El PRI vive su momento más crítico. La fractura por la reforma constitucional lo ha enfrentado a sí mismo, sus aliados, sus enemigos y la sociedad. La entrega del partido por su dirigencia a quien está empeñado en destruirlo, lo remite hacia la desaparición. La disidencia en su interior y los Gobiernos de Estado de México, Coahuila y, de alguna forma Durango, dan espacio a la recomposición; ganar al menos uno de los estados en disputa es condición para sobrevivir.
El PRI necesita ganar tiempo. Su debilidad resulta del deterioro de su imagen, proceso que viene de mucho tiempo atrás no por lo que ha hecho el partido, sino por quienes ha llevado al poder, agravada por los escándalos de su dirigencia actual. El problema de fondo del tricolor es que su base social es la misma de Morena, por eso la coexistencia es imposible, sobre todo porque el oficialismo necesita de la estructura, la destreza y la experiencia del priista en territorio.
El PRI puede ganar Coahuila por sí mismo y en coalición con el PAN-PRD, el Estado de México. Una derrota del oficialismo en 2023 cambiaría toda la perspectiva para la sucesión presidencial y el pronóstico de que prevalecería con facilidad en 2024. Los electores no tienen dueño y el juego es más incierto de lo que parece, por más interferencia que haya de los Gobiernos, del crimen organizado o de quien sea como las casas encuestadoras que, quieran o no, sus estudios de intención de voto son vistos como pronóstico. En las zonas densamente pobladas el juego es diferente, igual que en Coahuila, que persiste como el último territorio de voto consistente a favor del tricolor.
La recuperación del PRI, de sobrevivir el desafío de los próximos dos años sería para 2027, cuando Morena regrese a su real dimensión ya sin su eje cohesionador, López Obrador. Parece ser mucho tiempo, pero los partidos trascienden por mucho a los Gobiernos y a los proyectos políticos personalizados. AMLO será factor, no determinante, pero importante para 2024, no así para 2027, aunque Morena mantuviera la presidencia de la República. Los tiempos adelante son los de la pluralidad y allí, ante la previsible baja del partido mayoritario el PRI podría ver el retorno, particularmente si puede procesar un relevo generacional virtuoso, no como el que ocurrió con los gobernadores jóvenes de los últimos años, todo un monumento al abuso y la venalidad.
Tres senadores diferenciados y distanciados del colaboracionismo han dado espacio para que el PRI pueda negociar con credibilidad con la oposición. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio con sólidas trayectorias políticas son representativos de mucho más que ellos mismos. Tienen credibilidad y con su voto contra la reforma militarista revalidaron su condición de opción digna, de cara al 2024. Moreno es Morena; Beatriz, Claudia y Miguel Ángel, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo son la opción futura del PRI. Todo lleva a cerrar filas en torno a las candidaturas de Manolo Jiménez en Coahuila y Alejandra del Moral en el Estado de México y, a partir de ellas, negociar la coalición opositora para ganar no sólo la elección, sino el tránsito al futuro.
López Obrador requiere minar la autonomía del INE. Muy difícil que prospere su iniciativa de reforma constitucional porque atenta contra las minorías, además de significar el retroceso mayor a uno de los mayores logros del México de la modernidad: un sistema electoral confiable para procesar la competencia por el poder. De prevalecer el colaboracionismo en la Cámara de Diputados el objetivo se orientaría a la designación de tres o cuatro consejeros funcionales a las ambiciones políticas de Morena y pulsiones autoritarias del presidente; un asunto nada desdeñable para las elecciones de 2024. No todo estaría perdido; persistiría el Tribunal Electoral como espacio legal de contención a la parcialidad y el abuso.
Una paradoja que el PRI tiene en su haber la creación de las instituciones sociales y políticas del México moderno. Ahora su dirigencia nacional colabora en su devastación. Un repudio a lo mejor de sí mismo.
