Honor a quien honor merece

El Senado de la República entregó la Medalla de Honor «Belisario Domínguez» a la eminente e insigne senadora Ifigenia Martínez Hernández (7.10.2021), mujer política de la izquierda mexicana de trayectoria excelente como catedrática en su carrera de licenciada en Economía, primera mujer directora de la Facultad de Economía de la UNAM y primera mexicana en obtener un posgrado en la Universidad Harvard en 1950; en su carrera política fue cuatro veces diputada federal y en dos ocasiones senadora en el Congreso de la Unión, nominada por unanimidad en el Senado y será la octava mujer en recibir la presea, frente a 57 hombres a los que les ha sido otorgada desde 1965, cuando fue instituido el galardón para honrar al héroe chapaneco Belisario Domínguez, la discriminación aún es evidente.

Ifigenia, quien cuenta con 91 años, ahora fue una distinguida cofundadora de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y de las primeras mujeres en integrarse a importantes funciones en la administración pública federal, se desempeño como jefa de la Oficina de la Presidencia de la República y embajadora en la ONU entre otros cargos destacados. Además, obtuvo el Premio Nacional de Economía 1960 y se le concedió una condecoración como mujer del año en 1966 y ponderada entre las 10 mujeres intelectuales más importantes de América Latina.

En los años noventa ella renunció al entonces partido único, el PRI, y desde entonces su compromiso con la izquierda en los partidos políticos ha sido fundamental. Emprendió con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo la Corriente Democrática para fundar con ellos el PRD, desempeñando ahí diversos cargos directivos. En el año 2000 fue precandidata a la jefatura de gobierno de la ahora CDMX, así como coordinadora de las campañas de Andrés Manuel López Obrador e integrante del grupo de notables que redactaron la Constitución Política de la CDMX.

En el Senado se reconoció a la senadora como servidora de nuestra patria o de la humanidad. Visiblemente emocionada Ifigenia Martínez Hernández recibió el galardón. La senadora se comprometió a seguir trabajando por la recuperación y el rescate del sistema económico nacional y del bienestar, eliminando las «enormes desigualdades». Resaltó que México cuenta hoy «con un verdadero gobierno democrático de izquierda», encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le envió un saludo a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el que acudió a la ceremonia en representación del primer mandatario de la nación, quien señaló que «Ifigenia Martínez es una mujer de convicciones claras y referente para las mujeres mexicanas».

El presidente de la República le envió a la senadora una carta, disculpándose por no poder acompañarla en la entrega de la Medalla «Belisario Domínguez» reconociendo en la misiva los merecimientos y grandes aportes académicos, económicos, y políticos de doña Ifigenia.

La senadora Martínez Hernández adujo la necesidad de retomar expresiones de madurez institucional, lo que debe extenderse en el país; el respeto a la división de poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones, dijo. Es el tiempo para la unidad en torno a grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática. La senadora Ifigenia agregó que es vital restituir un estado democrático con facultades para recuperar la rectoría económica, además de instrumentar las medidas tácticas oportunas para seguir el nuevo rumbo del país tras la crisis en salud.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero expresó que fue un honor entregar el galardón a una mujer como un reconocimiento a quien ha hecho del servicio a la patria una causa de vida y quién enarbola en su persona los valores que forjaron nuestra democracia moderna.

La Medalla «Belisario Domínguez» fue también entregada al doctor Manuel Velasco-Suárez (post mórtem), la cual fue recibida por su hijo Jesús Agustín Velasco Siles.

Presos sin sentencia y sus condiciones en las cárceles mexicanas

Hace algunas semanas, en uno de sus informes el presidente de México advirtió sobre una situación escalofriante, señaló que un 50% de los reos internados en las cárceles federales no están sentenciados, lo cual significa que la mitad de los presos que tienen entre 2 o 20 años internados están en esa situación. El presidente dijo que pediría por escrito al Consejo de la Judicatura Federal revisar esa situación. El número se eleva a 6 mil 126 que se encuentran bajo proceso, y 6 mil 101 sentenciados, 4 mil 110 tienen más del tiempo legal permitido para recibir una pena; entre éstos hay 90 reos con 20 años en esa condición, ¿y la justicia?

