El escándalo de información generado por la publicación de datos robados a la Secretaría de la Defensa Nacional donde destaca el estado de salud del poder ejecutivo del país y datos que comprometen transparencia y la presunta eliminación de la corrupción, es al parecer para la opinión pública, el nuevo referente y generador de la agenda nacional pues cada publicación provoca reacciones en el sector público y los ciudadanos.
La estrategia establecida por la administración federal con una conferencia de prensa diaria de lunes a viernes por la mañana, seguramente funcionó políticamente al menos un par de años, pues los temas que se ventilaban durante el “encuentro” con los reporteros, generaban reacciones durante el día en gobernantes y gobernados.
Incluso hay seguimiento y contabilización de las declaraciones, sentencias y dichos del poder ejecutivo federal que pueden ser refutadas y que carecen de valor verídico contra empresarios, periodistas y políticos opositores.
En pleno reconocimiento a la estrategia política se logró atraer la atención de toda la opinión pública y también establecer distractores de temas relacionados con inseguridad, delincuencia organizada, ausencias y omisiones en servicios de salud y medicamentos, entre otros tópicos que no benefician al desarrollo y la gobernabilidad del país.
El robo de millones de datos además de establecer la nueva agenda política del país constituye un riesgo a la gobernabilidad, no porque los datos puedan significar pruebas de facto-legal para demandas en procesos jurídicos y penales contra infractores de la ley y por corrupción; si no porque pegará en la imagen de dos elementos fundamentales del nuevo grupo en el poder nacional.
Militares junto a marinos, son el grupo de escarnio, que, con el robo de datos, son los más afectados porque se ventilan reportes de actos relacionados a corrupción, abuso de poder e incluso espionaje.
Los datos que se presentan poco a poco y que significan, en apariencia archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también muestran omisiones, corrupción y abuso de poder de las autoridades federales en obras y proyectos y acciones de Gobierno en salud, educación y seguridad.
Hasta el momento la publicación de los datos extraídos ilegalmente en forma cibernética no generaron denuncias judiciales de la oposición o de ciudadanos inconformes, seguramente no sucederá, pero el juicio sumario público que se genera a diario en medios de comunicación y redes sociales de internet, puede ser implacable y seguramente será medido en procesos electorales del 2023 y 2024.
La milicia mexicana había recuperado una buena imagen y aceptación de los ciudadanos después de los lamentables hechos del movimiento del 68 donde, aparentemente, un civil deja como villanos a los soldados que solo habrían ejecutado órdenes.
Ahora esa aceptación ciudadana está en riesgo y probablemente también por decisión de una cúpula oficial y civil que podría provocar además el rechazo ciudadano. Del proyecto político «nuevo» a pesar de la delicada información se antoja aún complicado que pierdan su poder, pero si dejan en alto riesgo su hegemonía política y ciudadana que hora tiene memoria y es refrescada a diario por los guaca-leaks.
