Entre el descontento y la esperanza

No son pocos y de muchas partes y sectores que deshojan el calendario con una fecha imprecisa y otra cierta. El destape del candidato o candidata presidencial de Morena y el 1º de octubre, cuando el nuevo presidente (a) entre a ejercer su cargo en los términos del artículo 83 de la Constitución. Las fechas son vistas como el término de una pesadilla y la idea —discutible— de que no puede haber nada peor que el presente.

Son tiempos inéditos y el presidente López Obrador es un político predecible, pero muy diferente. Un desafío a la imaginación por su determinación de apartarse de todo código de decoro en el ejercicio del poder. Un fin de semana lo ilustra, felizmente acompañado del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de la gobernadora Layda Sansores. En la semana previa ordenaba mandar reubicar a los representantes de los poderes de la Unión contra el protocolo de una celebración de Estado, a manera de mostrar que está en su poder discrecional determinar el lugar que a cada cual corresponde en el edificio de la República.

Ciertamente, al presidente le da por acompañarse de autócratas y distanciarse de quienes en un plano de igualdad representan los otros dos poderes. Las imágenes son ilustrativas de nuestros tiempos y de las pretensiones del poder. Desde hace tiempo la democracia mexicana vive un constante deterioro, en buena parte por la insuficiencia de las instituciones y de una vida pública capaz de frenar el abuso y la ilegalidad, consecuencia de la ilegitimidad y del deterioro con el que concluyó el Gobierno que antecedió y el resultado electoral, fiel reflejo del ánimo social que se dirimía entre el desencanto y la esperanza.

Pocos imaginaron lo que vendría. Quizás todavía haya muchos rehenes del maniqueísmo que no alcancen a identificar la magnitud del deterioro de la vida pública, del bienestar y de los términos de la convivencia. No faltará quien genuinamente haga propia la idea de que todo está mal como herencia del pasado y de esta forma absolver las faltas y fracasos del presente.

La falta de contención institucional y social al abuso y a la recurrente ilegalidad es la peor de las lecciones y la revelación de la insuficiencia de la democracia. Todos los días de la semana el presidente inicia su didáctica autoritaria con un ejercicio de propaganda al margen de la ley y que violenta los principios básicos de la civilidad política. No solo es desentenderse de las buenas formas y del respeto que debe a la investidura, también rompe con la ley y con la determinación de que las autoridades deben informar con imparcialidad, al margen de juicios de valor y con estricto respeto a terceros, particularmente a ciudadanos.

Uno de los más perniciosos legados del proceso autocrático es convalidar la tesis de que la libertad de expresión del funcionario le da derecho a calumniar, denigrar e insultar en aras de agravios reales e imaginarios, una impostura justiciera que niega lo más elemental como es el respeto a la dignidad de las personas. El ajusticiamiento mediático mañanero es una de las fórmulas más perniciosas de un abuso consentido.

En estos meses se han vivido acontecimientos que han cimbrado la conciencia nacional. Inicia con la marcha del 13 de noviembre, pasa por el atentado contra el periodista ícono de la libertad de expresión. El fracaso de la reforma constitucional contra la institucionalidad democrática y su reedición en un proyecto de reformas a leyes ordinarias. También está el escándalo en torno a la carta del presidente para presidir la Corte y el desenlace con la designación de una ministra ejemplar y decidida a que el Supremo Tribunal cumpla su responsabilidad constitucional. Parte del nuevo momento del ciclo sexenal fue la involuntaria detención del criminal que se dejó libre en la primera parte del Gobierno, la incapacidad del presidente de hacer valer el interés nacional en la visita de sus pares de Canadá y Estados Unidos y la descomposición política por la renuncia de un importante funcionario para irse por la libre en la elección de Coahuila o el escándalo protagonizado por los colaboradores de su gobernadora favorita recibiendo fajos de dinero.

Frente al pernicioso legado del autoritarismo se alza la voz ciudadana que exige respeto al pacto democrático ante la insuficiencia de mucho, incluyendo partidos y la élite en connivencia con el poder político. De eso se tratará el futuro próximo, optar por más de lo mismo o la construcción de una auténtica opción ciudadana que dé curso al anhelo de un mejor país, un voto que como en el 2018 se dará entre el descontento y la esperanza.

