre, lo mismo que hoy en el caso de Sheinbaum, un ritmo ascendente: del 36.2 pasó al 49.5% dos semanas antes de las elecciones.

En las urnas, la votación por el fundador de Morena se incrementó casi cuatro puntos para cerrar en 53.1%. Lo contrario sucedió con los candidatos del PAN y el PRI, quienes recibieron menos sufragios de los previstos. Lo mismo podría pasar el 2 de junio: un mayor crecimiento de Sheinbaum, una disminución del voto opositor y un avance de Álvarez Máynez. En Jalisco y Nuevo León, estados gobernados por MC cuyas listas nominales son la tercera y la sexta más alta del país, Máynez ya está en empate técnico con Gálvez.

Nada está escrito sobre el resultado de las elecciones, pero los indicios han apuntado en una sola dirección desde un principio. Como igualador por antonomasia, el voto debe incitar a la participación ciudadana libre y desinteresada, en la segunda acepción del término («desprendimiento de todo provecho personal, próximo o remoto»), pues en el primero implica indiferencia y dejadez.

En democracia se gana y se pierde. Del mismo modo, las encuestas valen cuando el candidato preferido por algunos obtiene la victoria y cuando no. Aferrarse a lo contrario es autoengaño y abona a la discordia.

Revalorización del Congreso

El Congreso fue por mucho tiempo apéndice del presidente y aún lo es en los estados donde los gobernadores tienen mayoría. Las cosas empezaron a cambiar en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y los partidos de oposición, impulsados por el voto ciudadano, hicieron escuchar la voz de grandes sectores y a incorporar sus demandas en la agenda nacional. El desdén hacia las cámaras legislativas se observa en los altos niveles de abstencionismo registrados en las votaciones intermedias: 59% en 2003, 56% en 2009, 53% en 2015 y 47% en 2021. La participación aumenta en las elecciones generales, lo cual es normal en sistemas presidenciales plenos predominantes en América, donde Canadá y las Guayanas son la excepción.

La figura del diputado es de las peores evaluadas. Una encuesta telefónica del Congreso, levantada apenas el 6 de mayo, advierte que la Cámara de Diputados, las policías estatales, la televisión, los sindicatos y los partidos son las instituciones menos confiables. Uno de los efectos positivos de la última alternancia es la importancia que la ciudadanía empieza a darle a la separación de poderes, inexistente en los 70 años de la presidencia imperial, cuando el legislativo y el judicial estaban sometidos al ejecutivo. El relevo entre el PRI y PAN no generó conflictos mayores, pues sus agendas eran las mismas. Sin embargo, las reformas de Andrés Manuel López Obrador concienciaron a la ciudadanía sobre la necesidad de tener un Congreso fuerte, capaz de limitar al presidente. Esa función la cumple la Suprema Corte de Justicia de alguna manera, más por oposición a la 4T que por independencia y compromiso con el país.

Al mismo impulso democrático obedece que la participación ciudadana haya subido seis por ciento en los comicios de 2021, animada por la idea de regresar a los gobiernos divididos, donde el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Empero, ni unidos el PRI, PAN y PRD pudieron desplazar a Morena y sus aliados (PT y Verde) como fuerza dominante en la Cámara de Diputados. El fracaso lo explica la obcecación de los partidos con los métodos del pasado. Las cúpulas y los clanes no solo están desconectados de la ciudadanía, sino también de la realidad. Ven la pérdida de afiliados y de apoyo en las urnas como algo temporal y no como signo de extinción. Mientras tanto Morena se consolida y Movimiento Ciudadano se perfila como la nueva alternativa electoral.

La pifia se ha vuelto a cometer en estas elecciones. ¿Quién votará por partidos que rescatan del museo del horror a fantasmas como Manlio Fabio Beltrones o reinciden en la postulación de perfiles con los antecedentes de Rubén Moreira, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Ricardo Anaya? De acuerdo con una encuesta de Enkoll-El País, publicada el 23 de abril, el 49% «nunca votaría por el PRI para elegir presidente o presidenta de la república». En rechazo le siguen el PAN (19%), Morena (13%), PRD (7%) y MC (6%). Los mismos números podrían trasladarse a la elección de diputados y senadores.

En la competencia por el Congreso, Morena empezó con una ventaja de 31 puntos (46-15%) sobre la coalición PAN-PRI-PRD (Reforma, 19.03.24). Acerca de si el futuro presidente debe tener mayoría en la próxima legislatura, la preferencia por un Gobierno unificado pasó del 48% en diciembre al 55% en marzo. La opción de un Congreso que contrapese al ejecutivo bajó del 36 al 30% en el mismo lapso. Frente a las deficiencias del Gobierno de López Obrador pesan más la incompetencia de las oposiciones, la cortedad de miras de los grupos de interés y los escenarios sustentados en fantasías.

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