El proceso legislativo contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), iniciado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), sienta un precedente sano en un país donde los ejecutivos locales siempre han tenido inmunidad. «Desde el mandato de Manuel Cavazos Lerma (de 1993 a 1999) —acusado de lavado de dinero y a quien un líder de Los Zetas lo señaló en un juicio por reunirse con un cartel rival— hasta Cabeza de Vaca, no hay un solo gobernador de la entidad que no haya sido marcado por posibles nexos con el crimen organizado», dice una nota del periódico El País (25.02.21).
La periodista Elena Reina cita a «Tomás Yarrington (de 1999 a 2004), detenido en 2017 —en Florencia, Italia, con un pasaporte falso— y a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico; Eugenio Hernández (de 2005 a 2010), acusado de lavado de dinero y encarcelado —también en proceso de extradición a Estados Unidos—; y Egidio Torre Cantú (de 2011 a 2016), denunciado por encubrimiento y delincuencia en 2017». Yarrington figuró entre los aspirantes del PRI a la presidencia en 2006, por parte de Todos Unidos contra Madrazo. La candidatura del Tucom, acrónimo del grupo, la obtuvo Arturo Montiel —tío de Enrique Peña Nieto—, pero declinó al ventilarse parte de su fortuna, acumulada como gobernador de Estado de México.
A finales del sexenio de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República investigó a Cavazos, Yarrington y Hernández por lavado de dinero, delitos fiscales y enriquecimiento ilícito. En 2005, Cavazos coordinó la campaña de Humberto Moreira Valdés para gobernador. La relación del gobierno de Coahuila con Los Zetas, denunciada en cortes de Texas, se atribuyó al representante del PRI. Hombre cercano al expresidente Salinas de Gortari, Cavazos recibió inmunidad como senador, en la presidencia de Peña Nieto.
Tamaulipas también es de los estados donde la violencia política ha escalado hasta la cima. El 28 de junio de 2010 el aspirante del PRI al gobierno, Rodolfo Torre Cantú, y cuatro miembros de su equipo fueron asesinados por un comando armado mientras se dirigían al aeropuerto de la capital para viajar a Matamoros. El PRI nombró candidato sustituto a Egidio Torre, hermano de la víctima. Cavazos y Yarrington —incluido por la revista Forbes entre los «Diez mexicanos más corruptos de 2013» junto con Moreira— han sido investigados por el homicidio.
Ahora toca el turno de ser investigado al primer gobernador no priista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La FGR lo acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada —contrabando de combustibles en la frontera de México y Estados Unidos—, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Cabeza de Vaca —miembro del bloque de gobernadores contrarios al presidente Andrés Manuel López Obrador— niega los cargos y acusa «guerra sucia». Yarrington y Hernández también se declararon inocentes. Hoy están entre rejas.
El Congreso no desaforaba a gobernadores ladrones debido a que el PRI, PAN y PRD, cuyas cúpulas controlaban las cámaras de Diputados y de Senadores, tenían pactos de impunidad para protegerse mutuamente. Por primera vez, el fiscal general de la República pide retirar la inmunidad a un ejecutivo local. Cabeza de Vaca recurrió al viejo truco de acarrear simpatizantes para mostrar fuerza y presentarse como víctima. Un gobernador de Coahuila —en el sexenio de López Portillo— y otro de San Luis Potosí —en el de Salinas de Gortari— que llenaron plazas para aferrarse al poder, al poco tiempo renunciaron. El proceso contra el de Tamaulipas es distinto: primero la destitución y luego la cárcel.