Los hay que están desde hace 10 y hasta 15 años, 579 como personas «procesadas», pero sin determinar si son culpables y la pena a cumplir en esa eventualidad. Hace siete días el presidente emitió un decreto por el que se liberan a 681 reclusos de 13 entidades, ninguno de Coahuila, aunque, curiosamente en un libro editado por la UNAM en 2016, aparece Coahuila con poco más de un 30 % de personas encarceladas sin sentencia; el estado con mayor número de reos en esa situación es Chiapas con 198; indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos, esta es una acción del gobierno federal inédita, un acto de justicia humanitaria.

Entre el grupo de personas que serán exoneradas de toda culpa se encuentran adultos mayores, algunos de ellos con enfermedades en fase terminal o con padecimientos crónico degenerativas, víctimas a las que se les debe comprobar que padecieron tortura o aquellos a los que por años no se les dictó sentencia.

Las entidades federativas con mayor proporción de ingresos por delitos del fuero común están en Chiapas, Veracruz, Querétaro y Michoacán, entre otras. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a México que aclare por qué hay un número tan alto de presos indígenas sin sentencia en Chiapas y pide que sean liberados de inmediato los torturados, enfermos graves y adultos mayores. La ONU cuenta con un conjunto de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y según esos instrumentos jurídicos internacionales es necesario que los no sentenciados tengan un tratamiento adecuado y asistencia de la comunidad, como personas que son, sujetos de derechos, de deberes y de responsabilidad, presumiblemente inocentes. La prisión provisional es una nueva situación vital que quiebra repentinamente el curso de la vida; perplejidades y problemas para el preso; sufrimiento, falta de respeto a su dignidad humana, si la prisión no es más que un sórdido depósito de presos, la pena y las medidas procesales cautelares deben ser humanizadas. Indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos, los indígenas deben ser los primeros de ser tomados en cuenta y en ser beneficiados con este Decreto, es una petición que organizaciones como Asilegal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas llevan haciendo desde hace años.

Al término de 2020 se informó que del total de personas prisioneras, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, es por eso por lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chiapas solicitan que el Decreto Presidencial para liberar a reos aplique de manera directa para los indígenas, lo cual es una exigencia más que justa y audible. Mientras no pueda dejar de existir la reducción de la prisión, los penales también deben ser humanizados. Factores de falta de humanidad, ausencia de formación del personal, malas condiciones físicas del establecimiento, hacinamiento son las condiciones de los penales. Lo que la generalidad de los presos —condenados o no sentenciados— necesitan es un tratamiento sensiblemente humano para evitar el deterioro de su salud, de su personalidad, minimizar la penalización y preservar su dignidad humana, La prisión provisional afecta igualmente a la familia del preso o la prisionera.

Las condiciones en las que sobreviven los prisioneros en las cárceles de México son en general deplorables, hay caos en los que existen cuartuchos miserables, una especie de pequeñas cuevas, en las que muchas veces habitan familias completas. Aunque la situación depende de las ciudades y pueblos en donde se localizan.

En cuanto a las mujeres presas, el analfabetismo suele ser una de sus características predominantes, así como una historia previa que con frecuencia involucra constante violencia, como problemas que también padecen sus hijos.

El tema merece extenderse, porque las prisiones son en sí lugares de tortura y violencia institucionalizada y sin control por parte de las autoridades responsables.

Licenciada en sociología por la UANE, Saltillo. Ha cursado estudios de Maestría en sociología, con especialidad en ciencia política, UNAM. Posee varios diplomados, entre los que destacan Análisis Político, en la UIA; El debate nacional, en UANL; Formación de educadores para la democracia, en el IFE; Psicología de género y procuración de justicia. Colabora en Espacio 4, Vanguardia y en otros medios de comunicación.