Cuando la neutralidad es parcialidad
Afortunadamente para el país, Ramón de la Fuente, embajador ante Naciones Unidas, es quien para el mundo fija la postura de México con relación a la invasión rusa a Ucrania. El presidente López Obrador declara neutralidad, cuando Ucrania es quien ha sido invadida por el poderoso vecino y despojada de parte importante de su territorio, remembranza de lo ocurrido cuando México perdió más de la mitad de la extensión territorial. Hasta el Papa Francisco señaló el derecho y la obligación de recurrir a la legítima defensa de una nación cuando su existencia está de por medio. En el caso ucraniano, neutralidad es convalidar la agresión del poderoso. No hay una guerra, hay una invasión que se ha contenido por el apoyo de la comunidad internacional; económico, militar y político de EE. UU., la Unión Europea y la OTAN.
En la Asamblea General en NU México, con la abrumadora mayoría de los países votó por la condena a Rusia de anexar a su territorio los espacios invadidos, resolución bloqueada por el veto ruso. La realidad es que nuestro país actúa de manera responsable y consecuente en el escenario que más importa. La confusión del presidente es un acto de extrema irresponsabilidad e inconsecuente con la política internacional que considera inaceptable la invasión no provocada de una potencia a una nación vecina.
En lo que va del tiempo del conflicto ha habido más mexicanos asesinados que muertes de civiles en Ucrania. NU en septiembre estimaba en 5 mil 900 las bajas; en México, sólo en el mes de septiembre hubo 2 mil 329 homicidios dolosos. Los sucesos en Ucrania constituyen una tragedia humanitaria con efectos desestabilizadores para la economía mundial, que se encamina a una recesión global; sin embargo, para muchos en México están lejanos en tiempo y distancia.
Los conflictos internacionales son la medida de los países y de quienes los dirigen. Los Gobiernos del general Cárdenas y Ávila Camacho fueron ejemplo de responsabilidad y compromiso de las democracias frente a los totalitarismos; nunca invocaron neutralidad. López Mateos, Echeverría y López Portillo en su momento y circunstancia también lo fueron y no asumieron neutralidad. En el actual Gobierno, el canciller Ebrard y de la Fuente, para bien del país han actuado de manera responsable, no así López Obrador y su oportunista iniciativa de paz para este conflicto.
En este Gobierno la política internacional ha perdido prestigio y claridad; también ha sido contradictoria. La postura respecto al Gobierno del presidente Trump y hacerla de policía migratoria para satisfacer los impulsos xenófobos de la derecha racista norteamericana es un capítulo del mayor oprobio. Se entiende la asimetría y la consecuente debilidad, no la entrega ni el sometimiento. Recurrir al nacionalismo energético a manera de compensar es anacrónico, absurdo y contraproducente al interés nacional, especialmente si el resultado de este empecinamiento deriva en sanciones económicas al sector exportador.
Se entiende que la señora Clouthier renunciara al encargo en Economía. El problema no es la jauría que rodea al presidente, como ella confesara a Enrique Galván de La Jornada; el origen de la dificultad está en el mandatario, en su terquedad, en su ignorancia y en su indiferencia respecto a las consecuencias de continuar en la ruta de desentenderse de los compromisos del T-MEC, así como ha sido la «neutralidad» en la «guerra» de Ucrania. La renuncia es mensaje que debiera hacer al presidente reflexionar sobre el daño que está por provocar a su Gobierno, al país y a las generaciones próximas.
En fin, el presidente de la neutralidad internacional y la polarización interna lleva al país al desastre porque sus erráticas y erróneas decisiones trascienden al tiempo del ejercicio de su responsabilidad. La fascinación por la militarización —no sólo de la seguridad pública— es una falsa respuesta a un problema mal diagnosticado, acompañado de una falsa certeza sobre la infalibilidad de los militares. Nunca, nadie en momento histórico alguno había suscrito tal tesis, como tampoco declarar, neutralidad en un caso de flagrante violación al derecho internacional.