Feria de lodo

Lodazal es lo que puede decirse en lo que va del caso de García Luna en los Estados Unidos. La deposición de criminales como testigos de la fiscalía en búsqueda de beneficios en sus procesos penales transforma su testimonio en un engendro donde la elusiva verdad se entrevera con el infundio y la franca mentira. Nada bueno quedará por la incapacidad de entender la precaria veracidad de lo allí expuesto. El inculpado podrá ser condenado o absuelto, pero la calidad de las pruebas presentadas hasta ahora poco aportan a la vedad y sí mucho a la maledicencia, especialmente cuando se asume que ser imputado es igual que sentenciado.

El juicio es una prueba para la opinión pública nacional, convertida en jurado de un caso en el que prevalecen el escándalo y las afirmaciones de criminales, sin otro objetivo que ganar el favor del fiscal. Se trata de valorar con cuidado señalamientos y afirmaciones de dudosa credibilidad. Sin duda, las incriminaciones de Héctor Villarreal, secretario de finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira, carecen de valor alguno. Las palabras tienen el valor de las intenciones de quien las emite.

Es lamentable que una parte importante de la opinión periodística diera curso al infundio sobre el pago al El Universal para cubrir favorablemente el desempeño del acusado durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública. Solo queda el dicho del funcionario, toda vez que el documento ofrecido como prueba de pago no hace referencia a los servicios del caso; ni siquiera hay certeza de su autenticidad. Además, como señaló el diario aludido, hay evidentes falsedades y que el señalamiento no se corrobora con su política informativa y editorial. No se trata de que los medios se protejan unos a otros, simplemente que se apliquen los criterios básicos del periodismo profesional para no dejar de cubrir y exponer la versión de quien es señalado.

Igual puede decirse de la acusación del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, respecto a la protección del Gobierno mexicano al grupo delictivo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Su desesperada situación para obtener beneficios después de autoinculparse le obligan a imputar sin elemento de prueba alguno al entonces gobernador Roberto Sandoval, y afirmar que el presidente Felipe Calderón ordenó a los dos gobernadores del PRI, Ney González y Sandoval, proteger al criminal. El más elemental sentido común hace inverosímil tal excitativa presidencial, sería tanto como un suicidio político que un presidente de la República ordenara a gobernadores al margen de su confianza política y ajenos a su afinidad partidaria una instrucción de esa gravedad. Simplemente es inverosímil y, por lo mismo, los señalamientos debieran tomarse con mayor reserva.

Es un acto de extrema irresponsabilidad y frivolidad del presidente López Obrador divulgar, propalar y editorializar con un sentido político los testimonios de criminales a partir de su resentimiento a Felipe Calderón y a medios de comunicación independientes, como El Universal. Los dichos difícilmente pueden ser acreditados como elementos de prueba. Es irresponsable y frívolo porque significa avalar a la DEA y a una fiscalía que, en repetidas ocasiones, han actuado de mala fe, con prejuicio y descuido extremo hacia México. Las autoridades mexicanas están obligadas al cuidado y a cierto sentido de reserva, sobre todo, porque dar validez y utilizar políticamente lo que ahora se hace bien, podría enderezarse en un futuro próximo a quien ahora se asume inmune e impune desde su posición privilegiada en el poder. Lo mejor de todo es la noticia de que el juicio se abrevia. El espectáculo pronto llegará a término. Por elemental decoro, las autoridades mexicanas debieron efectuar por su propia cuenta las investigaciones sobre la presunta responsabilidad del funcionario, a manera de que la justicia nacional cobrara curso. En todo caso, el delito se dio en territorio nacional, entre connacionales y los presuntos efectos de la actividad delictiva dañaron a los mexicanos. Es un oprobio y muestra del imperio de la impunidad que las acciones de justicia penal se realicen en el país vecino por la incapacidad de las autoridades nacionales de hacer justicia.

Autor invitado.

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